Los defensores oficiales María Ximena Colombres y Oscar Tomás del Campo pidieron ayer la absolución de los hombres que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta en perjuicio de 18 personas, nueve de las cuales fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
“No comparto en absoluto las tesis que (la Fiscalía y las querellas) fueron presentando en todas las causas”, las pruebas “no alcanzan los estándares exigidos”, advirtió de entrada nomás Del Campo, que defiende a cinco de los seis imputados: los ex jefes policiales Joaquín Guil, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Néstor Liendro y Abel Guaymás.
Con un discurso que despertó malestar en los pocos familiares de víctimas del terrorismo que el 23 de junio estuvieron en la sala (la mayoría prefirió no escuchar a las defensas), Del Campo mezcló apreciaciones del tipo “vamos a volver al famoso plan sistemático (de eliminación de personas)” con argumentaciones acerca de la falta de pruebas y un olvido del contexto en el que se cometieron estos hechos.
En el caso del ex policía Carlos César Martínez, por cuyo asesinato tienen pedidos de prisión perpetua Guil y Gentil, dijo que “no se sabe” quién lo secuestró y mató: “es un drama, pero ese drama no puede ser resuelto por ese cliché, porque ya es un cliché, del plan sistemático, la cadena de encubrimiento. (…) En todos los juicios lo mismo”, se quejó.
Antes, al referirse a las desapariciones de Lidia Telésfora Gómez de Colqui, su hijo Alfredo Colqui y su hermano Rolando Gómez, hechos por los que se pide prisión perpetua a Guil y a Mendíaz, recomendó: “no hay que insultar en ningún momento la inteligencia” en referencia a la supuesta falta de pruebas.
Argumentó que “a los fines (de condena) se utiliza cualquier medio” así “se diluye la búsqueda de la verdad”; “al mejor estilo maquiavélico se utiliza el famoso hombre de atrás” (autores mediatos) para sostener las acusaciones contra los jefes policiales, añadió. Y forzó un paralelismo entre el plan de aniquilación de la represión y los procesos judiciales actuales: “desde el punto de vista jurídico se hace lo mismo (…) ahora se aniquila con esto, con las causas. Se aplica el mismo principio, no hay ninguna diferencia”, exageró.
También aseguró que no se sabe quién secuestro y asesinó al militante del peronismo revolucionario Rubén Yáñez Velarde, por el que está acusado Gentil. Lanzó otra frase polémica: “hay gente muerta, sí, pero acá también hay gente”, interpeló antes de insistir en que “hay una utilización maniquea de la fuerza probatoria, una utilización forzada de la prueba, porque (se interpreta que) hay que dar una respuesta positiva, porque la sociedad espera”.
En el alegato por los asesinatos de los jóvenes René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero el defensor se valió del hecho de que en este proceso solo se juzga a los jefes de la Policía provincial, Gentil y Guil, y no a miembros de la Policía Federal que participaron de ese procedimiento, para cuestionar la división de causas. “La investigación tiene que ser completa para no violar el principio de congruencia”, sostuvo.
Por las detenciones ilegales de Alfinio Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, Hugo Mazza y Lucrecia Barquet argumentó que la Policía actuó bajo el control operacional del Ejército. En el último caso hizo una defensa de la obediencia debida: dijo que “la Policía estaba subordinada” y que la “cadena de mando era absolutamente cumplida”, “no había forma alguna en que un subalterno pudiera cuestionar a un superior”, y si eso ocurría se les aplicaba el Código de Justicia Militar.
Sus afirmaciones fueron rechazadas por familiares de víctimas. “Es lo que siempre dicen”, recordó Clotilde Ragone. Elia Fernández, de HIJOS, cuestionó las palabras “despectivas” del defensor para con las víctimas.
La defensa de Saravia
“(Las pruebas) en nada han venido a destruir o alterar el estado de inocencia” de Antonio Saravia, sostuvo la defensora oficial María Ximena Colombres, que asiste al comisario retirado, sobre quien pesa una pedido de prisión perpetua por los homicidios del ex gobernador Miguel Ragone y el comerciante Santiago Arredes y la tentativa de matar a la testigo Margarita Martínez de Leal.
Después de cuestionar la acusación y afirmar que no “encuentra sustento firme y sólido” ni en las pruebas ni en la descripción que hicieron los fiscales Franscisco Snopek y Juan Manuel Sivila, y los querellantes Matías Duarte, Gastón Casabella y Martín Ávila, Colombres planteó la prescripción de la acción penal (que solo sería posible si se considerara que no se trata de un delito de lesa humanidad).
La abogada aseguró que como jefe del Departamento de Informaciones Policiales (por entonces Contralor General) su defendido no tenía ni el poder ni la logística para dar el apoyo que se le atribuye en el secuestro de Ragone. Y, para el caso de que le fuera rechazada la prescripción, planteó una batería de posibilidades: la absolución y la “inmediata” libertad del comisario, que está en prisión preventiva desde el 9 de noviembre de 2012; la condena por el delito de encubrimiento y que por el tiempo que lleva detenido se le declare cumplida la pena y salga libre.
Adelantó asimismo que si hay condena por los homicidios y la tentativa planteará la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, y solicitó que se le otorgue prisión domiciliaria en razón de su edad (74 años) y para no someterlo a “un trato inhumano y degradante”.
Condenar a Saravia “terminará por resultar una injusticia”, sostuvo Colombres. Cuestionó que hasta el momento “ni siquiera” se haya podido establecer quiénes fueron los autores materiales del secuestro de Ragone, e insistió en que la responsabilidad que se le atribuye al comisario es “basada únicamente en la jerarquía que ocupaba”.
- Informe: Elena Corvalán
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