Gremialistas y periodistas pidieron al Procurador General Aldo Saravia accione penalmente contra el gobernador Juan Carlos Romero, el Ministro de Hacienda Javier David y el actual candidato a senador Fernando Yarade por la registración contable de la hacienda pública a través de un «Proyecto de Ley de Administración Financiera y un presunto «Proyecto de Decreto Reglamentario», dos instrumentos apócrifos supuestamente legales que no existen y no tienen estatus de ley, pero se viene utilizando desde hace cuatro años.
Se comprobó que en Salta la Justicia actúa rapido cuando se trata de condenar a los periodistas. Ahora se podrá constatar si ocurre los mismo con las denuncias contra los funcionarios públicos.
El lunes ingresó un pedido de acción penal a la oficina del Procurador General de la Provincia del lunes último y fue presentada por Miguel Rojo el secretario general, Néstor Vargas y Sergio Ibarra, secretario adjunto y secretario de organización respectivamente, de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial (ATAP), y por los periodistas Sergio Poma (FM Noticias), José Acho (Salta Libre) y Miguel Brizuela, (Salta 21).
Los actuantes pidieron al Procurador Aldo Rogelio Saravia, que se investigue penalmente al gobernador Romero, al actual candidato a senador nacional Fernando Yarade y al ministro de Hacienda, Javier David y candidato a vicegobernador por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
La acción formal se promovió como «noticia criminis» ante el Procurador encargado de investigar la» posible comisión de un acto irregular» o un «ilícito». Este supuesto sistema apócrifo de registración contable se instrumentó «en los primeros días de 2004» y continúa en la actualidad; es decir que «hace virtualmente cuatro años que se está llevando a cabo este manifiesto ilícito, y con la permisividad y/o connivencia de los órganos de control constitucional y legal competentes en la materia», la Sindicatura General de la Provincia, la Auditoría General y la Comisión Bicameral que examina las cuentas de inversión.
Los denunciantes recuerdan que ni bien tomaron conocimiento de esta situación, en enero de 2006, informaron al gobernador y luego a representantes de los órganos de contralor. Afirman ademas que la norma que rige el manejo administrativo financiero de la hacienda pública provincial es la ley de contabilidad (decreto 705/57 y sus modificatorios) «aún legalmente vigente».
En ese marco, la ley de administración financiera no pasó de ser un mero proyecto de legislación. Sin embargo, en enero de 2004 el entonces ministro de Hacienda, Fernando Yarade, puso en funcionamiento el Sistema de Administración Financiera (SAF) previsto en el proyecto de ley. Para los denunciantes, es «suspicaz» que en estos casi cuatro años el Poder Ejecutivo «no haya tenido iniciativa de ninguna naturaleza para que se apruebe de forma regular, legal y legítimamente la presunta ley de administración financiera», y tampoco intentó normalizar esta situación con un decreto de necesidad y urgencia.
También señalaron como «inadmisible» que todavía la Legislatura no haya podido tratar, aprobar o desechar, las cuentas generales de los ejercicios económicos 2004, 2005 y 2006 . «Una casual coincidencia con la supuesta vigencia de la hipotética ley de administración financiera», aseguraron.
La actuación solicita al ministerio público, disponga los mecanismo constitucionales y legales establecidos en función de su competencia y se promueva la Denuncia Penal en contra de los que a priori serían responsables por los delitos tipificados en el Articulo 54 de Concurso de Delitos, ade Asociacón Ilicita, Articulo 210, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, Articulos 248, del Código Penal de la Nación y/o los que se considere confirgurados.
El expediente presentado al Procurador Aldo Saravia contiene más de 100 páginas, con la documentación, los fundamentos, los instrumentos públicos apócrifos, la solicitud de investigación y fotocopias de las publicaciones de diferentes medios, denunciandos los supuestos ilicitos cometidos con el manejo de las cuentas públicas.
