Mientras en cada coyuntura con repercusión negativa el actual gobierno justifica carencias propias y heredadas apelando a la acusación genérica contra su antecesor, la actitud no puede sobrepasar la categoría de excusa –poco hidalga por cierto- dirigida a una ciudadanía que todavía espera la reforma estructural del esquema romerista repudiado en los pasados comicios.
La oleada menemista que contaminó de corrupción casi la totalidad de los estamentos gubernamentales en los ´90, importó en Salta la desaparición del Tribunal de Cuentas provincial para sustituirlo por otro modelo. Con el fin de instalar la Auditoría General se invocó la necesidad de “aggiornar” el modelo de control de la hacienda pública que a nivel nacional –luego del Pacto de Olivos- había gestado un órgano híbrido en el que la representación de la oposición era expresa, aunque con incidencia virtual. Hoy carece, evidentemente, de recursos y autonomía suficientes para contrarrestar el avasallamiento de la corrupción kirchnerista y algunos tribunales federales se han convertido en pequeños bastiones donde se concentran las pesquisas que ponen en duda la ética presidencial y la de sus adictos.
La eliminación de las potestades jurisdiccionales del anterior Tribunal de Cuentas puede calificarse hoy como una de las amputaciones institucionales más graves en la materia, que en aquellos tiempos fue repudiada por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina. La Ministro de la Corte de Justicia María Cristina Garros y la ratificada directora del ENRESP, Sandra Bonari, son dos de las funcionarias que sobreviven en el presupuesto provincial y que consintieron la reforma que tornó laxo el control.
Mientras antes cada funcionario corrupto o negligente debía transitar por un sumario y responder con su patrimonio personal, hoy el sistema de efectivización de responsabilidades se ha tornado difuso, al punto tal que el reproche debe atravesar los blindajes de una comisión legislativa de derrotero insípido, una Fiscalía de Estado que poco o nada hizo para promover causas judiciales en las que el erario estatal fue afectado en cifras millonarias y un Poder Judicial en el que los almácigos de la impunidad han encontrado terreno fértil luego de que se diluyó la
necesaria división de poderes.
La Auditoría General recién esta semana dio a conocer un informe sobre la falta de control de los casi once millones y medio de pesos que se invirtieron en publicidad oficial en el año 2.005. Resulta difícil imaginar cuáles serán los dibujos financieros que se presentarán para justificar una campaña electoral como la de hace cuatro meses, en la que la dilapidación de dineros públicos fue impúdica y se concentró en la propaganda más que en la propuesta. Ni Wayar ni Urtubey pueden justificar las cifras invertidas para llevarse su mitad del electorado, ni quienes deben controlarlos tienen disposición para obligarlos.
Resulta fácil prever que no habrá mayores reproches de un directorio que ha sido confirmado no solamente por vigencia de mandatos sino por afinidad y/o acuerdos políticos con Urtubey. Tal vez por ello, no existen propuestas ni del titular del Poder Ejecutivo ni de las cámaras legislativas que tiendan a susbsanar los defectos mediante la reformulación de la ley que rige sus funciones.
La publicidad oficial no es el único caso en el que el organismo al que se le encomendó el control exhibe mora sospechosa. Todavía se encuentran pendientes las investigaciones referidas al déficit de SAETA S.A., del Centro de Tomografía Computada S.A., del Estadio Siglo XXI e IPSS; contrataciones desventajosas como las vinculadas con La Plumada S.A., el adoquinado de la calle Zuviría, las expropiaciones de terrenos para las autopistas de circunvalación y los costos millonarios del cuasi abandonado Centro de Convenciones. El atraso solamente puede ser digerido por los ingenuos y, lamentablemente, se extiende a los casi sesenta municipios sometidos a su competencia.
El Tribunal de Cuentas Municipal, encargado de controlar a la comuna capitalina, transita idéntico derrotero a pesar de que cuenta con posibilidades de enjuiciar desde el Intendente hasta el último ordenanza. Aún cuando en forma reiterada se ha cuestionado la particular modalidad de gestión de Miguel Isa, hasta la fecha ningún cuestionamiento ha vertido respecto de la sospechosa permuta de inmuebles para construir la Ciudad Municipal –que hace una semana ha evidenciado un presunto daño de $300.000 por demora en la entrega de un inmueble- o los incrementos injustificados del precio que se abona mensualmente a Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F., solo por citar dos casos emblemáticos.
Los sumarios que instruye apuntan a cuestiones formales o a empleados díscolos denunciados por algunos directores intolerantes y el órgano se asemeja a un refugio salarial con escasa propensión a la detección y castigo de irregularidades.
Lo que los concejales del Partido para la Victoria, Barrios de Pié, PRS y el PPS denunciaron como un negociado sin precedentes –refiriéndose al affaire de la Ciudad Municipal– hoy se ha redimido bajo la excusa de que semejante asalto a la ética pública ha sido aprobado por el gobernador. Puede la voluntad pendular de Urtubey revertir la naturaleza de un delito contra la administración pública? Para el Tribunal de Cuentas Municipal la respuesta es afirmativa…mientras que para los fiscales la “notitia criminis” no existe…
Párrafo aparte merece el Ente Regulador de los Servicios Públicos, que a la fecha ha mostrado una evolución saludable respecto de la pasividad que lo caracterizaba. A criterio del gobernador, la inercia que imprime la gestión de Federico Posadas sería suficiente para lograr que Aguas de Salta S.A. y EDESA S.A. se avengan a cumplir estrictamente con las cláusulas de los contratos que las vinculan con el Estado Provincial.
Las particularidades climáticas de este año han puesto en evidencia la crisis estructural del servicio que prestan por falta de inversiones en la totalidad de la red provincial. Ninguna multa –por alta que fuera- por falta de control en la red eléctrica de media o alta tensión; ni las órdenes diarias de que se suspenda la contaminación de ríos con líquidos cloacales o para que se provea agua con tachos en distintos barrios, pueden otorgar garantías de mejoría frente a pacientes terminales a los que la devaluación les permitió renegociar tarifas de bajo precio por el perdón de sistemáticos incumplimientos.
El problema aquí radica en la concepción gubernamental sobre el rol que se asigna al Estado y la conveniencia de reestatizar o reconcesionar.
Las recetas liberales del urtubeysmo -que simula progresismo- no conducen a la resolución o revisión de los contratos sino a su preservación con sobreactuación de quienes se muestran como los
supuestos hostigadores de las empresas.
Así las cosas, el rediseño del control externo de la hacienda pública no admite dilaciones. Es razonable que la reforma contemple un directorio con representación mayoritaria de la oposición, las auditorías concomitantes, el control de gestión y la reinstauración de las facultades para someter a juicio administrtivo a los funcionarios que por su permeabilidad o labilidad provocan a diario perjuicio a un estado financieramente exhausto.
- (*) Abogado y dirigente de la UCR Salta
