Según una publicación de Nuevo Diario de Salta, la causa comenzó por la denuncia presentada por los entonces diputados provinciales Fanny Velarde, Marcelo Lara Gros, Teodoro Bécker, Héctor Romero, Virginia Cornejo, Fabián Vittar, Oscar Villa Nougues y Raúl García ante la Procuración General de la Provincia a partir de las conclusiones del informe elaborado por la Auditoría General de la Provincia sobre la Auditoría de Legalidad Financiera y de Gestión efectuada en la sociedad del Estado Sede Mundial Siglo XXI formulándose 86 observaciones legales y técnicas.
En esta causa también estaba involucrado Julio Castillo, quien fue sobreseído por extinción de la acción penal. Palópoli, Martos y Castillo, fueron designados por decreto provincial 1851 mientras que Ibire fue designado como Gerente General de la sociedad del estado Siglo XXI.
De la ejecución de 2003 surgieron omisiones sobre todo en la exposición de los ingresos. El accionar configura el ilícito de peculado. El delito de peculado requiere la sustracción de caudales o efectos cuya dministración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo al funcionario al que se impute tal proceder. El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es de aquellos en los que el dolo resulta esencial para su configuración.
En la misma resolución de procesamiento, el Juez dispuso la libertad provisoria de los procesados. La resolución todavía puede ser apelada, es decir no se encuentra firme.
En los útimos años de la gestión de Romero, Fernando Palópoli se desempeñó primero como secretario de prensa y luego como vocero gubernamental. En la actualidad cumple el papel de vocero del actual senador nacional.
Los imputados apelarán
La defensa de Fernando Palópoli prepara la apelación para ser presentada ante el juzgado de José María Alvarado Solá, basado de acuerdo a sus dichos “en la convicción personal y profesional que nunca existió faltante de dinero”.
Así lo expresó Blanca Chacón Door, señalando que el recurso está basado en que nunca hubo peculado en la Sociedad del Estado, teniendo en cuenta que el informe de Auditoría tampoco lo consideró así.
En este sentido la abogada aseguró que los peritos actuantes tampoco demostraron que existiera esa faltante, “para mí es algo demencial confundir peculado con un problema de asientos contables”.
La diferencia estaría basada en que el presupuesto considera a la Sociedad del Estado como una entidad pública mientras que en el balance se lo considera como una sociedad privada.
En esa sociedad privada faltó consignarse lo que se gastó en la construcción del Martearena. “Esto es un problema contable, que el juez no lo entendió nunca”, dijo Chacón Door.
La apelación si bien ya estaría lista para ser presentada, se supo que la defensa se tomará un tiempo y que la ley le permite para incluír la mayor cantidad de antecedentes
- Fuente Nuevo Diario de Salta
