El Senado provincial, en su sesión del jueves 14 de agosto, volvió a incurrir en un nuevo acto de protección del abominado juez de corte, Gustavo Ferrari. Pese a las innumerables denuncias de irregularidades en su nominación como integrante del máximo tribunal provincial, la Camara alta había ratificado recientemente ante un pedido de la justicia, que el proceso de nominación ultimado durante los momentos finales del gobierno de Juan Carlos Romero, se realizó respetando todas las normas y exigencias que establece la Carta Magna.
Esta vez, la mayoría justicialista rechazó un pedido de la senadora radical, Silvina Vargas, para que se remita al cuerpo los antecedentes de la auditoría realizada durante la breve gestión del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos, sobre la gestión de Ferrari como secretario de Seguridad durante el anterior gobierno.
La auditoría había sido remitida a la justicia ante “la posible comisión de delitos” y el fiscal Eduardo Barrionuevo, consideró que existían elementos como para iniciar la acción penal. La causa recaló en el juzgado del doctor Martín Pérez, quien se excusó, derivándose el expediente hacia el juez de Instrucción, Esteban Dubois. Este magistrado, a su vez reenvió los contenidos de la auditoria al Fiscal de Estado, para que estableciera la existencia de posibles daños a la administración pública. La continuidad de la investigación podría someter a Ferrari a un proceso de juicio político ante la eventual –y también inédita- posibilidad de ser citado a prestar declaración indagatoria por el magistrado actuante.
La auditoría, plasmada en la resolución 418 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, fechada el pasado 10 de junio y a la cual tuvo acceso esta columna, se realizó sobre un proceso de contratación para la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en la zona de la Terminal de ómnibus por un monto cercano a los 500 mil pesos, cuyo pago fue suspendido por orden del renunciado Juarez Campos ante las innumerables irregularidades administrativas detectadas.
Entre otras cosas, se determinó que las obras ya culminadas por la empresa Infinito SA, comenzaron sin que se hubiera dictado el pertinente instrumento legal que declarara la necesidad del proyecto y sin que fundamentalmente se hubiera llamado a licitación pública como lo establecen las normas de contratación provinciales. El informe se explaya generosamente sobre otras anomalías como que la empresa no estaba registrada como proveedor del Estado y que nunca se remitió el contrato a las unidades operativas de la Administración para que se concediera la autorización pertinente.
La auditoría concluye que el reclamo de pago por las obras concluidas, por parte de la empresa Infinito S.A, “refuerzan la conclusión de estamos ante un procedimiento irregular y viciado en forma grosera”. En el estudio se reseña que la idea de instalar cámaras de seguridad en la zona de la terminal, había sido acercada a Ferrari por Javier González, en setiembre del año pasado, como representante de Infinito SA, un vinculo que según el propio informe, tampoco pudo acreditarse.
En la propuesta se ofrecía una “solución llave en mano” en el marco de la incorporación de tecnología llevada adelante por el gobierno de entonces en el área de seguridad. Por eso sostenía que al sistema de monitoreo instalado en el centro y en el corredor de la Balcarce, se podía sumar este otro sistema con tendido de fibra óptica, garantizando una serie de ventajas, como que luego de su instalación, todo el sistema sería de propiedad del Estado. El precio final se estableció en $464.351,70, con IVA incluido, fijándose como forma de pago un 40 por ciento a la firma del contrato y 60 por ciento contra entrega de la obra terminada.
Las eventuales responsabilidades penales y administrativas por llevar adelante el proyecto no recaerían sólo en el apolíneo y reaparecido juez de Corte, sino también, según señala la resolución ministerial, en la línea contable y jurídica que debería haber advertido tales anomalías.
Mientras tanto, la reciente y masiva rebelión policial, levantada luego de que el gobierno les ofreciera el equivalente a una docena y media de medialunas o una grande de muzzarela, se cargó consigo la gestión de Juàrez Campos y las del secretario de Seguridad y el jefe de Policía. Para algunos, fue muy significativo que los policías eligieran este momento para “autoacuartelarse”, y dejar expuestos al ministro y demás autoridades del área ante una supuesta “imprevisión” del malestar de la fuerza y las medidas de fuerza adoptadas posteriormente.
La presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey en el centro policial Sargento Suárez, minutos antes de que los agentes se trasladaran desde los galpones del 911 hasta la sede de la mutual, impresionó por la actitud expeditiva del primer mandatario “de no andar perdiendo tiempo” para resolver la cuestión. Esa noche, Urtubey pareció molesto con la aparición en el lugar de los funcionarios del área, entre ellos el propio Juárez Campos. “Pucha, hay mas funcionarios que policías”, le habrían escuchado decir.
Lo cierto es que la “rebelión” se diluyó tres días después con un mínimo aporte al sueldo básico, un adicional para el uniforme y otros ítems, que ya habían sido anunciados como incremento para toda la administración pública. El fin de semana siguiente se conocieron las anunciadas “renuncias” de Juárez Campos y del secretario de Seguridad, Carlos Skaff (Gerardo González, el ex jefe de policía, dijo desde un principio del conflicto que su renuncia siempre estuvo a disposición del gobernador) y horas después se supo que sus reemplazantes serían dos referentes excluyentes del romerismo: Pablo Kosiner y Aldo Rogelio Saravia, respectivamente.
Los verdaderos antecedentes de Kosiner
Para aquellos acostumbrados a bucear mucho mas en el fondo de los hechos, mas allá del retorno de los “muertos vivos” y el pulgar arriba del padrino, el operativo de rescate de Ferrari se cerraba definitivamente con aquellas designaciones. Kosiner fue uno de los mas vehementes, revulsivos e irritantes referentes del romerismo durante toda su gestión.
Bajo su imagen condescendiente y amable, se le infló la vena cada vez que debió defender los actos mas cuestionados del anterior gobierno. “Pablito”, como lo llaman algunos de sus compañeros y conocidos, defendió hasta último momento la permanencia en la Cámara de Diputados de Hugo Aparicio, sospechoso de ser uno de los autores ideológicos del crimen de Liliana Ledesma. Justificó los violentos desalojos de San Expedito y Divino Niño, acompañó el pedido de Eduardo Abel Ramos, para que se suspendiera la ley de creación del Colegio de Enfermeros, algo que no había conseguido Ramos ni en la de autoridades ni ante la justicia, y fue el principal hostigador contra los reclamos docentes. Renunció a ser diputado para asumir como ministro de Gobierno de Walter Wayar, pero la derrota del vicegobernador lo dejó sin trabajo. Aunque enseguida, sus pares justicialistas le crearon un cargo en el Senado, desde donde fue rescatado para sumarse al gabinete “como parte de un gobierno plural”, según las palabras del propio gobernador.
Saravia, como titular del Ministerio Público, jamás inició de oficio una causa que pudiera involucrar a funcionarios del anterior gobierno en hechos de corrupción y obligó a los fiscales a la absurda obligación de no escuchar radio ni a leer diarios, como para no contaminarse con la realidad.
El dia en que ambos prestaron juramento, Gustavo Ferrari hizo su reaparición pública en el Centro de Convenciones del Grand Bourg. Se lo pudo ver muy sonriente y distendido, junto a otros ex funcionarios, como el ex ministro de Gobierno, Manuel Brizuela, aplaudiendo como pocos el “si, juro” del flamante ministro.
Héctor Alí
Periodista
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Nota publicada en www.nuevodiariodesalta.com.ar
