La revocación se produjo a raíz del reclamo de un condenado por narcotráfico y homicidio que no fue convalidada por un juez revisor. Sin embargo, como una solución se dispuso flexibilizar horarios y accedió a que el interno tenga contacto físico con sus parientes bajo una fuerte vigilancia.
El juez federal Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, en una audiencia de revisión, ratificó el lunes 25 de agosto la constitucionalidad de dos resoluciones dictadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPLAR).
El magistrado hizo lugar a una impugnación interpuesta por el fiscal general Carlos Martín Amad con funciones en el ámbito de Ejecución y Sentencia, en el marco del reclamo realizado por el interno Ricardo Raúl Rojas, condenado a 11 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Los reclamos sobre el régimen
En Salta se presentaron varios reclamos contra el régimen carcelario establecido para presos de alto riesgo, argumentando que las condiciones de detención violan derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Los quejosos denunciaron situaciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada y condiciones inhumanas que afectan la integridad física y psicológica de los reclusos.
Los reclamos fueron impugnados a través de acciones judiciales por parte de defensores de derechos humanos y abogados de los internos. Se argumentó que la legislación vigente y el régimen penitenciario se oponían a los principios de dignidad y rehabilitación, que son pilares del sistema penitenciario argentino. Asimismo, se solicitó la revisión de ciertos artículos de la normativa que permitían estas condiciones.
Los tribunales de Salta revisaron el caso, considerando argumentos de ambas partes y analizando la legalidad y la constitucionalidad del régimen penitenciario. Se evaluó si el trato a los presos cumplía con los estándares establecidos por la Constitución y convenciones internacionales. La resolución judicial reconoció que ciertas prácticas infringían derechos humanos básicos, lo que abrió la puerta a reformas en la gestión carcelaria.
El resultado y la solución
Como resultado de la resolución, se establecieron compromisos por parte del gobierno provincial para mejorar las condiciones carcelarias. Estas soluciones incluyen la planificación de reformas en la infraestructura de las prisiones, la implementación de programas de capacitación para el personal penitenciario en materia de derechos humanos, y la creación de mecanismos de monitoreo para asegurar que se respeten los derechos de los internos. También se vislumbró un enfoque en la rehabilitación de los reclusos, promoviendo su reintegración social.
La situación en Salta respecto al régimen carcelario para presos de alto riesgo refleja un conflicto entre la necesidad de seguridad y el respeto por los derechos humanos. El proceso judicial y los subsiguientes compromisos de mejora son pasos hacia un sistema penitenciario más humano y acorde a los estándares constitucionales.
