(Buenos Aires, especial para Salta Libre) “El reloj avanza inexorable, los tiempos se acortan y el pescado sin vender”. Esta sensación despareja con respecto al tiempo es lo que llena de malestar al “nuevo” gobierno de Cristina, apenas a una semana de haber asumido. Si no fuera porque “el cambio recién comenzó” hace siete días, podríamos, considerar que nos encontramos frente a un gobierno en un franco estado de debilitamiento.
Al decir de los analistas políticos del establishment: “al gobierno de los Kirchner
(en sus dos versiones) lo ha caracterizado y lo caracteriza un elevado pragmatismo”. Este, se expresa sencillamente, en que el kirchnerismo fue capaz de establecer las más amplias alianzas para sostenerse en el poder; fruto de una abultada billetera “superavitaria” y de la desesperanza que recorrió la vida de los partidos políticos a partir de la crisis de 2001/02.
La herencia del argentinazo
El kirchnerismo, con una estructura de movimiento provincial casi feudal, puso en
práctica, ni bien llegado al poder, un conjunto de mecanismos reconocibles en el
funcionamiento de las instituciones manejadas por los Barones del azúcar en
Tucumán, los yerbateros del litoral o los tabaqueros del NOA. Un régimen de premios y castigos; de coptación de elementos pequeños burgueses desesperados por la crisis, y la irrupción de los sectores populares en la arena política; de una dilatada corrupción (“borocotización”) de la oposición, que no encontraba un norte frente a la desaparición de las estructuras partidarias que le daban cobijo, etc.
Contó a su favor: con una situación económica excepcional y con la virtual
desaparición de los partidos políticos tradicionales en el plano nacional.
El kirchnerismo fue el resultado de una crisis que, a diferencia de lo que
consideran los apologistas del régimen, no democratizó las estructuras sociales, al contrario, estableció un contrato social de características similares a su actuación provincial.
El kirchnerismo es producto de una crisis institucional y política cuya orientación
fue la de “feudalizar” las relaciones sociales bajo la cobertura de un
“nacionalismo o un latinoamericanismo” de corto vuelo.
La suma del poder público le fue cedida graciosamente, por el espanto que provocaron en las diversas fracciones de la burguesía las memorables jornadas de diciembre y enero de 2001/02. No fue una conquista democrática de un movimiento con identidad propia o con objetivos particulares que sirvieran para orientar al país en una dirección diferente a la que ya estaba establecida por gobiernos anteriores. El kirchnerismo, de esta manera no es el heredero del Argentinazo, ni de sus postulados democráticos. Fue y sigue siendo, una estrategia de la burguesía para enfrentar a las masas movilizadas en función de un reclamo no suficientemente desarrollado, en su momento, por los actores sociales intervinientes.
El 2007/08 muestra un cuadro diferente. La participación del movimiento obrero se estructura con fuerza, justo en el momento menos indicado para la aplicación de la política central del gobierno de “continuidad y cambio”: el Pacto social.
La más amplia alianza… paralizada
Como tenía que ser, “la más amplia alianza lograda por el kirchnerismo” se ha
transformado en la más amplia parálisis. Cristina Kirchner asume la presidencia en un cuadro de crisis nacional e internacional. Los acuerdos con la patota
cívico-militar, que le permitió sumar voluntades (fraudulentamente) en las últimas
elecciones no alcanzan para poner en pie su única estrategia política con vistas a
un proceso de gobierno de por lo menos 4 años; el Pacto social.
Los intereses que rodean a este pacto son los de convocar a una “pacificación
social” entre las filas del movimiento obrero, lo que permitiría dar garantías
jurídicas a los empresarios para que puedan tomar inversiones en el exterior, sin
que se vean afectadas por una “guerra de clases”. Estos acuerdos, se completan con la vuelta de la Argentina al sistema financiero internacional, una vez cumplidos los compromisos de pago con los organismos internacionales de créditos (FMI mediante) que de prosperar, producirían una baja en los índices del riesgo país y, como consecuencia de esto, una baja en las tasas de interés de los futuros prestamos hoy por hoy inaccesibles a los sectores económicos interesados.
El kirchnerismo “debe” limpiar varios frentes para que esto suceda; en principio
poner un corsé a los reclamos populares, para lo cual le resulta imperioso que las
burocracias sindicales se disciplinen al contenido de su política. Cosa, que por lo
menos hasta el próximo congreso de la CGT, en el mes de julio 2008, aparece como poco viable.
En el seno de la burocracia sindical se hace más que evidente una fenomenal crisis y enfrentamientos, que rememoran la posibilidad de un San Vicente de dimensiones más cruentas que el de octubre del 2006. De hecho ya se han empezado a contar muertos y baleados, en supuestos intentos de robos comunes.
