Aguas del Norte y el Norte sin agua...

(Especial para Salta Libre) Navidad sin agua en Orán; Año Nuevo sin agua en zonas del B° Grand Bourg y otros muchos barrios del Oeste de la capital. San Silvestre: más de cuatro días seguidos sin agua. Una adolescente originaria muere arrastrada por el río Pilcomayo por ir a buscar agua, ya que en la comunidad se había cortado el suministro de la empresa y no había alternativa.

Rosario de Lerma, días y días sin agua a causa… ¡de que hay mucha agua! Problema eterno del pueblo, nadie se hace eco y, menos, cargo; los vecinos declaran que hay enfermos, discapacitados, ancianos y que así no se puede, etc., como si apelar a aquellos que más lo necesitan debiera ablandar a los responsables, cuando el derecho al agua es universal.

Así y todo, se informó de la total indiferencia de las autoridades y la ausencia del Ente Regulador, que no respondía en su llamador, y tampoco lo hacía la sociedad anónima estatal. Como vecino de Grand Bourg, efectué un reclamo el último días del 2012 por “trato indigno y criminal” al usuario: ni la menor respuesta, ni de la empresa ni del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta. Trasladé el reclamo al 911, y me contestan con la derivación a otras dependencias, pero sin darse nadie por aludido.

Estos casos son sólo ejemplos, pues los incumplimientos de Aguas del Norte son innumerables tanto como sus abusos con los usuarios y la complicidad del ente Regulador, lo que suma un largo etcétera de irregularidades graves. Se continúa con lo de la zamba Aguas de Salta, con música tomada de Carpas de Salta, que compusieron los vecinos en 2004; en el estribillo dice: “Medidores fuleros/ en Salta al Norte, en Salta al Sur…/ ¡toda Salta sin agua! / ¡¿Quién… pudiera creer?!”

En cuanto al Ente y su “entidad”, éste depende financieramente de la facturación de los servicios sanitarios y eléctricos: es juez, que falla en conflictos con las empresas, pero también es parte pues, cuanto más facturan Aguas del Norte y la eléctrica, más ingresa a sus arcas, barbaridad ético-jurídica incalificable, cuestionada en una tesis doctoral de derecho en la Universidad Nacional de Rosario. En lo referente a los déficits del servicio, recordemos que Aguas del Norte es una empresa, como solemos decir, discapacitada técnica y operativamente, al igual que su matriz, Aguas de Salta.

Eso sí: la empresa se dedica a aumentar tarifas y, lógico, a facturar, facturar y facturar. Para ello, no sólo continúa con los “malos hábitos” y mismas mañas de su inspiradora y antecesora, de infeliz memoria, Aguas de Salta, sino que, conducida en la Gerencia General por el mismo señor que lo hacía en ésta, pretende imponer como sea el tramposo medidor de agua a un pueblo que no está informado de sus derechos ni de las condiciones que requiere su instalación. Medidor, medidor y más medidor: ésa es la norma, con el fin de facturar, y de hacerlo de manera multiplicada, sin olvidar que, al menos, todos los aparatos colocados en épocas de Aguas de Salta lo fueron en forma ilegal y clandestina y, por ello, pueden ser devueltos legalmente a la concesionaria actual, solicitando el retorno a la tarifa fija. Todo, para no invertir en nada de lo que la publicidad pregona. No sólo ello: acosa a los usuarios con cualquier método para pretender cobrar incluso lo que sabe no le está permitido y, además, de modo extorsivo, como se puede demostrar fehacientemente.

Esta desgraciada realidad lleva a la siguiente constatación: a) amplitud poblacional suficientemente extendida; b) a la que se le pone en riesgo la satisfacción de un derecho humano fundamental como lo es el agua; y c) en el contexto de una política de estado que lo provoca, como plan político (¿sistemático?), y deja indefensos a los ciudadanos a quienes está para defender: se dan condiciones básicas y suficientes para una criminalidad, cuyo alcance debe ser investigado de manera perentoria por los señores fiscales del caso.

Estos funcionarios tienen el deber de estado y el deber moral de promover las demandas contra la sociedad anónima comercial Aguas del Norte y contra los responsables, tanto del Ente Regulador como de los gobiernos provinciales y municipales competentes y, además, dar cuenta en los hechos de que las instituciones están para defender los derechos humanos fundamentales, como primera razón de ser de su existencia. De lo contrario, incumpliendo los deberes de funcionarios públicos, subvierten su cometido, generando todo tipo de violaciones a un derecho humano fundamental y se hacen corresponsables de los delitos que dejan pasar, con el agravado de sumir al pueblo en una resignación opresiva que liquida la democracia, aún cuando se haga la farsa de votar según el cronograma. Nada digamos de la responsabilidad de legisladoras y legisladores en esta materia, lo mismo que de otros funcionarios judiciales que deberían poner en su lugar temas tan vitales como el servicio de provisión de agua.

Finalmente, dos palabras acerca del agua como derecho humano.

Primero, este derecho ha sido corroborado como derecho humano fundamental en la Observación General Nº 15 sobre los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 29º período de sesiones de la ONU (E/C.12/2002/11) con carácter vinculante para la Argentina, según la Constitución Nacional y, con ello, para la Provincia de Salta. Además, el 26 de julio del 2010, la ONU votó una declaración mediante la cual se explicita el carácter de Derecho Humano Fundamental del agua.

Segundo, se debe tener presente que los fines comerciales que definen a una sociedad anónima como Aguas del Norte son totalmente incompatibles con la satisfacción de tal derecho humano. Es de conocimiento mundial que reducir el agua a mercancía conduce a violar el derecho humano al agua.

El Estado salteño, lo decimos desde el 2009, ya no sólo concede que un negocio privado viole el derecho humano al agua, como en tiempos de Aguas de Salta, sino que ahora es el mismo Estado salteño el encargado de esa violación, “desde que llegó Aguas del Norte” y a través de Aguas del Norte.

Ahora bien, alguna prensa salteña acentuaba, hace muy poco, que el problema del agua radica en la falta de inversión. Ello lo denunciaba la Junta Promotora del Agua desde antes del 2004 y lo hizo siempre. Ahora nos lo pintan como si fuera una novedad.

Pues bien, esta falta de inversión, constitutiva de los fines comerciales que rigen Aguas del Norte, no es sólo un problema de cuentas, de economía o de finanzas; por encontrase en juego la vida –el agua es el alimento número uno- se trata, antes bien, de un estado de criminalidad, sin atenuantes. Entonces, cabe exigir la desarticulación de semejante aparato de muerte, de enfermedad, de sometimiento a los caprichos empresariales y todo tipo de violaciones y abusos, característicos de lo que también siempre denunciamos como Dictadura de las Aguas en Salta, y sustituirlo por un manejo del agua como servicio público, con intervención y control de los ciudadanos. Sin ello, sin una recreación que nos libere de semejantes vicios maléficos en el manejo del agua, no se puede garantizar la permanencia del bien común que es el agua ni, lo que es más grave, garantizar la vida, nada menos.