El juez Martín Pérez, de instrucción Formal 1, es el tercero de la de dos jueces que hasta ahora se resistieron a que Juan Carlos Romero sea citado a prestar declaración indagatoria por hechos de corrupción en el caso de la tierras de La Cienaga durante su gestión como mandatario provincial. Para evitar el bochorno del tercer juez excusado por la figura del actual senador nacional, el magistrado utilizó los mismos argumentos que ya usaron sus colegas, Antonio Pastrana, de Formal 4, y Raúl Sosa Vallejos, de Formal 7.
Los tres jueces fueron designados en sus cargos por el ex gobernador. Pastrana y Pérez llegaron por concurso. Su designación final, sin embargo, fue decidida por Romero, mientras que Sosa Vallejos asumió en la Instrucción Formal tras una reestructuración judicial.
Relación de parentezco
En el caso de Pérez se suma otro condimento: su relación de parentesco con el juez de Corte, Gustavo Ferraris, otro es ex funcionario a ultranza de Romero. Este magistrado, asimismo, estuvo en el ojo de la tormenta como consecuencia del escándalo de los autos secuestrados que la policía y funcionarios del gobierno, entre ellos Ferraris, utilizaban para su manejo personal.
Cuando estalló el escándalo por los casos de corrupción en la apropiación de tierras por parte de la familia del ex gobernador, en octubre pasado, las causas en contra del ahora senador nacional, sus familiares y funcionarios llegaron en los distintos juzgados penales.
Al igual que Pastrana, quien tiene la investigación del caso La Ciénaga y de Sosa Vallejos, quien investiga a Romero por asociación ilícita, Pérez recibió dos causas. La primera tiene que ver con la venta de una hectárea de tierra en pleno centro de Cachi a un precio de 5 mil pesos, siendo el comprador Felipe Wayar, padre del ex vicegobernador de Romero, Walter Wayar, hoy diputado nacional.
La otra causa tiene que ver con la compra de tres propiedades que la provincia realizó por precios exorbitantes, siendo el intermediario y beneficiario de casi tres millones de pesos producto de estas operaciones la firma Mercado S.R.L., presidida por otro allegadoal gobierno anterior, como lo fue Julio Castillo (f).
Al momento de argumentar su postura, Pérez utilizó los fundamentos ya expuesto por su colega, Antonio Pastrana, lo que, en cierta manera, evidencia una estrategia predeterminada de parte del Poder Judicial para favorecer a Romero, siendo, tal vez, la mayor expresión de esta movida la decisión de la Corte de Justicia de no acumular las causas penales en contra del ex gobernador, cuando la doctrina y la misma corriente que este alto tribunal venía manteniendo, indicaba que lo lógico -por una cuestión de economía procesal- era la acumulación de las causas penales.
Apelación de la fiscalía
Tras la decisión del juez, lo que se espera ahora es la apelación por parte de la fiscal Emma Puente, tal como ya lo hicieron los fiscales Eduardo Barrionuevo y María Inés Loyola, quienes sostienen que dada la figura de legislador nacional de Romero, éste debe ser tratado bajo los estatutos de la Ley Nacional de Fueros Nº 25.320, en cuyo primero artículo permite que los legisladores nacionales sean indagados por un juez provincial.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
