Alberto Raymundo Sosa, el abogado y lobista principal de Juan Carlos Romero, fue citado a prestar declaración indagatoria en el juzgado de Transición 4, el lunes 28 de julio. En tanto a raíz de este misma causa el ex Gobernador también fue citado a declaración indagatoria. En lapso de dos días, tanto Sosa como Romero, comparecerán ante el Juez de Instrucción en Transición 2, Federico Diez. El senador nacional rehuye a la serie de citaciones y al esclarecimiento de una decena de causas por peculado que tiene en la Justicia por Salta. Fue citado una vez más para el miércoles 30 de julio.
El proceso involucra a varios de los funcionarios de su era y se ventila en la causa: “Dr. Sosa, Alberto Reymundo; Dr. Palombini, Julio César; Escr. Brizuela, Víctor Manuel; Wayar Laura Inés; Dr. Romero, Juan Carlos y Pérez de la Fuente, María”.
Los acusados deberán responder a la Justicia por fraude a la administración pública en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial. A pesar de las diversas citaciones que se acumulan, hasta ahora Romero rehuye concurrir a la Justicia.
Hasta ahora el Senador no se hizo presente a ninguna indagatoria aduciendo fueros parlamentarios. A la vez también sus abogados echan manos a todo tipo de artilugios judiciales para eludir los pedidos de indagatoria judicial y las investigaciones en al menos una decena de causas que acumula desde que dejó de ser Goberlnador.
El Juez investiga también al letrado Sosa como uno de los principales acusados de una asociación ilícita dirigida por Romero, y dedicada a negociados con tierras del estado.
Nadie desconoce la estrecha relación de Sosa con Romero, a quien representó en varias ocasiones ante los estrados, tanto a la hora de demandar, especialmente a periodistas que se animaban a difundir los negociados de su amigo, como así también comandó la defensa del ex gobernador, cuando éste comenzó a ser blanco de denuncias penales.
Sin embargo, Sosa no llegará hasta el juzgado para hablar con el juez por pedido del gobernador, como solía hacerlo cuando Romero ocupaba esa función, sino que estará del otro lado de la mesa, con un sumariante a su lado listo para registrar su indagatoria.
Es que Sosa está acusado de los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita, delitos de envergadura, en especial el segundo, puesto que contempla una pena de hasta diez años de prisión.
La acusación contra Sosa surge de la estrecha relación con Romero y una sucesión de hechos, entre los cuales se destaca las operaciones de compra y venta de tierras por parte del estado provincial.
El negociado imposible
En su promoción penal, el agente fiscal penal, Eduardo Barrionuevo, imputó a Sosa por el delito de fraude a la administración pública por la venta de un terreno totalmente inútil, tanto para la construcción de viviendas como para cualquier otro emprendimiento, en una abultada suma de dinero.
Se trata nada menos que de la compra y venta de cuatro hectáreas que componen el predio conocido como la Ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos.
El lugar es conocido por los salteños, pues la propiedad se destaca por su desolación. Se trata de un amplio espacio de tierra seca, dura y a diferencia de cualquier otro terreno abandonado, no hay ninguna señal de vida dado que en el sitio no crecen ni las peores hierbas silvestres.
Pese a que este hecho es conocido por todos, Sosa, de la mano de Romero, hizo lo que nadie podía imaginar que sucedería alguna vez: comprar ese terreno y venderlo luego por casi tres veces el valor de la inversión.
Según la documentación que posee el juez Diez, Sosa compró en 160.000 dólares las cuatro hectáreas en cuestión el 8 de julio de 1.999 a Carlos Alberto Elías, en ese entonces presidente de Industrias Químicas Baradero S.A., quien obviamente festejó la venta del predio, puesto que hasta ese momento se trataba de un terreno imposible de vender.
En un lapso menor a dos meses, Sosa ofreció en venta dicho terreno al estado provincial, más precisamente al Instituto Provincial de la Vivienda, en ese entonces a cargo de Julio César Palombini.
Una vez hecha la oferta, el negociado se concretó el 27 de diciembre del 2000, cuando por medio de la resolución 869 del gobierno de la provincia, se autorizó pagar la suma de 580 mil pesos por el terreno ofrecido por Sosa.
Esto significó para el abogado del ex gobernador una ganancia de 420.000 pesos, o sea casi tres veces el dinero invertido.
- Datos y fuente del informe: Nuevo Diario de Salta
