Si quedaban algunas dudas sobre el regimen autoritario que el gobernador impone en Salta y también sobre su ideal de una provincia bajo su poder absoluto, se despejaron con el juicio al periodista Sergio Poma. Lo demuestran sus jueces adictos y apoderados que lo defienden con leyes propias de la cruenta dictadura. Hoy queda claro que este mandatario de alguna manera lleva adelante un proceso totalitario al que Noam Chomsky llamó «la canibalización de la información». Romero lo hizo y lo hace hace 12 años a través de un bombardeo publicitario. «Es lo que la propaganda a las dictaduras».
A esta altura del gobierno de Romero los hechos de la realidad lo situan en este régimen. Su omnipotencia se refleja a través de los mecanismos de dominio de la «comunicación». Los manejos de la Justicia, la captación de un periodismo adicto a través de su Secretaría de Prensa (hoy manejada por su secretario Ivan Romero). Y también mediante las «buenas noticias» que difunden el 90% del «periodismo romerista».
Su proceso de «canibalización de la información» se da a través de la marginación de las organizaciones sociales de los centros con poder de decisión política y en el mantenimiento de la ignorancia sobre la realidad a esa opinión pública.
A casi 12 años de su gobierno este esclarecimiento del régimen instaurado en Salta por Romero tuvo lugar en el marco de un absurdo juicio a un periodista. Por todo lo que se dice de él en la escasa prensa opositora local -hoy ya lo sabe todo el país- Juan C. Romero consideró necesario hacer entender a todos los periodistas que debemos tener límites.
Romeró habló a través del fallo
Desde las sombras de su poder absuluto, ayer habló a traves del fallo del juez y en todo el proceso contra Poma, por intermedio de su apoderado Dario Palmier. Está claro que no pretende otra cosa que una condena ejemplificadora a la prensa, con mordazas legales y un pedido de prisión para todos los periodistas que se atrevan contra él.
Su mensaje quedó claro también con el «juicio a la opinión», porque en los pedidos de condena que hizo, su apoderado no dijo expresamente que la condena es para escarmentar a Sergio Poma, sino «para escarmentar a la prensa».
Aunque todo indica que la condena de un año de prohibición para ejercer el periodismo a Poma podría ser revocado según anticipó el prestigioso abogado constitucionalista y asesor legal de ADEPA, Gregorio Badeni, esta sentencia marca un antecedente sobre el «déficit democrático» que no deja de profundizarse en en Salta, porque además se intenta cercenar la libertad de trabajo y expresión de un periodista; y va en contra de todos los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Escarmiento a la prensa
Los pedidos de condena del apoderado de Romero y luego el dictámen del Juez, fueron bastantes duros. El abogado de la defensa Pedro García Castíella puso en alerta que algo grueso se estaba pasando por alto y muchos le dieron menos importancia de lo que merece el tema.
El apoderado en nombre del gobernador, más allá de la dureza de su pedido de prisión dijo siguiendo instrucciones expresas de quien le da el mandato en el juicio, «que el movil o la intención de pedido de pena efectiva, era una suerte de escarmiento a la prensa, es decir ponerle límites a la prensa».
Castiella remarcó que «Romero no es un querellante cualquiera, sino el gobernador de la provincia y de una sociedad democrática, donde el beneficiario de esa libertad de expresión es el ciudadano mediante su elección de decidir como accede a la información».
La Constitución Nacional habla sobre el derecho a la libertad de expresión y a publicar líbremente las ideas, como concepto escencial básico porque es la única herramienta que tiene el ciudadano elector para elegir de tal o cual manera. «Si se lo priva de esa información se lo está privando del acceso escencial a los medios que tiene para la elección de los gobernantes», observó García Castiella.
No es un dato menor subrayar que el apoderado de Romero, basó su alegato en fallos de la corte de EE.UU del año 64 y fallos de la Argentina de la época militar del año 81. La defensa de Poma salió de una audiencia consternado porque se mencionó a Enrico Ferri y se lo ponderó como un gran maestro. García Castiella opinó que nombrarlo a Ferri «es lo mas triste y lamentable que se puede citar en terminos penales. Es como citar a al dictador Jorge Rafael Videla, como a un precursor o un maestro o generador de principios. Es lo mas rancio de la escuela positivista criminológica junto con Lombrozo y Garófalo, que son quienes vieron con buenos ojos el nacimiento facismo«.
Del positivismo criminológico
Y para que se entienda mejor explicó que «el positivismo criminológico habla de penar o criminalizar a la persona por lo que es y no por lo que hace. Esto es peligrosismo. Es decir que una persona determinada es delincuente porque nace delincuente, no por que se hace delincuente.
Abraza la teoria de que la persona es irrecuperable por si misma, y que si nace delincuente se puede llegar a justificar algun tipo de pena por una cuestión genética. Es un pensamiento perimido obsoleto y realmente me llamó la atención que se haga esta fundamentación en el nombre de un gobernador de la provincia, que no es cualquier persona», sostuvo.
En definitiva, el gobernador pidió prisión efectiva por informar o por cometer lo que según muchos no sabíamos y que hoy sabemos, es «un delito de opinión». Es decir, no se lo quería condenar por un crimen, homicidio, robo o estafa; sino por cometer un insólito delito: «el de opinar».
El constitucionalista Dr. Gregorio Badeni dijo algo más preciso y que ya es una verguenza para el juez Héctor Martinez. Sostuvo ayer en el diario La Nación que es inconstitucional el fallo contra Poma y que puede ser considerado inviable una inhabilitación profesional dispuesta por el magistrado, dado que un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó que «los jueces no pueden aplicar sanciones accesorias, porque lesionan los derechos de libertad de expresión y de trabajo».
Esta sentencia se dictó, además, en momentos en que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene bregando por la despenalización de la figura de los delitos de calumnias e injurias en América latina, en hechos que están referidos a funcionarios públicos.
Jueces de la dictadura
Otra de las opiniones que mereció la consideración y tampoco no se quiso pasar por alto al redactar esta nota, fue la de la militante de los Derechos Humanos, Blanca «Nenina» Lezcano, quiense mostró indignada y dijo al concer el fallo, que: “el Poder Judicial es el único que viene intacto de la dictadura militar y no tuvo su debido proceso de depuración como pasó en con la iglesia y las Fuerzas Armadas».
Estos conceptos fueron rescatados de la maraña de información que generó este «juicio a la opinión», llevado adelante por un gobierno que a punto de terminar su mandato, se puso en blanco sobre negro. Es lo más parecido a una institución tiránica o totalitaria y no le tiene miedo al ridículo, lo que en cierta forma es también macabro.
¿Estrategia macabra?
Con este juicio la imagen de Romero con lo que publicó toda la prensa del país, se degrada por las actuaciones absurdas que tuvo en el juicio. Su estrategia se «boluda» o macábra, o quizás ambas a la vez. A Romero no parece interesarle tener que rendir cuentas al público, ni a la sociedad, a la prensa. Actúa como un Estado totalitario y depredador con una sola meta: absorver toda la riqueza posible del pueblo.
En una entrevista de Chomsky concedida al diario Le Monde Diplomatique, un periodista le pregunta: ¿Como funciona el control del pensamiento totalitario en una sociedad democrática?.
Su respuesta fue: «El sistema de control de las sociedades democráticas es muy eficaz; admnistra casi imperceptiblemente la línea directiva como el aire que respiramos. En el fondo es infinitamente más eficaz que los sistemas más totalitarios», concluyó.
