El ex juez Federal Raúl Reynoso finalmente fue detenido y quedó alojado en la delegación Salta de la Policía Federal, a la espera de ser trasladado a la cárcel de General Güemes, en un sector de máxima seguridad. La foto que publicaron todos los medios del país, impacta y habla por sí sola.
Hasta el viernes 29 de abril fue juez federal de San Ramón de la Nueva Orán. Durante 11 años tuvo bajo su jurisdicción la frontera caliente del contrabando de cocaína. El juez ahora procesado llegó el sábado 30 de abril, esposado y escoltado por dos uniformados armados a la Delegación de la Policía Federal en Salta, donde pasó su primera noche preso.
La prisión preventiva ya le había sido dictada por ser considerado jefe de una asociación ilícita que, por medio de resoluciones judiciales y a cambio de dinero y bienes, presuntamente beneficiaba a narcos. Reynoso había sido procesado el 30 de noviembre pasado por el juez federal de Salta Julio Bavio, pero como juez tenía inmunidad y fueros que impedían hacer efectiva la medida.
En los fundamentos de la resolución del viernes pasado, donde ordenó la detención de Reynoso, el juez Bavio explicó que hay fallos de primera y de segunda instancia donde se sostiene que existen riesgos procesales que «permiten concluir que es indispensable que [el acusado] permanezca en prisión preventiva mientras dure el proceso». Uno de los riesgos procesales fue el tratamiento «hostil de Reynoso hacia los testigos de la causa».
En marzo pasado, los jueces Luis Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Sola y Guillermo Elías, de la Sala I de la Cámara Federal de Salta, confirmaron el procesamiento. A mediados de abril, Reynoso presentó su renuncia ante el subsecretario de Relación con el Poder Judicial de la Nación, Juan Mahiques.
El jueves 5 de mayo debía comenzar el juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado se publicó en el boletín oficial que el presidente Mauricio Macri aceptaba la renuncia: Reynoso dejaba de ser juez a partir del primer minuto del viernes 29 de abril.
Ese mismo viernes el juez Bavio, rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por el abogado defensor de Reynoso, Federico Magno, y ordenó su detención, que sólo se podía hacer efectiva desde sábado 30 de abril, cuando el acusado perdía los fueros que tenía como magistrado.
La información indicaba que Reynoso fue detenido a primera hora de la mañana del sábado. No obstante otras versiones explicaron que Reynoso se entregó voluntariamente en una dependencia de la Gendarmería Nacional en Salta, donde se formalizó la detención, y que luego se lo entregó a la PSA.
La investigación contra Reynoso fue hecha por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, que está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
«Ha quedado cabalmente demostrado que el juez federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura como único magistrado actuante en materia de narcotráfico, con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas por infracción a la ley 23.737 [de estupefacientes], exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal», afirmaron los representantes del Ministerio Público en un dictamen del año pasado, cuando pidieron que el sospechoso fuera indagado.
Cuando lo procesó, Bavio le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 15.000.000 de pesos. «Con el ropaje de una actividad lícita inició su actividad criminal este grupo liderado por el juez Reynoso, quien al aprovechar su actuación en las causas en trámite exigió dinero y otras dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a imputados de delitos relativos al tráfico de estupefacientes.
Ese quehacer ilícito se desarrolló en el marco fronterizo descripto, en el cual el excesivo trabajo en materia penal es una realidad palpable que fue utilizada sistemáticamente por Reynoso como pantalla defensiva para justificar cualquier pronunciamiento», había sostenido Bavio en su resolución.
Este juez sostuvo, también: «En los casos detectados, los bienes y la libertad de las personas quedaron a merced del magistrado, quien seleccionaba los asuntos en función de la magnitud económica que evidenciaban para establecer el monto en dinero u otra dádiva, que eran requeridos para emitir la resolución favorable».
Para el juez Bavio, Reynoso cobraba a sus imputados «una tarifa, que puede considerarse estándar, de $ 500.000», aunque «en otros casos las sumas habrían sido sideralmente mayores». Se cree que, para beneficiarlo y permitirle evitar quedar preso en Salta, le habría cobrado US$ 350.000 al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, capo de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina. Otro sospechoso le habría entregado un campo de unas 700 hectáreas, según la acusación.
- Fuente: diario La Nación