El ex senador Emilio Cantarero ya procesado en otra causa por presunto cobro de coimas al momento de sancionar la ley de flexibilización laboral deberá declarar ante el juez federal Sergio Torres, imputado de enriquecimiento ilícito. El ex legislador salteño deberá comparecer en la sede judicial de Comodoro Py 2002, el 12 de febrero de 2008 y en los días siguientes desfilarán su esposa, las hijas del matrimonio María Paola, Adriana María y María Soledad Cantarero, y el esposo de una de ellas, Sebastián Gameza.
El magistrado quiere interrogar a Cantarero y sus parientes acerca del patrimonio familiar, que según las fuentes, se nutre de numerosas propiedades urbanas y rurales, ocho automotores, participación societaria en cinco empresas y depósitos en divisas en bancos nacionales y del extranjero.
Todo ello fue amasado, presuntamente, mientras Cantarero era senador nacional y su esposa trabajaba por un sueldo de 3.500 pesos, según los informantes.
Cantarero es un peronista de Salta, amigo personal y funcionario del hoy vicepresidente del senado, Juan Carlos Romero. Su nombre cobró notoriedad nacional en 2000 cuando concedió una entrevista a la periodista María Fernanda Villosio y, según ésta, confirmó que hubo coimas en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral.
El juez federal Daniel Rafecas lo procesó, y la Cámara Federal confirmó ese fallo, por supuesto “cohecho” pasivo (cobro de coimas) en abril de 2000 a cambio de la aprobación de la ley de flexibización laboral, a la que en principio se oponía el bloque peronista que integraba Cantarero.
Por eso va a ir a juicio oral junto a los otros procesados: el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; los ex senadores Remo Costanzo (Río Negro); José Genoud (ex jefe del bloque de senadores de la UCR, Mendoza); Augusto Alasino (ex jefe del bloque, Entre Ríos); Alberto Tell (Salta), Ricardo Branda (Formosa); y Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario y confeso partícipe de la maniobra.
Esa reforma laboral fue aprobado por el Senado el 26 de abril de 2000 en base a un proyecto que motorizó el gobierno de De la Rúa (1999-2001) y las sospechas sobre la compra de votos legislativos por parte del Gobierno surgieron poco después de aprobada la ley lo que motivó la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez en octubre de 2000.
En ese expediente, el juez Rafecas tiene aún pendiente de resolución un fallo sobre el ex presidente Fernando De La Rúa.
- Fuente: Agencia DDN
