En los últimos dos meses tres hombres han muerto a manos de la policía en Salta y ya van cuatro en lo que va del año. Ellos son: Jorge David Farfan, asesinado el 23 de febrero de 2019 y Martín Rodrigo Carreras, David Alfonso Neri Ovejero y Cristian Exequiel Gallardo, asesinados el 21 de junio, el 22 de junio y el 26 de agosto de este año.
La Mesa Provincial por los Derechos Humanos en Salta pide justicia y verdad para las víctimas del gatillo fácil.
«El país tiene que saber lo que sucede en nuestra provincia bajo el gobierno del candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey«, proclaman sus integrantes en este informe que lanzaron desde Salta.
«Aquí la policía está matando a los jóvenes de los barrios pobres con total impunidad y con la complicidad de jueces y políticos». Sostienen que es grave la situación de indefensión institucional de la Policía salteña y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
A Jorge David Farfan, de 24 años, dos vecinos del barrio Santa Ana lo golpearon acusándolo de haber intentado robar una bicicleta. La policía se lo llevó en el móvil y demoraron mucho en llegar a la comisaría, a pesar de estar situada a pocos metros del lugar de los hechos. El joven murió en la comisaría.
Para el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) que realizó la autopsia la causa de muerte fue “edema agudo de pulmón provocado por intoxicación”, pero el perito de parte Marco Antonio Cabezas concluyó que se trató de muerte violenta causada por “traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de pecho y traumatismo de abdomen”. Y a pesar de eso, no hay ningún imputado en el caso y los policías involucrados siguen en sus puestos de trabajo.
El segundo caso es el de Martín Rodrigo Carreras, quien fue detenido por la policía el 22 de junio en el barrio El Rosedal ante una denuncia por violencia de género y murió en el móvil policial durante el traslado a la comisaría.
En este caso el informe oficial dice que Carreras “se descompensó y murió “por asfixia restrictiva por delirio agitado”, ante lo cual la fiscal Ana Inés Salinas imputó a cuatro efectivos por “homicidio culposo” tras considerar que el deceso de la víctima se produjo a raíz de “la conducta imprudente y antirreglamentaria del personal actuante, que contraviniendo expresas disposiciones legales y protocolares no acató la prohibición de trasladar a cualquier persona en la caja de una camioneta”.
El tercer caso es el de David Alfonso Neri Ovejero, un vecino de villa Floresta muerto en un desalojo policial el 22 de junio. Ese día una mujer con cinco hijos intentó asentarse en la parte final de Floresta.
Doce policías fueron a desalojarla y un vecino intervino pidiendo a los gritos que no los saquen del lugar. Los policías, según el testimonio de los vecinos presentes, lo tomaron del cuello, lo asfixiaron y lo dejaron inconsciente tirado en la calle y cuando les pidieron que lo auxiliaran no hicieron nada y solamente “se reían”.
Cuando llegó la ambulancia, después de media hora, David ya estaba muerto. Es preciso señalar que este trágico hecho sucedió en el marco de un operativo ilegal, porque no hubo orden judicial en el “procedimiento”.
Los tres policías imputados ya están libres y trabajando de nuevo, en “tareas administrativas”, según afirma el Ministro de Seguridad.
El último caso de agosto es el de Cristian Gallardo, 22 años, detenido sin orden judicial en la madrugada del 26 de agosto en un domicilio de Finca Independencia.
La dueña de casa, Norma Guzmán, declaró que ella “intentó cerrar la puerta pero los policías la abrieron a patadas, lo tomaron del cuello al joven y se lo llevaron a la rastra”. Después lo introdujeron en un móvil policial y lo golpearon hasta matarlo.
Otra vez, el informe de la autopsia practicada por el CIF fue “causa de muerte indeterminada”, pero los vecinos aportaron filmaciones y audios donde se escuchan los gritos del joven pidiendo auxilio.
La madre de Cristian, Alicia Salas, dijo que el cadáver de su hijo “tenía el ojo reventado, hundimiento de cráneo y evidentes signos de tortura”. Y que una vez concluida la tarea, se bajaron y huyeron con el cadáver. Huyeron -dijo- porque recién a las 12 le informaron de lo ocurrido.
“Estuvieron maquillando todo, incluso la autopsia”. Por el crimen están imputados cuatro policías, pero la causa fue caratulada como “homicidio culposo”.
Este es un delito que se configura cuando se realiza una acción de la cual se conoce el posible resultado de muerte y se cree poder evitarlo pero falla y esta se produce, o cuando definitivamente se ignora que la acción que se va a llevar a cabo puede producir la muerte de la persona y es evidente que no corresponde en este caso.
Los crímenes del año pasado
A estos crímenes se suman otros cometidos en años anteriores, como los de Nahuel Salvatierra, 17 años, que recibió un tiro en el cráneo el 3 de enero de 2018 en barrio Solidaridad, Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en barrio Sarmiento, Diego Federico Quiroga, 32 años, asesinado de nueve disparos en barrio El Círculo y Nahuel Franco, 15 años, asesinado en Villa 20 de Junio.
El accionar ilegal de la policía se repite en todos los casos. Actúa sin orden judicial alguna, altera los hechos y emite informes falsos que hablan de fallecimientos por “descompensación”, por “infarto” o por “muerte súbita”, con la complicidad de los organismos oficiales como el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que practica las autopsias y de los jueces que amparan y encubren a los policías involucrados. Estos, si son detenidos o imputados, al poco tiempo ya están libres y reintegrados a sus puestos de trabajo.
Ante las marchas que se han realizado pidiendo justicia para las víctimas, el gobierno no se hace cargo de nada y habla de “hechos aislados”.
Pero en este accionar existe un patrón común, un procedimiento sistemático que demuestra que no se trata de hechos aislados sino de una política de Estado, de la represión que tanto el gobierno nacional como el provincial están aplicando contra los sectores más vulnerables de la población. Se trata de toda la institución policial y sus jefes políticos que dan vía libre al accionar violento y garantizan la impunidad.
Sobre estos casos enumerados, los organismos de derechos humanos de Salta afirmaron: «es urgente decir basta a la policía que mata con total desprecio por la vida humana. Exigimos que el gobierno provincial tome medidas concretas para controlar la violencia institucional y que la justicia sea implacable a la hora de juzgar a los policías asesinos».
