El candidato a concejal en primer término por el “Acuerdo Cívico y Social”, Carlos Humberto Saravia, consideró que es necesario introducir modificaciones a las normas que rigen el Tribunal de Cuentas Municipal.
“Es indudable que un órgano de control que se entera de los hechos de corrupción por
los medios de prensa se encuentra en crisis. En el mejor de los casos podría decirse
que es negligente, pero también podríamos pensar que algunos de sus miembros son
cómplices de la gestión de Miguel Isa” afirma el dirigente radical.
En resonantes casos que han motivado la apertura de investigaciones judiciales a
funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, la actuación de este órgano de
control no detectó irregularidades y los tres vocales que lo integran profesan un
bajo perfil. Actualmente sus autoridades son los contadores Enrique Erdmann y
Narciso Ramón Gallo, de extracción justicialista, y el abogado Nicolás Jovanovics,
del Partido Renovador de Salta.
En efecto, el año pasado el Comité Provincial de la UCR denunció que existía un
fraude millonario en la permuta de inmuebles que culminó con la construcción del
Centro Cívico Municipal. La Fiscal Emma Puente promovió acción penal y actualmente
la causa penal tiene medidas pendientes que podrían comprometer a funcionarios de
Isa.
Lo mismo ha ocurrido hace dos semanas cuando se abrió una pesquisa para establecer
si existió delito por el direccionamiento de la concesión de licencias de taxis y
remises. Ninguno de los decretos fue observado por el Tribunal de Cuentas a pesar de
irregularidades notorias.
“El control de la hacienda pública exige independencia política del Intendente, que
es la persona a quien debe controlar. La reforma de la Ordenanza 5552 debe contener
cláusulas que encomienden el predominio de la oposición en la conformación de sus
vocalías. Esta postura la enarbola la UCR desde hace décadas y está plasmado en la
reforma constitucional de 1994 que asignó la presidencia de la Auditoria General de
la Nación a la oposición. También debemos avanzar al control concomitante y de
gestión. Los sumarios investigativos se inician cuando los hechos están consumados y
el funcionario se fue a su casa” sostiene el dirigente radical.
Está previsto que el Tribunal de Cuentas sea controlado por un funcionario designado
por el Concejo Deliberante. Al respecto Saravia dijo desconocer quien tiene esa
responsabilidad actualmente y exigió que el órgano legislativo ponga el acento en
esta temática. “Siempre se cubrió este cargo con complacientes que iban a arquear
los gastos de caja chica del Tribunal. Ahora creo que no está cubierto y esto devela
una despreocupación inadmisible” finalizó.
