La marginación de Nicolás Juarez Campos, titular de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, clausura un período que, cuando menos, puede calificarse de vertiginoso y contradictorio. Aunque intente disimularlo, Juan Manuel Urtubey ha dado un nuevo paso hacia la vereda del justicialismo, esta vez en búsqueda de funcionarios que le garanticen solvencia.
Los cuadros aportados por los socios de la alianza triunfante no han mostrado muchas luces y este defecto es la base que otorga gravitación
desmesurada al remanente del romerismo.
Las versiones indican que el nuevo ministro será Ernesto Samsón, ex Fiscal de Estado y actual Secretario General de la Gobernación, con indiscutidas dotes jurídicas y un discreto derrotero político. También se mencionan los nombres de Marcelo Zenteno Núñez y Pablo Francisco Kosiner. De ser así, Urtubey optará por la mesura antes que la verborragia improductiva. Toda una definición gestual, al margen de que
desilusione a quienes creyeron en las promesas de una transformación radical.
La revolución, que Nicolás Juárez Campos anunciaba como un hecho consumado, nunca se produjo y el discurso complaciente, desnudo de indicios verosímiles, quedó aislado en un gabinete en el que se imponen los que profesan ideas contrarias por la inercia de su pasado reciente.
Durante estos ocho meses había lucido más interesado en el posicionamiento personal que en procurar resultados en un ministerio de amplísima competencia.
Sus declaraciones al momento de eyectarse continuaron esa línea y prometió trabajar para el proyecto oficialista desde la arena política. ¿Acaso alguien creerá que lo que no pudo hacer con un sillón ministerial lo podrá construir desde el llano?
El exagerado pregón ideológico y la permanente confrontación mediática contribuyeron al divorcio ministerial, aunque no debiéramos olvidar que el sector que condujo a Juárez Campos al gabinete prácticamente se había desarticulado al momento en que se detonó el despido, facilitando la decisión gubernamental. La apoyatura de los lucifuerzistas se relativizó con la llegada al poder y la expansión de adhesiones sindicales que ahora incluyen a la antes criticada CGT. Este gremio se había encolumnado en el Movimiento Sindical de Salta, que propulsó Gino Durán como alternativa hasta que comprendió que debía digerir la convivencia o retirarse. Optó por lo último.
Las desavenencias con el presidente del Colegio de Abogados también contribuyeron a debilitar la apoyatura de Juárez Campos. Días antes, no había logrado el aval de esta institución para la postulación de Abel Cornejo como integrante del tribunal superior. También suscitó una polémica ridícula cuando la Federación Argentina de Colegios de Abogados se interesó por las amenazas de muerte vertidas en contra de
Hernán Mascietti y David Arnaldo Leiva. Los abogados son defensores de familias que fueron sometidas hace dos meses a un desalojo violento en Orán, en el que se denunciaron excesos policiales que el ‘gobierno del cambio’ había prometido erradicar.
Tampoco ahorró proyectiles verbales contra la senadora cafayateña Silvina Vargas, a quien acusó caprichosamente de inducir a 700 familias a una usurpación colectiva y brindó público trato de falsaria. La falta de respeto para con la investidura legislativa también se hizo notar cuando se demoró en asistir a una reunión en la Cámara Alta y pretendió imponer su agenda en el calendario parlamentario. Cuando concurrió, una de sus asesoras volvió a faltar el respeto a los senadores.
Fuera del singular perfil del ex ministro, el saldo de gestión muestra aciertos y errores. Se destacan como positivas la autolimitación de las atribuciones del Gobernador para la designación de jueces de Corte y la conformación del Consejo Consultivo Judicial. Aún cuando el mecanismo de selección debe perfeccionarse y el órgano multilateral no logra madurar la reforma judicial prometida, las iniciativas sólo admiten aprobación.
