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La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

El Gobierno Nacional no podrá avanzar con la motosierra sobre Vialidad Nacional porque la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) por 6 meses, hasta que se pronuncie un juez sobre la constitucionalidad del decreto de Milei y Sturzenegger.

La Justicia protege el patrimonio arqueológico en la finca Ablomé

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El Juez de Instrucción Formal de Quinta Nominación, Pablo Arancibia, hizo lugar hoy a una medida cautelar en un amparo promovido por la Procuración General de la Provincia y dispuso la afectación provisoria y parcial de la matrícula 526 del departamento Guachipas denominado finca Ablomé creándose allí un área de protección del acervo arquelógico de 157 hectáreas, unos 3.700 metros cuadrados de superficie aproximada.

El inmueble donde se asienta dicha área, pertenece al patrimonio de Casey Douglas Robert, por lo que la resolución judicial le fue informada además de notificarse a la Dirección del Museo de Antropología de Salta y a las autoridades de aplicación de la Agencia de Areas Protegidas de Salta.

La acción de amparo fue promovida por el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, quien solicitó en ese marco la medida cautelar de no innovar que restrinja provisionalmente toda actividad que pudiera causar daños en el yacimiento arqueológico, especialmente el ingreso de visitantes o el movimiento de tierras.

Al resolver, el Juez sostuvo que no accionar contra el deterioro del patrimonio, conllevaría la pérdida o menoscabo definitivo de objetos arqueológicos y agregó que “los jueces deben asumir un papel activo en la tarea de reconocer derechos verosímiles, coom en este supuesto, la defensa del acervo arqueológico y artístico comunitario, atento a su expresa mención constitucional y a que, en defintiva pertenecen a los ciudadanos indeterminadamente”.

Esto hasta tanto se determine con mayor claridad cuál es el valor arqueológico cierto de lo que se pretende conservar y cuáles son las medidas susceptibles de adoptar por parte de la Provincia o el municipio según corresponda.

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