En este 24 de marzo invocamos la memoria de nuestros desaparecidos, repudiamos el avance de las prisiones domiciliarias que son en realidad amnistías y los intentos reiterados del actual gobierno de liberar a los genocidas.
Pero denunciamos fundamentalmente la barbarie que avanza sobre la sociedad argentina con la llamada “doctrina Chocobar”, por la que se instaura de hecho la pena de muerte al margen de la ley y las garantías constitucionales.
En un contexto marcado por un brutal plan de ajuste el gobierno de Cambiemos refuerza el aparato represivo contra los sectores obreros y populares. Criminaliza la protesta social y la pobreza, promueve el “gatillo fácil”, la matanza de chicos en las villas y los linchamientos que están a la orden del día y son aplaudidos entusiastamente por los medios de comunicación y gran parte de la sociedad.
No hay derecho a defensa para los que mueren linchados, como en los buenos tiempos del Far West, por patotas de “honestos” vecinos que no son otra cosa que asesinos. Como Cristian Cortez, 18 años, masacrado a patadas en la cabeza por robar un celular, que murió tras 36 horas de agonía. Como José Luis Díaz en Córdoba y David Moreira en Rosario.
“Maten a los chorros”
¡Mano dura! reclaman altos funcionarios, ministros y gobernadores. ¡Maten a los chorros!, salen a gritar personajes como Alfredo Olmedo, pero sin aclarar que los mayores chorros son ellos. Delincuentes de guante blanco, millonarios a costa del estado, evasores fiscales seriales, propietarios de cuentas Off Shore y timberos de la bicicleta financiera.
Mientras, la policía “previene el delito” persiguiendo a niños y adolescentes por vivir en villas y ser morochos y pobres. El estado que los excluye solamente los incluye para reprimirlos, criminalizarlos y asesinarlos.
Como afirma Luis Scafati, “el gobierno de Cambiemos ha desatado con saña y cinismo sobre las grandes mayorías populares una combinación de actos represivos que -combinados con el accionar judicial legitimador- hace del estado de excepción la regla de su mandato” .
Por la “doctrina Chocobar” la policía dispara y después averigua, ejecuta sin juicio ni condena, hace un uso de la fuerza abusivo, irracional e ilegal. Y para alegría de Patricia Bulrrich está rindiendo sus frutos. En apenas dos años de gestión el gobierno de Cambiemos lleva acumulados al menos 726 casos de gatillo fácil. Según las estadísticas sólo un diez por ciento de ellos llega a juicio y las penas que reciben los uniformados son generalmente irrisorias.
Las víctimas del “gatillo fácil”
En este 24 de marzo exigimos justicia para los muertos por “gatillo fácil”. Para Santiago Maldonado, asesinado por la represión de la gendarmería, Rafael Nahuel, 20 años, asesinado por la espalda por la Prefectura, Facundo Ferreyra, 12 años, fusilado de un tiro en la nuca por la policía tucumana, Nahuel Salvatierra, 17 años, asesinado en el barrio Solidaridad de un balazo en el cráneo por la policía de Salta, Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en el barrio Sarmiento por la policía de Salta, Diego Federico Quiroga, 32 años, asesinado de nueve disparos en el barrio El Círculo por la policía de Salta, Nahuel Franco, 15 años, asesinado en villa 20 de junio por la policía de Salta y para los que son torturados en las comisarías. Como Facundo Agüero, al que la policía lo acusó de robar un perfume que había comprado, lo golpeó hasta dejarlo en coma y ahora se debate entre la vida y la muerte.
El Estado es responsable, el gobierno que propicia el crimen y felicita a los uniformados que matan con total impunidad. Matan a un chico que robó un celular, pero Facundo Ferreyra no había robado y sus asesinos ni siquiera han sido sumariados.
Como expresa Federico Soler: “¿Puede un niño merecer haber recibido un tiro en la nuca? De matar a un niño por la espalda a quemarropa no hay retorno. Si no hay sanción penal y política no hay retorno” .
No lo hay, porque con la “doctrina Chocobar” se ha suprimido el estado de derecho y se ha dado vía libre al asesinato.
–Asociación de Derechos Humanos “Coca Gallardo” – Salta
