Luego de 13 años de litigio la Justicia Civil Ordinaria ordenó el desalojo de 3.500 hectáreas de tierras usurpadas en los ex Lotes Fiscales 55 y 14, del municipio de Santa Victoria Este en el límite con la frontera con Bolivia, lo que posibilita que las comunidades originarias y familias criollas vuelvan a sus tierras.