El ex dirigente montonero Roberto Cirilo Perdía aseguró ayer que el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone fue parte de una campaña preparatoria para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En igual sentido se expresó el diputado nacional Marcelo López Arias, quien aseguró que tanto este crimen como el homicidio del dirigente sindical tabacalero Guillermo Alzaga, asesinado a fines de 1975, tenían por objetivo “descabezar a la sociedad que podía oponerse a la dictadura” militar.
“Yo creo que el secuestro de Miguel Ragone tiene que ver con toda esta campaña” lanzada en todo el país preparatoria del golpe de Estado, afirmó por su parte Perdía.
Sostuvo que la Triple A se formó al servicio de los intereses de la Doctrina de Seguridad Nacional pergeñada por los Estados Unidos para combatir a las organizaciones sociales que podían oponerse a las imposiciones de sectores económicos financieros. En ese contexto recordó que el embajador de Estados Unidos en la Argentina, cuando se inició el golpe, era Robert Hill, el mismo que en 1972 fue embajador en España, donde se habría conocido con Jorge López Rega, la mano fuerte de la Triple A. Perdía afirmó que “desde siempre la Triple A tuvo algún tipo de coordinación” con miembros de las Fuerzas Armadas y las policías.
Perdía confirmó que el movimiento Montoneros, que estaba organizado con regionales, tenía representación en esta parte del país. La Regional NOA estaba constituida por Tucumán, Salta y Jujuy. Si bien tenía su sede en Tucumán, “el vínculo más fuerte era con la provincia de Salta y con su gobernador Miguel Ragone, a quien defino como amigo de la organización”, sostuvo.
Añadió que el de Ragone era parte de un grupo de gobiernos próximos a Montoneros, aunque aclaró que cuando se lo invitó a integrar el Partido Auténtico (en el que estaban otros gobernadores como Jorge Cepernic, Alberto Martínez Vaca, Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano), “Ragone eligió continuar en el PJ” porque “creía que podía dar esa pelea dentro del PJ”. El Partido Auténtico fue fundador de Montoneros.
Consultado sobre los dirigentes de Montoneros en Salta, recordó al dirigente rural Felipe Burgos, que fue funcionario de Ragone, y a Carlos Urrutia. Asimismo, recordó que Carlos Yaguer era el coordinador regional. Y eran “compañeros en Salta, (el ministro de Gobierno Enrique) Pfister (Frías) y Gerardo Bavio (intendente de la ciudad capital).
El dirigente desmintió también que Montoneros haya enviado alguna vez un comunicado atribuyéndose el secuestro de Ragone. Cuando le mostraron un comunicado que consta en el expediente, dijo que “es mentira” y que es idéntico a los que se difundieron en el caso de las monjas francesas, en 1977, y en el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, en 1974. “El método se corresponde al terrorismo de Estado. A la estructura de inteligencia que siguió operando luego del golpe», afirmó.
Los que sabían todo
López Arias por su parte sostuvo que en esos años el jefe de Policía, Miguel Gentil, y el jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, que están siendo juzgados ahora, conocían todo lo que ocurría en la provincia. “En esa época no había ninguna duda de que en Salta no se movía una mosca sin que tuvieran conocimiento Gentil y Guil. Tenían poder absoluto”, aseguró.
Añadió que el secuestro de Ragone provocó una conmoción porque se trataba de una persona muy reconocida.
Insistió en que Guil era el hombre fuerte de la Policía, al punto tal que los magistrados que asumían solían ir a saludarlo. Y que las personas que sufrían la detención de un familiar iban “a pedirle clemencia a Guil”. Afirmó que el entonces jefe de la Policía Federal, Federico “Liviy, actuaba muy estrechamente con Guil y Gentil”. “Creo que había un trabajo en equipo”, aseguró.
Dijo que por entonces existía una inteligencia sobre todas las personas, que había amenazas y enumeró personas que sufrieron atentados con bombas en sus domicilios.
Ayer también declaró el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia, Oscar Guillén. Igual que a López Arias, se lo interrogó sobre la aparición del ex policía Víctor Hugo Viltes, que afirma haber participado del operativo de secuestro de Ragone.
Contrapunto entre dos ex jefes
El ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, rompió su silencio en el juicio que se le sigue por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone para cruzarse con el ex dirigente montonero Roberto Perdía, que estaba declarando como testigo en el reinicio de las audiencias en la Ciudad Judicial, a cargo del Tribunal Oral en lo Federal de Salta.
A través de su abogado, el defensor oficial Federico Petrina, Menéndez, que siguió el juicio vía videoconferencia, pidió interrogar al testigo, ya sobre el final de la declaración. Quería repreguntarle sobre los dichos de Perdía acerca de que la Triple A fueron una avanzada del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976.
“¿Las Tres A estaban organizadas desde el gobierno de Isabel Perón?”, atacó ni bien se le concedió la palabra. Con algunas dificultades para oírlo (por las deficiencias del audio de la conexión), Perdía contestó reiterando conceptos: “Las Tres A estaban por encima del gobierno de Isabel Perón”, estaban al servicio de la Doctrina de Seguridad Nacional que aplicaba Estados Unidos a través de su secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger.
“¿Cuándo tuvo que renunciar López Rega?”, quiso recordar Menéndez.
El dirigente montonero volvió otra vez a sus dichos. El ministro de Bienestar Social José López Rega, líder de la Triple A, tuvo que renunciar a su cargo como consecuencia del rodrigazo, el ajuste lanzado por Celestino Rodrigo, el tercer ministro de Economía del gobierno de Domingo Perón y María Isabel Martínez de Perón. Estas reformas económicas, que dispararon la inflación, provocaron el descontento generalizado de los trabajadores y los sindicalistas convocaron a huelgas generales que a su vez empujaron a la presidenta a cambiar su gabinete. López Rega salió del país en julio de 1975.
“No, yo le voy a decir…”, empezó Menéndez a discutir los dichos del testigo. Afirmó que la renuncia del conocido como “Brujo” se debió a una denuncia del general Leandro Anaya, que era jefe del Ejército. Luego interrogó a Perdía sobre sus afirmaciones acerca de que hubo una connivencia entre la Triple A y las Fuerzas Armadas y, tras la reiteración del testigo, el represor insistió en que un miembro de estas fuerzas fue quien denunció al escuadrón de la muerte. Perdía le aclaró que no hablaba de todo el Ejército, y añadió, como un dato más de esa connivencia que, cuando ya los militares detentaban todo el poder, luego del golpe del 24 de marzo de 1976, no se esclarecieron estos crímenes: “La no investigación de los crímenes de las Tres A por parte del gobierno militar es un dato por todos conocidos”, remató.
“No, señor, usted confunde las fechas”, se confundió Menéndez. En ese punto lo sacó de quicio un planteo del abogado David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (que pidió que si el acusado iba a hacer declaraciones políticas se permitiera a las partes interrogarlo): “¿Quién me está interrumpiendo? ¿quién me está interrumpiendo? ¿quién me está interrumpiendo?”, casi gritó Menéndez mientras la presidenta del Tribunal, Liliana Snopek, aseguraba que se le iba a permitir seguir el interrogatorio.
Menéndez volvió a la carga: “¿Qué investigación hubo antes de marzo de 1976?”- Perdía reiteró que si antes no había prosperado la denuncia de Anaya (en realidad un pedido de investigación realizado por el jefe de Granaderos, el coronel Jorge Felipe Sosa Molina), luego del golpe tenían toda la posibilidad de investigar a la Triple A. Y no se hizo.
- Elena Corvalán
Periodista
Cobertura especial