El romerismo de la Cámara de Diputados, enrolado en el PJ, insistirá el martes con el proyecto de ley para «salvar» a cuatro sociedades del Estado que fueron entregadas a empresarios relacionados con el gobierno, quienes durante años capitalizaron ganancias y hoy se declaran en quiebra. El plan «borrón y cuenta nueva», les permitiría una disolución sin rendición de cuentas, sin balances, ni sanciones por posibles manejos fraudulentos. Las pérdidas serían absorvídas con fondos del erario público.
Con el poder que le confiere la mayoría agravada de legisladores del romerismo, se aprobará (más tarde o temprano) sin inconvenientes, la disolución de las empresas: Complejo Teleférico Salta; Comité Organizador Pro Estadio de la ciudad de Salta (C.O.P.E.C.S.); Sede Mundial Siglo XXI; y Tomografía Computada.
El proyecto salvataje, que ingresó a la Cámara impulsado por legisladores romeristas, favorece a empresarios que hace varios años recibieron instituciones saneadas para hacerce cargo de su administración de forma autarquica, es decir para manejarlas y responsabilizarse frente a las ganancias y las pérdidas.
Estas entidades que el Estado construyó, compró o invirtió en su creación, gozaban de autofinanciamiento y fueron entregadas a empresarios «amigos» del gobierno para su explotación.
De pronto hoy son deficitarias para sus administradores y el pedido de su disolución se acelera en la Cámara de Diputados sin mediar el correspondiente análisis de activos y pasivos, sin rendición de cuentas, balances, ni sanciones por posibles manejos fraudulentos.
Según los fundamentos del proyecto el plan «borrón y cuenta nueva», pretende autorizar la reasunción por la administración dependiente del PEP de la gestión de las actividades de cada una de las sociedades disueltas, a través de los organismos que se determine.
El proyecto de Ley para declarar la disolución de las empresas
asociadas con el Estado se encuentra en las comisiones de Legislación General y Hacienda y Presupuesto, por designios del cupo del bloque
romerista. Los legisladores que supuestamente deberían defender los fondos públicos, justifican el mal desempeño de las empresas.
Entre los fundamentos para su disolución se dice que «se propone desde la necesidad de acotar la generación de gasto de dichas empresas, en especial el derivado de la presión tributaria, gasto que no es posible de ser afrontado con recursos genuinos ni con el giro económico ordinario desarrollado por cada una de ellas».
La justificación para su reestatización -según sus fundamentos- agrega que, «en aras de racionalizar la estructura administrativa, se torna necesario que la administración reasuma la gestión de las actividades comerciales objeto de cada una de las Sociedades del Estado anteriormente indicadas».
«Por otra parte, corresponde sean ratificados todos aquellos actos que el Poder Ejecutivo haya dictado en aras de tender al fin perseguido de la liquidación societaria, en especial aquellos que tuvieron en mira asegurar la extinción total de las obligaciones activas y pasivas de las empresas indicadas, hasta llegar a su finiquito» (¿?).