La disputa interburocrática ha llevado a que se procese un movimiento en las bases de los diferentes gremios “duros”, donde los trabajadores intervienen con reclamos salariales que ponen en jaque ( con posibilidad de mate) todo el andamiaje del futuro pacto social.
A la conquista de un pago que va de 1000 a 3000 pesos adicionales, por el gremio de los mecánicos; se le suma el conflicto abierto entre los metalúrgicos, del cristinista Caló, que reclaman tres pagos de 500 pesos para compensar la perdida por inflación y que para conseguirlo llamarían a un paro nacional el próximo 27 de diciembre. Lo mismo, salieron a reclamar los obreros del Subte y los chóferes de colectivos.
Los trabajadores parecen haberle encontrado la vuelta al problema del Indec y, a
diferencia de los “consumidores”, no salen a boicotear hortalizas; hacen sus
cálculos en forma correcta y reclaman una compensación adecuada al costo de vida.
Hasta ahora el “pacto social” se vuelve una posibilidad únicamente entre los gremios que conforman la CTA. Esta central, que agrupa a los trabajadores peores pagos del país, ha decidido hundirse en el barro oficialista hasta los tuétanos.
Su principal vocero y representante Hugo Yasky ha declarado que el acuerdo con el pacto es total si, por supuesto, hace lugar a la discusión “sobre la distribución de la riqueza”. Yasky ha renunciado a la lucha por la personería jurídica
considerándola en segundo lugar entre las prioridades que hoy por hoy tiene la CTA.
En realidad, la única prioridad de esta central está en sostener al gobierno
kirchnerista, en contra de los reclamos de docentes, judiciales y empleados del
estado que surcan el país del sur al norte.
Del FMI al FBI
El kirchnerismo ha hecho de sus practicas de derecha, con un discurso que compense la alianza a sectores progresistas, todo un ritual que innegablemente le ha dado enormes resultados. Lo que no ha podido evitar es la lucha sin cuartel de las camarillas que lo integran y que lo corroe por todos sus poros. El pragmatismo político, que en definitiva no fue más que puro oportunismo, tiene una expresión económica conflictiva.
Cristina Kirchner, abraza la idea de una vuelta a las relaciones carnales con los
organismos internacionales de créditos. Antes de que algún “patriota” salga a
refutar que en esta oportunidad las relaciones no serán “carnales” sino dignas y
entre naciones; debemos recordar que con estos organismos no se queda, al final de la negociación, “un poquito embarazada”.
Las relaciones con el Fondo, con o sin monitoreo, significan una fuerte subordinación de los intereses nacionales al imperialismo. La valija no representa más que eso. Del lado del imperialismo, el aprovechamiento oportuno de un hecho que le permite meter mecha en la negociación con el gobierno. Del lado del gobierno nacional el griterío antiimperialista, que le permita conformar a los sectores que consideran la causa nacional, una causa de discursiva y de billeteras abultadas.
Tratar de transformar la causa de la valija en una causa antiimperialista es una
forma excesiva de hacer uso de la semántica; pero, de ninguna manera, una realidad de la “lucha por la liberación nacional”.
Detrás de la valija hay olor a petróleo, es cierto. Olor al empresario Enrique
Eskenazi como accionista de YPF, que pretende la “argentinización” de la petrolera española respondiendo a una estrategia que tiene que ver con la prórroga de los contratos de concesión, al estilo santacruceño y chubutense, de las concesiones a la Pan American Energy .
El imperialismo americano, que guerrea por petróleo en Irak y está a punto de
iniciar una guerra por los mismos propósitos en Irán, no cree que deba perderse un negocio tan lucrativo como la trasferencia de acciones de la principal petrolera del país, por una avivada de gallegos y pingüinos.
El FBI presiona a cuenta del FMI, en contra de las retenciones al campo y por una
jugada más efectiva por parte del gobierno para disciplinar a los que quieran
pasarse “a la vereda de enfrente”. El pragmatismo de los avivados, puede que conforme a los progres con la declamación de la “valija antiimperialista”, mientras vota leyes de emergencia al mejor estilo menemista o antiterrorista a pedido de Bush. De paso, cabe aclarar, que la Ley de emergencia económica votada por ambas cámaras la semana anterior, recoge antecedentes en el duhaldismo, pero fue Menem quien debuta con estas leyes para privatizar las empresas nacionales desde el ´95.
Las circunstancias que rodean al recientemente asumido gobierno de Cristina
Kirchner, nos hacen pensar seriamente en cuanta razón tenia la candidata en la
campaña electoral al gritar, con el puño crispado, “que el cambio recién comienza”
Daniel Cadabón
Columnista Político
