No el actual, ¡claro!, sino Holver Martínez Borelli, hace cuarenta años, cuando muchos salteños se anoticiaron que la Policía Federal ya actuaba aplicando una durísima ley, la “20.840” llamada también “antisubversiva” , aprobada pocos días antes en el Congreso de la Nación con vehemente apoyo de dos senadores justicialistas salteños.Sucedió más o menos así, según contaron después las crónicas de los diarios locales.
Desde el 6 de noviembre de 1974 ya regía el decreto de estado de sitio con que el gobierno de Isabel Perón se había auto otorgado la facultad de detener, sin necesidad de órdenes judiciales, a cualquier habitante del país, y de mantenerlo prisionero por tiempo indeterminado.
Posiblemente ese fue el contexto de la detención del estudiante César Gutiérrez, lo que hizo que sus compañeros de la recién creada Universidad organizaran el martes 12 de noviembre de 1974 un acto de protesta, en una jornada que incluyó un festival con la actuación de conjuntos folklóricos bolivianos en las instalaciones de Castañares.
Las fuerzas de seguridad dijeron que esa noche recibieron un llamado anónimo que advertía que estaban por explotar bombas en la UNSa. Hacia allí partieron efectivos de la Federal y de la policía salteña quienes, según la versión que luego difundieron a los diarios, fueron recibidos a tiros.
Una bomba explotó, contaron las crónicas, cuando después de haber despejado el campus con gases lacrimógenos, los policías se aprestaban a iniciar la requisa. Además de verificar daños en boxes estudiantiles, los federales encontraron folletos y revistas de “organizaciones revolucionarias” y hasta una placa de bronce que recordaba a los caídos en el penal de Trelew, en agosto de 1972.
Fue cuando llegó a la Universidad su rector, Martínez Borelli. De inmediato los federales lo detuvieron, lo llevaron a una celda de la calle Santiago del Estero y lo pusieron a disposición del juez federal Carlos Alberto López Sanabria, que comenzó a investigar si había cometido algunos de los delitos penados por la 20.840.
La 20.840 permitió actuar tan arbitrariamente a las fuerzas de seguridad desde esa fecha y hasta noviembre de 1983, que en 2013 otra ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Nacional dispuso, en reparación, pensiones graciables para los que fueron detenidos por su aplicación, lo mismo que para los “puestos a disposición del P.E.N.”, en virtud del estado de sitio.
La ley 26.913 promulgada en diciembre de 2013 no dispuso plazos para solicitar esa pensión pues, argumentó, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Pese a esa afirmación, ninguna investigación intentó después determinar las responsabilidades de la promulgación de la 20.840, ni del estado de sitio, que le dieron amplias facultades a las fuerzas de seguridad para iniciar en 1974 una vasta persecución política, una de cuyas víctimas en Salta fue el rector de la universidad.
De hecho las responsabilidades de la ley 20.840 empezaron a difuminarse al día siguiente de su sanción, cuando ninguno de los diarios locales atinó a informar que dos de sus defensores en el Senado habían sido conocidos peronistas salteños: el filo fascista Juan Carlos Cornejo Linares y su amigo Armando Caro.
Y tanto se han diluido las responsabilidades, que hoy es común la opinión de que la 20.840 fue una ley de la dictadura. De hecho, la 26.913 no se ocupó de señalar el año de su sanción.
Sancionada por el Congreso en los últimos días de septiembre de 1974 con los mismos puntos y comas del proyecto enviado por Isabel Perón, la 20.840 daba en su 1° artículo la medida de su arbitrariedad: penaba con tres a ocho años de prisión a quien “para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos intente o preconice, por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional”.
No cabían dudas que la Constitución Nacional no establecía vías para alterar o suprimir el orden institucional o la paz social de la Nación. Así que la ley abría un vastísimo campo arbitrario para la persecución política al fijar, como parámetros de los delitos que pretendía reprimir, inexistentes disposiciones constitucionales.
La norma también disponía de dos a seis años de prisión a los que “tengan en su poder, exhiban, impriman, editen, reproduzcan, por cualquier medio, material impreso o grabado, por el que se informen o propaguen hechos, comunicaciones o imágenes de las previstas en el artículo 1°”.
Ese tal vez haya sido el delito que los federales vieron en Martínez Borelli: en definitiva, era el rector de la casa de estudios donde los “agentes del orden” habían encontrado propaganda de “organizaciones revolucionarias” a las que se acusaba de pretender alterar la paz social.
El proyecto de la 20.840 tuvo urgente tratamiento en el Senado y en Diputados, a donde Isabelita había mandado el proyecto, tras el pase a la clandestinidad de la organización Montoneros para retomar su lucha armada. De hecho será justificada en el Congreso en los atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas que ocurrían en esos días, y utilizada para reprimir a organizaciones “revolucionarias”.
Pero esos días la triple A asesinaba al abogado Silvio Frondizi y los legisladores justicialistas no quisieron acordarse de los crímenes de esa organización cuando debatían el proyecto, ni tampoco aceptaron realizar una sesión secreta en la que también se discutiera sobre el origen de la banda para estatal.
La 20.840 significó también otro mazazo a la producción y circulación de información sobre la violencia política en Argentina, pues penaba con dos a cinco años de prisión “a los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el artículo 1°”.
Desde entonces y para informar sobre atentados y sobre la represión, era mucho más seguro para los periodistas y medios atenerse textualmente a los comunicados de la policía de Isabel Perón, que elaborar una información propia.
Martínez Borelli, según contaron las crónicas, pasó sólo una noche en la cárcel. Tuvo, en ese sentido, mucha mejor fortuna que las decenas –El Intransigente informaba de más de un centenar- de detenidos en Salta por el estado de sitio, que fueron trasladados a fines de 1974 a distintas prisiones del país.
De todos modos, el rector tenía los días contados al frente de la UNSa. Menos de un mes después quedaba en claro que la bomba y el operativo de la Federal en Castañares sólo habían sido un montaje para justificar la intervención de la Universidad Nacional, dispuesta por Isabelita en diciembre de 1974 con el propósito de terminar allí con la “subversión” que, decía el gobierno peronista, imperaba en la UNSa.
Todo eso ocurrió hace ahora cuarenta años. Pero en una Argentina que suele enaltecer la memoria, el origen de la 20.840 aún sigue en el olvido.
- Andrés Gauffin
afgauffin@hotmail.com
