“La Ponderosa” se asienta sobre un acuífero por encima de un derecho consititucional como es el acceso a una vivienda digna. Con un argumento parecido, el gobierno romerista arrasó con los ocupantes del asentamiento San Expedito, justificando el brutal desalojo en que las tierras ocupadas sufrían la contaminación producida por los piletones cloacales de Ciudad del Milagro.
Para quienes recuerdan la vieja serie televisiva, la sola mención de “La Ponderosa” remite inexorablemente a aquellas historias de una acaudalada familia del lejano oeste que se contaban en “Bonanza. Los Cartwright, eran una familia compuesta por tres hijos y un viudo, mas un chino que oficiaba de personal doméstico.
En la trama, se abordaron diferentes temas como el racismo, el abuso sobre las mujeres, el alcoholismo y tanto Ben, el padre, como sus hijos, Adam, Hoss y Little Joe (el recordado Michael Landon) mostraban siempre una cuota de sensibilidad y altruismo con los personajes invitados en cada emisión.
La Ponderosa, lejos de ser un lote fiscal, era una extensa porción de territorio de 600.000 acres, en los alrededores de Virginia City, donde los Cartwright mantenían con éxito su rancho de explotación agrícola y ganadera.
En algunos capítulos les tocaba lidiar con polvorientos vaqueros, predicadores de toda laya y buscadores de fortuna, que llegaban para alterar la paz del condado. Sin embargo, el viejo Ben (Lorne Green) se las ingeniaba para redondear finales felices cargados de mensajes y consejos de comportamiento políticamente correcto.
Muy lejos de aquellos románticos western, los terrenos de la finca La Ponderosa, ubicados en el cercano oeste vecino del Grand Bourg, fueron escenario recientemente de otras historias cargadas de injusticia, inequidad social, humillación y violencia moral para centenares de familias que desde hace años pugnan por conseguir un lote donde vivir.
Estigmatizados como okupas o usurpadores por vulgares propaladores radiales con abultada pauta oficial, estas personas estuvieron a punto de ser nuevamente reprimidas por una orden judicial que antepuso razones de orden público (La Ponderosa se asienta sobre un acuífero) por encima de un derecho consititucional como es el acceso a una vivienda digna. Con un argumento parecido, el gobierno romerista arrasó con los ocupantes del asentamiento San Expedito, justificando el brutal desalojo en que las tierras ocupadas sufrían la contaminación producida por los piletones cloacales de Ciudad del Milagro.
Una absurda disputa de pobres contra pobres, azuzada maliciosamente por algunos medios, pretendió enfrentar a los ocupantes de esos terrenos con personas que dicen pertenecer a la etnia Lules. En estos espacios mediáticos, repentinamente justicieros, se defendieron los supuestos “derechos adquiridos” por los miembros de esa comunidad a través de gestiones judiciales que documentan su presunta posesión ancestral.
A esos mismos comunicadores, nunca se los escuchó esgrimir la misma posición indigenista que ahora parecen tener, cuando Juan Carlos Romero, pretendió echarlos de Finca Las Costas, para expandir el loteo de los exclusivos barrios cerrados vecinos a su fastuosa residencia. Ni mucho menos, cuando los centenarios ocupantes de esas tierras se plantaron en diciembre pasado, frente a las topadoras que pretendían arrasar con el monte, provocando pánico en los puesteros y espantando a los animales que representan su principal sustento económico.
Sin embargo, esta vez bastó que unas 250 familias se asentaran en La Ponderosa para que reaparecieran los motes de ilegalidad a pesar de que estas personas llevan mas de 10 años inscriptas y con expedientes abiertos, sin recibir respuesta al mas elemental de sus derechos. Vivir semanas a la intemperie, sin agua potable, sin luz, sin baños no alcanzó para sensibilizar a funcionarios que juegan su interna para conseguir cargos, pero que luego no tienen capacidad para resolver los problemas de su gestión.
La instauración de la emergencia habitacional y el programa Comunidad Organizada, pretendió encauzar los reclamos del déficit de viviendas en los sectores mas vulnerables. Pero terminó desbordada por su falta de respuestas urgentes a un problema que aumenta a la par del crecimiento demográfico y las migraciones internas.
Y en vez de asumir la cuestión, una vez mas se cayó en el facilismo de ligar la ocupación de terrenos con la cercanía de las elecciones y la influencia de los punteros, que por sí solos serían capaces de arriar a mujeres, jóvenes y niños a semejante sacrificio, a cambio de votos.
Una forma obtusa de negar una realidad brutal y explícita, que está al alcance de los ojos y fácilmente visible desde las ventanas del mismísimo Centro Cívico. La situación de extrema pobreza y precariedad en la que viven miles de personas en los alrededores de Salta, supera cualquier especulación o juego político, y justifica acciones desesperadas para llamar la atención de las autoridades. Y es así, mal que le pese a quienes reniegan de aquellos que recurren al corte de rutas o avenidas porque ya agotaron las vías administrativas y porque no encuentran otra manera de hacerse visibles para un sistema que parece negar su existencia.
Mientras esto ocurre, en vez de buscar soluciones en el corto y mediano plazo y trabajar en serio para resolver los problemas de los más necesitados, la política está enfrascada en sus mezquinas internas en busca de cargos y candidaturas. Resulta burdo y obsceno, la actitud de romeristas confesos que se transforman en kirchneristas y viceversa, sin que se les mueva un músculo de la cara.
No menos bochornoso resulta para algunos el entrevero de radicales con renovadores, tratando de consolidar un acuerdo coyuntural que inevitablemente se desarmará al dia siguiente de la elección, como ya ocurrió con la Alianza, el Frente Cìvico y Social o Unidos por Salta e incluso el mismísimo acuerdo multipartidario que llevó a Juan Manuel Urtubey al Gobierno provincial.
Mientras trata de sobrevivir a la mayor crisis financiera de los últimos años, la población mira absorta como los políticos se desangran en groseras discusiones institucionales, si van por afuera o por dentro, si respetan al Consejo, el Congreso o la Convención, transformando el sistema democrático en un circo electoral donde parecen prevalecer los intereses personales por encima del bienestar general.
En la época de “Bonanza”, los Cartwright dependían de un orden precario impuesto por las leyes del Far West, pero asumían su rol justiciero aún por la fuerza de sus revólveres. En estos tiempos de ajuste y escasés, los excluidos y marginados del modelo parecen no contar ni siquiera con la aplicación ecuánime de la justicia, ni la premura social de la administración estatal.
Frente al abandono y el olvido, no encuentran otra forma de reclamo que incurrir en la “ilegalidad” aunque sus carencias y padecimientos sean mucho más legítimos que cualquier orden formal.
- Héctor Alí
hectorali@nuevodiariodesalta.com.ar
