Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consumó este martes lo que en el entorno de la ex presidenta se venía denunciando como un operativo de proscripción judicial. Con el voto de lo que resta del Tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en la causa Vialidad.
El fallo, que cierra de manera definitiva la vía judicial ordinaria y extraordinaria para Cristina Kirchner, se utilizó como argumento central la “falta de fundamentación autónoma” del recurso presentado por la defensa. La Corte consideró que los planteos de la expresidenta no refutaron de forma específica los argumentos de las sentencias anteriores y que se limitaron a repetir objeciones generales.
Piden la inmediata detención
Los fiscales Luciani y Mola pidieron la inmediata detención de Cristina Kirchner y el decomiso de sus bienes. En tanto, el tribunal oral federal N 2 indicó que la exmandataria tiene cinco días para presentarse, al tiempo que le pidieron a la ministra Bullrich una dependencia de fuerzas federales que cumpla con las condiciones para alojar a Cristina Kirchner.
La decisión llega en un momento clave. Cristina ya había oficializado su candidatura a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral, y ahora queda legalmente impedida de competir. La resolución no solo ratifica la pena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación Penal, sino que también rechaza, uno a uno, los cuestionamientos que la defensa venía sosteniendo desde hace años: desde la parcialidad de jueces y fiscales hasta la incorporación de pruebas.
En su fallo, la Corte descartó incluso la idea de gravedad institucional, al sostener que no se afectaron garantías constitucionales ni se alteró el equilibrio democrático. Desde el oficialismo y sectores del peronismo, la lectura es otra: consideran que se consuma así una proscripción política por vía judicial en plena previa electoral.
El dictamen –cuyo texto completo ya puede consultarse en el sitio del tribunal– representa un cierre formal para uno de los expedientes más emblemáticos del lawfare argentino. Y, al mismo tiempo, abre un nuevo capítulo en la larga disputa entre el poder político y el aparato judicial federal.