Los defectos nos conducen al terreno operativo. El saliente ministro nunca controló su ámbito de funciones y una verdad expandida indica que, en el terreno judicial, las designaciones del Procurador General, el Fiscal de Estado y algunos magistrados de alto rango sólo pasaron por el tamiz de Rodolfo José Urtubey. Es preocupante que su reemplazante se vea sometido a semejantes influjos y que el perfil personalista del Gobernador acote en demasía los criterios de sus subalternos.
Lo que merece un análisis meduloso es la ausencia de un rumbo en cuestiones álgidas como la justicia, seguridad o derechos humanos. Ningún ministro podrá alcanzar el éxito sin el plan estratégico que nunca diseñó Juárez Campos y que lo determinó a navegar a ciegas en un espacio funcional extenso.
Es de esperar que el reemplazante concentre sus esfuerzos en una reforma integral que garantice mayor celeridad en los procesos y descontaminación política. Hasta ahora sólo se esbozaron ideas que pretenden instaurar juzgados de proximidad en distintos municipios con competencia múltiple y se avanzó en la mediación como método alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, el condimento político subyace en la conformación de una mayoría automática en la Corte de Justicia, que planifica el desembarco de otro alfil con respaldo partidario y escaso mérito académico.
En materia de seguridad no logró la necesaria cohesión de los estamentos y la soberbia le impidió tomar peso a una situación de creciente conflictividad que hasta se anticipó con panfletos en todas las comisarías de la provincia. Mientras los funcionarios que lo secundaban se entretenían con interlocutores de escasa representatividad, estalló el acuartelamiento policial que puso el desnudo un desconocimiento grosero de la problemática, que no se limita a lo presupuestario
sino que busca revertir el ultraverticalismo impreso por Gustavo Adolfo Ferraris y sus adictos durante la etapa anterior.
Resulta inexplicable que los cuadros de inteligencia no le hubieran advertido sobre una medida de fuerza que alcanzó alto acatamiento de inmediato. Más incomprensible aún, en caso de haberlo sabido, es que no hubiera alertado al primer mandatario sobre las graves consecuencias que aparejaba. El trato directo de Juan Manuel Urtubey con la asamblea que se asentó en el “Centro Policial Sargento Suárez” le aplicó un golpe brutal al ministro.
La sobreactuación en derechos humanos también lo condujo a la contradicción. Mientras abogaba por la verdad en causas de crímenes de lesa humanidad, incorporó como asesora principal a una socia del abogado Alberto Raymundo Sosa, señalado por la CONADEP como colaboracionista civil del terrorismo de Estado que imperó entre 1.976 y 1.983. Las acusaciones de que había defendido profesionalmente a uno de los sospechosos de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, así como otras imputaciones dudosas dirigidas a un secretario de su área lo obligaron a bajar el perfil pagando un alto costo personal.
Como casi todos los renunciados, es probable que pase a engrosar la lista de “Asesores del Gobernador”. De manera inexplicable, aún cuando se han mostrado ineptos para ejercer el cargo, se los presenta de inmediato como personas de consulta imprescindible para el ingresante.
Acaso en Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea considera algún consejo de la casi olvidada Silvia Miranda? Tampoco luce probable que Leopoldo Van Cawlaert levante el teléfono para buscar alguna sugerencia de Marta Torino en temas educativos. Habiéndose desatado la discusión sobre la sobredimensionada planta de personal que ha trepado a 45.000 presupuestívoros, es hora de suprimir estos consuelos que carcomen el patrimonio público.
Al cerrar la puerta ministerial concentró sus esfuerzos en dejar sentado que no le pidieron la renuncia sino que se trató de una decisión espontánea. En los mezquinos terrenos de la política, a pocos les importa si renunció o lo despidieron; o si su equipo se queda o lo acompañará hacia la nada. Otros sectores avanzan con voracidad
para ocupar los casilleros desocupados. Lo único que se les permite, tanto al verdugo como al condenado al exilio, es la profusión de estas mentiras piadosas.
