El abogado de la familia de Fernando Gómez a la salida de la audiencia realizada el lunes 31 de noviembre en el juzgado de Tartagal, confirmó que se formalizó la imputación bajo la carátula de homicidio en riña o agresión, agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones de gendarmes.
Los gendarmes imputados por el homicidio son dos sargentos, un cabo primero y dos cabos: Iván Néstor Ortiz, Jonathan Franco, Marcelo Vega, Fabian Roque, Mauro Javier Uña y Andrés Baje.
El bagayero resultó prácticamente ejecutado por la gendarmería de Patricia Bullrich, y la hipótesis que refuerza además por las pericias balísticas en las heridas de otros dos testigos heridos que sobrevivieron a esa represión.
El hecho ocurrió en el marco del Plan Güemes que ejecuta el Gobierno de la Provincia de Salta en la frontera norte el 18 de diciembre del 2024, donde mataron a un joven trabajador en un supuesto enfrentamiento de narcotraficantes con Gendarmes en la zona del Puesto 28 en Tartagal.
Como resultado de cruento episodio el joven Fernando Gómez, que trabajaba de bagayero fue asesinado en medio de disparos a mansalva y el proyectil que lo mató está confirmado que partió de la escopeta reglamentaria de un gendarme, según las pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF).
Con los resultados de estas investigaciones preliminares de mostró que en ningún momento Gómez atacó a nadie, y las pericias en su cuerpo dieron como resultado que tiene un golpe en la nariz, dos ingresos de proyectiles, uno en su pierna que entró y salió; el otro que terminó con su vida que quedó alojado en la zona de la clavícula.
Esta bala que lo mató fue extraída de su cuerpo, quedó registrada y tomada la muestra. Según las pericias balísticas este proyectil de plomo fue disparado de un arma larga del tipo escopeta 1270 que coincide con las utilizas oficialmente por Gendarmería Nacional.
El informe del forense reveló también que los otros dos bagayeros heridos en ese enfrentamiento presentaron impactos de balas de plomo de armas reglamentarias similares a las que mataron a Fernando Gómez.
El abogado de la querella en su informe presentó las pruebas correspondientes las que indica que no había ningún gendarme herido de bala; de ese operativo represivo no hubo armas secuestradas o encontradas entre los bagalleros, como tampoco figura el secuestro de drogas, mercaderías hoja de coca o cigarrillos.
