«Salta se apresta a batir otro triste récord: el de la mayor cantidad de periodistas condenados criminalmente en un mes», afirma en su portada de hoy el medio digital salteño www.iruya.com, en relación al fallo dictado ayer contra el periodista de Salta Libre.
«Esta segunda condena a un periodista salteño en menos de un mes reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en una sociedad democrática y, consecuentemente, sobre los límites razonables a la protección del honor de las personas que hacen de la exposición pública su medio de vida», asegura.
El medio también pone en tela de juicio el papel de los jueces y su aparente debilidad a la hora de brindar una tutela judicial efectiva a ciudadanos comunes cuando éstos se enfrentan a personas influyentes o a poderosos intereses.
Agrega que «Si sólo unas semanas atrás, la Provincia de Salta inscribió su nombre, con letras destacadas, en la lista negra de países y regiones que reprimen penalmente la libertad de expresión, al conocerse la condena impuesta al periodista Sergio Poma por un supuesto delito de injurias contra el gobernador de la Provincia, ayer el nombre de Salta volvió agitarse en foros y weblogs de todo el mundo tras el pronunciamiento judicial que condenó a dos años de prisión al periodista José Acho».
El fallo fue dictado por Marcelo Torres Gálvez, juez Correccional y de Garantías de 3º Nominación de Salta, por entender que Acho habría incurrido en una conducta penalmente relevante con sus críticas al influyente folklorista Oscar Esperanza Palavecino, conocido artísticamente como El Chaqueño Palavecino.
Junto a una pena privativa de la libertad de singular dureza, Acho fue condenado a satisfacer a Palavecino una indemnización de 20.000 pesos en concepto de daño moral y a cesar «toda referencia al querellante en páginas de Internet y de cualquier otro medio», lo que ha vuelto a ser interpretado por los expertos como el ejercicio de una forma muy concreta de censura previa.
En la raíz de esta controversia se encuentra la afirmación vertida por Acho en sus sitios webs que relacionan al folklorista con una operación inmobiliaria en perjuicio de comunidades indígenas del Norte salteño. Palavecino negó siempre poseer tierras en esta zona, aunque el procedimiento penal contra Acho no ha arrojado suficiente luz sobre este hecho.
Fernando Chamorro, abogado de Acho, ya anunció a la prensa que interpondrá recurso contra la sentencia, por lo que el fallo aún no es firme. Si bien hasta ayer no se conocían los fundamentos jurídicos del pronunciamiento del juez Torres Gálvez, todo parece indicar que el magistrado no sólo valoró como difamatorias e injuriosas los comentarios efectuados por Acho sobre el patrimonio de Palavecino sino que, además, atribuyó al periodista un particular animus o intención de perjudicar.
