La secuencia de los saqueos en la Ciudad de Córdoba en la primera semana de diciembre ha puesto en evidencia una situación generalizada de corrupción que contiene varias aristas interesantes de analizar, pero que la prensa oficial y la corporativa asociada a intereses de clase se han ocupado deliberadamente en tratar de disimular cuando no de ocultar.
Quien visite la populosa ciudad mediterránea y opte por salir del circuito turístico capitalino, y conozca la periferia barrial del macro centro o la trastienda de los cercanos pueblos de las sierras llamados ampulosamente “Gran Córdoba”, que a la vera de las rutas muestran los balnearios y las bellezas del lugar disimulando la pobreza posterior, podrá comprobar que la sociedad Cordobesa –como la de la mayoría de las Provincias de la Nación- se encuentra segmentada en estratos claramente diferentes.
Esas asimetrías –para utilizar léxico de la economía liberal que soslaya la palabra pobreza- generan una notoria desigualdad económica que es la base de todos los desencuentros, pero que para cambiarla habría que resignar el bendito sistema liberal de mercado donde todos somos libres de elegir, aunque la mayoría silenciosa pero expectante de esos márgenes ciudadanos puede elegir infinitamente menos que el resto de la elite acomodada.
El llamado orden social en una sociedad desigual que habitualmente contiene la desigualdad con esa policía ahora rebelada y que los analistas y sociólogos del sistema burgués denominan el uso monopólico de la fuerza por el Estado, demostró descarnadamente las miserias de un sistema que hace agua por todos los costados, y sobre todo ha puesto en alerta a otras ciudades del País que se reconocen como poseedoras de un panorama idéntico, que comenzaron a organizarse en la prevención de los mismos hechos que saben de sobra se pueden producir en cada jurisdicción de igual manera.
Los partidos de la costa atlántica, los lugares turísticos más notorios y hasta el mismo gobernador de la populosa “Gran Buenos Aires” se pusieron manos a la obra para pagar aguinaldos adelantados, proveer mayor seguridad a los lugares de abasto de mercaderías y a solicitar a la Nación que prevea envío de gendarmes por temor a saqueos durante las fiestas de Navidad y fin de Año, que acarameladamente se los intenta denominar como actos aislados de bandas organizadas de delincuentes. Toda una definición.
En ese escenario Cordobés se miran todos los jefes de gobierno de la Argentina porque conocen perfectamente cómo funciona el sistema impuesto a diario. La también llamada allá “maldita policía” acosa a los jóvenes y no jóvenes que habitan la Córdoba no visible, los invisibilizados del sistema, cuando éstos osan salir de su hábitat y participar de los mismos espacios ciudadanos de los acomodados.
Así son permanentemente acosados por policías reclutados de los mismos barrios para reprimir a los de su misma clase, o detenidos por averiguación de antecedentes o directamente reprimidos cuando cada 20 de noviembre participan de la “Marcha de la Gorra” para reclamar por las libertades perdidas con el dictatorial Código de Faltas, que para proteger a la “gente como uno” faculta a detener por merodeo, actitud sospechosa, por cara, color de piel o forma de vestirse.
Este esquema legal –pero no legítimo- se repite en todas las latitudes del país y Salta no es la excepción. No se crea por un instante que es pura casualidad que se legisle de idéntica manera en todos los municipios. Es ni más ni menos que la frutilla del postre para sostener las desigualdades en su lugar, y mantener a raya a los pobres de la periferia para que se resignen a lo que se considera su lugar natural.
Y cuando esa fuerza de seguridad –o inseguridad según de qué lado se mire- se autoacuartela o se declara en huelga y no actúa como cada día para la particular e indigna función que comentamos, los sometidos del sistema salen a tomar revancha y de la periferia reprimida diariamente se vuelcan a las calles y el “orden” habitual se desmadra, y las consecuencias están a la vista.
La televisión machacosa funcional al sistema de consumo desenfrenado de los menos que cuenta con la policía para contener a lo más que no consumen, mostrará después hasta el cansancio a quien llevaba un televisor en moto o a quien corría con un cochecito de bebé en la cabeza, para demonizarlos una y otra vez reclamando mano dura.
Esas tandas interesadas de noticias a la vez generan el infalible comentario de las señoras gordas que rodeadas de manjares, heladeras y plasmas de última generación en sus coquetas casas de fin de semana, se secan la lengua apuntando a que no robaban comida sino electrodomésticos, para hacer más notoria todavía la increíble concepción de que a los pobres les alcanzaría sólo con comer para que solucionemos el tema social.
Y otorgado el aumento de haberes a los agentes de ese orden impuesto por la clase dominante, se dice que todo vuelve a la normalidad. Pero la cruda realidad es que todo vuelve a la anormalidad de seguir conteniendo el desborde social a base de códigos de faltas dictatoriales y violando las garantías individuales de los pobres. No se conoce hasta la fecha razzia o detención para averiguar antecedentes en los centros de compras llamados impropiamente “shoppings” o en los portales de los barrios cerrados.
Sumado a ese ambiente nocivo donde los ciudadanos nacen, crecen, viven y mueren en desigualdad, y luego de esta claudicación objetiva del gobierno para con los huelguistas, seguirá circulando la enorme corrupción estatal descontrolada que al amparo de la clase política hace de las suyas con negocios paralelos a la función de la llamada seguridad. El narcotráfico, la trata, la prostitución y los escarnios posteriores del sistema penitenciario para los que tienen la desgracia de caer en la telaraña de la burocracia judicial, cierran el marco perverso.
La clase dominante sabe con certeza que lo acontecido en Córdoba, que cuenta con antecedentes históricos de importancia para poder provocar un efecto dominó como lo fueron la Reforma Universitaria, el Cordobazo o el nacimiento de las organizaciones guerrilleras en los años setenta, la Córdoba combativa que ha vuelto a encontrar –todavía de manera incipiente pero con vigor- a los segmentos obreros y universitarios en una misma línea, podría ser la punta del iceberg de un nuevo movimiento autónomo, ajeno y muchísimo más avanzado que los planes de mantener por siempre como sistema de control de los menos sobre los más, a la depreciada asignación universal.
- Daniel Tort. abogado y periodista
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