“Lo único que pido es que se haga justicia”. “Pido justicia por mi hijo”. Así empezó y terminó su testimonio Ruperta Rodríguez, madre del joven Santos Abraham Garnica, secuestrado y desaparecido la madrugada del 3 de septiembre de 1976, a la edad de 20 años.
La anciana dio una declaración breve, que le salió casi a borbotones, entre el llanto y los nervios, después de esperar por tres horas hasta que pudo constituirse el tribunal que juzga a seis hombres por delitos contra la humanidad cometidos, la mayoría de ellos, en la jurisdicción de Orán.
Ahí vivía Santos, en una piecita en el mismo terreno de la casa de su padre, Policarpo Garnica, que había constituido una nueva familia después de separarse de su madre.
Poco se sabe de Santos: trabajaba en un aserradero junto a su padre, estudiaba en una escuela técnica y “tenía una chica”, Amanda. Sus familiares casi no tenían contacto con él y no sabían que tuviera militancia alguna que lo prefigurara como un objetivo del terrorismo estatal. Sin embargo, el hilo conductor parece estar en la escuela técnica, ahí había conocido a Mario Bernardino Luna, un joven de 23 años que militaba en la Federación Juvenil Comunista y que fue secuestrado la misma madrugada de septiembre del 76, y por un grupo de tareas integrado por unos diez hombres que tenía ropas militares, igual que el grupo que secuestró a Santos. Los dos fueron intensamente buscados por sus familiares, los dos están desaparecidos.
El miércoles 10 de febrero, Rodríguez aportó poco. Solo sabía del secuestro por el relato de su ex marido: “Lo único que me contó fue que él estaba afuera mirando como lo sacaron de los cabellos”. Una vecina, Blanca Lobos, le dijo que los secuestradores “estaban vestidos con ropa de militar”.
De su vivencia recordó que le había escrito a su hijo diciéndole que tenía trabajo en Salta capital, pero él no le contestaba. Y que después del secuestro supo que estaba amenazado, “por eso no me podía contestar a mí. Pobrecito”. “No puedo soportar esto de mi hijo. Todas las noches lo sueño. Es doloroso perder a un hijo. (…) Porque con 2, 3 pesos que me van a dar no me van a devolver a mi hijo”, reiteró.
Su hija, Gladys Ester Garnica, también fue conmovedora: recordó que su hermano fue secuestrado el mismo día en que ella cumplía 15 años. “Mi papá me dijo que vinieron en una camioneta muchos hombres, que lo sacaron encapuchado. Y le pregunté por qué él no salió a ayudarlo. Me dijo que tenía miedo porque eran muchos. Que vio cómo lo sacaron…”, intentó seguir contando pero se quebró al memorar el dolor por el secuestro y la falta de reacción de su padre.
Cuando pudo recomponerse recordó que este año Santos cumpliría 60 años y sintetizó el drama de las desapariciones: “Es el dolor que llevamos nosotros, sin saber dónde está, sin tener dónde prenderle una vela”. “Lo único que pido es justicia por mi hermano. Lo único que nos queda es pedir justicia. Pasaron ya 40 años de todo esto”. Por este hecho está acusado Héctor Ríos Ereñú.
Gladys contó que por su madrastra, Elena Guzmán, supo que uno de los vehículos que participó del secuestro fue visto desde temprano rondando. Y recordó que la Policía le informó a su madre del secuestro y le dijo que debía viajar urgente a Orán.
“No recuerdo”
¿Adivinaron? El testigo al que hace referencia el título era un policía, el comisario principal retirado Abel López, que en 1976 cumplía funciones en la Comisaría de Embarcación, donde en septiembre de 1976 se realizaron actuaciones por la desaparición de Ruth Sáez de Vuistaz.
López entonces era un oficial y estaba bajo las órdenes del inspector mayor retirado Arturo Madrigal, quien está siendo juzgado por este hecho. Por eso fue convocado como testigo, y se lució repitiendo la consabida frase de los policías en estos procesos: “No recuerdo”. Ni siquiera pudo recordar cuándo fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Mucho menos pudo recordar nada en relación al secuestro de Sáez de Vuistaz, solo que se había producido este hecho, el único de esta envergadura (eso sí recordó) que le tocó en toda su actuación en la fuerza.
- Informe: Elena Corvalán