«Este título era impensable el 11 de abril, después de que Juan Manuel Urtubey fuera reelecto gobernador, con los votos reunidos por el conjunto de colectoras instituidas al solo fin de ganar elecciones y dominar hegemónicamente.
El 59% de los votos obtenidos no se refleja hoy en el ánimo de la gente en la calle. Lejos del slogan de campaña, Urtubey camina por los pasillos de Grand Bourg sin vos y sólo por él y los intereses del grupo de poder que integra. A sólo 60 de días del último acto electoral y a 6 meses de asumir, la situación provincial se ha tornado grave.
Los reclamos de las madres del paco, y de miles de ciudadanos sobre el avance del consumo de la estupefacientes en Salta, no han tenido como respuestas políticas públicas reparadoras hasta ahora. Todo lo contrario, “por azar”, los salteños han se han enfrentado con la nueva realidad de que aquellos que tienen que cuidarlos y defenderlos del flagelo de la droga, son quienes la trafican, y que aquellos que tienen que brindar la seguridad, amedrentan y torturan.
La ciudadanía asiste atónita a cómo el gobernador se despega públicamente de las responsabilidades de gobierno y de la de sus ministerios específicos. El ministro Pablo Kosiner y el secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, continúan en sus funciones, pese a que la banda de narcopolicías está formada por altos oficiales de la fuerza a los que el propio gobierno de Urtubey, sus ministros y secretarios, designaron.
El desapego del gobernador hacia políticas que enfrenten realmente el narcotráfico y garanticen la ausencia e impunidad de quienes gobiernan es evidente desde antes de las elecciones. La inasistencia de Salta fue nula para poner en marcha el plan de radarización, anunciado por el Gobierno Nacional en 2004.
En setiembre de 2009, fue el presidente de la Corte Suprema quien solicitó a los ministerios de Justicia de la Nación y de Salta que la frontera salteña cuente con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que transportan drogas ilícitas desde Bolivia. Un mes después, fue el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, quien advirtió sobre la “lluvia de droga” en el departamento de Anta, que caía sobre campos v vecinos desde las aeronaves clandestinas.
Recién dos años después, y tras tomar estado público la existencia de una banda de narcopolicías, los gobiernos nacional y provincial anuncian la intención de reemplazar el radar de Tartagal, emplazado en 2009, por otros seis, a los que se sumarían –siempre según los anuncios- 13 más para cubrir la extensa y vulnerable frontera salteña.
La inacción de los gobiernos respecto de la droga no se detiene en el nulo avance hacia una adecuada radarización. Corresponde añadir a esto la completa ausencia de políticas efectivas para la prevención de adicciones en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Ello constituye todo un dato a señalar, si se tiene en cuenta que nuestra provincia, según expresiones, del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, detenta la frontera con el narcotráfico más grande del país, con una extensión de 1.200 kilómetros, y se considera que el aumento de oferta de sustancias prohibidas hizo que la Argentina tenga hoy el más alto consumo de cocaína en escuelas secundarias de toda Latinoamérica. Más de 200 chicos mueren por mes en nuestro país a causa del consumo de drogas.
Los Centros Provinciales Barriales de la Capital salteña reciben entre 12 y 20 consultas de adolescentes por semana. En el 80% de los casos son niñas, niños y jóvenes de 14 a 25 años.
En tanto, el gobierno provincial tira cortinas de humo, enfrentándose contra el diario El Tribuno, sin asumir las políticas de lucha contra el narcotráfico, por la transparencia de los actos administrativos, por garantizar el imperio de la Justicia y por salvaguardar el bienestar de nuestros jóvenes».
- Documento del Comité Capital de la UCR
Fiman: José María Farizano, presidente; María Fernanda Justiniano, vicepresidenta; y los secretarios: Irene Cardozo, Héctor Flores, Armando Lucero y Carlos Ibarguren.
