En el marco del juicio a 20 personas acusadas por el Ministerio Público Fiscal de conformar una organización narcocriminal que operaba internamente en el edificio de la Unidad Penitenciaria N°1, un investigador del MPF en su declaración sobre la trama investigada detalló que todo era un gran negociado en el interior del penal de Villa las Rosas entre los años 2021 y 2024.
Entre los graves delitos cometidos, la audiencia juzga: narcotráfico, asociación ilícita, exacciones ilegales, que vendrían a ser acciones o cobros que se realizaron de manera ilícita, y corrupción penitenciaria.
El dato que lo hace mediático
En el inicio del juicio el jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos del MPF, Juan Pablo Sánchez, explicó detalles de las maniobras investigadas. Sostuvo que Lautaro Teruel recibía beneficios especiales a través de Francisco Arturo Bisceglia, cuando era el alcalde a cargo del Penal de Villa Las Rosas.
Si bien desde los informes de prensa del MPF y del Poder Judicial no se publican los nombres de los involucrados en cada una de las maniobras, el nombre de reo Teruel surgió por la cobertura propia de cada audiencia que publica del juicio diario El Tribuno.
La trama interna con nexos externos
Según información del Poder Judicial, la trama que este accionar delictivo se basaba en tres vectores: los internos, los funcionarios implicados y el nexo externo, conformado por familiares de los reos.
Especificó que los familiares que actuaban como nexo para el pago de sobornos o de las sustancias prohibidas fueron identificados a partir de un cruce de datos entre números de cuentas bancarias y las personas que figuraban en el padrón de visitas a la cárcel.
En el caso específico de la familia Teruel los que en realidad se tratará de probar con el avance del juicio que va por su tercera jornada, es si los padres del nochero Mario Teruel y su esposa Noemí Cristina Laspiur (La Moro) cuando estaba viva, actuaron como nexo externo y entregaron dádivas a funcionarios acusados para que su hijo Lautaro preso goce de favores o beneficios VIP dentro del penal.
La implicancia como presuntos imputados, se desprende de las explicaciones del funcionario del MPF que en el primer día del juicio sostuvo que “los beneficios que Lautaro Teruel recibía eran a través de la intervención del alcalde Bisceglia y que el nexo clave para la repartición del dinero era con Baldomero Córdoba, encargado de hablar directamente con la familia Teruel».
“Él era (Córdoba) quien recibía el dinero por parte de los padres de Lautaro Teruel”, sostuvo Sánchez. El hijo del nochero se encuentra en el pabellón F un lugar donde van a parar los exfuncionarios policiales acusados de distintos delitos. “La familia (de Lautaro) quería que lo trasladaran a ese pabellón, dado que suele ser más tranquilo”, publica El Tribuno.
Juan Pablo Sánchez confirmó que a Lautaro le “concedieron ese beneficio y algunos otros, como una atención sanitaria preferencial”. Desde adentro del penal Bisceglia mantenía actualizado de la situación del interno a Baldomero Córdoba quien a su vez le transfería la información a los padres de Lautaro condenado por abusar de dos jóvenes, una de ellas menor de edad, añade ese medio.
La investigación realizada desde el 2021 se llevó adelante por denuncias anónimas y reveló graves actos de corrupción que se mantuvo por lo menos durante los dos años siguientes, donde los funcionarios exigían sobornos a cambio de beneficios para los internos y facilitaban el ingreso de drogas y objetos prohibidos al penal.
Se analizaron numerosas cuentas bancarias y se recopilaron más de 90 declaraciones testimoniales. El juicio se lleva adelante desde el lunes 4 de agosto, con la participación de más de 180 testigos, lo que da cuenta del alto nivel de corrupción interno y externo en la institución penitenciaria, donde al parecer todo era un gran negociado de influencias, tráfico de drogas y otros delitos.
Cruce de datos, efectivo y transferencias
Lo que dice el informe del Poder Judicial es que las diferentes acciones de la pesquisa incluyó tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas. Paralelamente se analizaron movimientos de cuentas bancarias y billeteras electrónicas utilizadas por los agentes penitenciarios y los familiares de los internos.
De las intervenciones telefónicas surgió información base que permitió individualizar a los agentes involucrados. El testigo indicó que los propios reos fueron identificando a los encargados de recibir los pagos a cambio de la obtención de beneficios cuando se comunicaban con sus familiares.
Trafico de favores y negociados
En los hechos estaban involucrados celadores, jefes de pabellones, jefes de seguridad y miembros de la Junta correccional. Refirió que uno de los funcionarios acusados, incluso, gestionaba favores para internos de la Alcaidía.
El investigador señaló que se observaron situaciones irregulares como el ingreso de alimentos y bebidas, traslados de pabellón, mejoría en las notas de conducta y conceptos y salidas extramuro. También se constató la participación activa del personal en el comercio de estupefacientes.
La pesquisa incluyó también un pormenorizado análisis del lunfardo carcelario puesto que los implicados tenían una evidente conciencia forense y se cuidaban de dejar rastros al hablar.
El testigo mencionó el caso de un reo en particular que gozaba de amplios beneficios dentro del penal y tenía como nexo externo a su madre, quien también está imputada en la causa. En este caso se constató incluso que uno de los celadores acusados concurría al domicilio de la mujer para retirar los elementos que debía entrar a la cárcel (teléfonos, mercadería, sustancias estupefacientes).
Durante la audiencia se reprodujeron varios audios de conversaciones mantenidas entre los imputados y sus familiares, y entre estos últimos y el personal penitenciario implicado.
El flujo del dinero
En relación al flujo de dinero, el testigo señaló que se analizaron 113 cuentas (de bancos físicos y billeteras virtuales) pertenecientes a 17 de los investigados. En el lapso de cinco meses (de noviembre de 2022 a abril de 2023) se advirtieron 703 movimientos.
Dijo que este accionar delictivo se basaba en tres vectores: los internos, los funcionarios implicados y el nexo externo, conformado por familiares de los reos. Especificó que los familiares que actuaban como nexo para el pago de sobornos o de las sustancias prohibidas fueron identificados a partir de un cruce de datos entre números de cuentas bancarias y las personas que figuraban en el padrón de visitas a la cárcel.
El Tribunal y los imputados
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Están denunciados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están siendo juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
