La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, dejará inaugurado el miercoles 27 de julio el nuevo Penal Federal de General Güemes que permitirá albergar a 488 internos y con ello descomprimir las cárceles provinciales, cumpliéndose de esta forma las metas establecidas por la Corte de Justicia de Salta que desde 2009 reclama una solución a la presencia de reclusos de jurisdicción federal en establecimientos provinciales.
En 2009 esta situación había sido advertida por la Corte de Justicia y a través de Acordada 10478 consideró a la presencia de presos de jurisdicción federal como causa del agravamiento de las condiciones de alojamiento de los internos provinciales.
En julio del año anterior, la Corte de Justicia se dirigió al Gobierno Provincial advirtiendo sobre la necesidad de que cese el alojamiento de presos de jurisdicción federal en dependencias policiales. Como se sabe, el Alto Tribunal de la Provincia tiene, por precepto constitucional (artículo 153), la supervisión del sistema carcelario, si bien la administración de éste se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo.
Durante 2010, la Justicia salteña realizó a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte y del Juzgado de Detenidos y Garantías, un seguimiento de la evolución de la presencia de presos de jurisdicción federal en penales y dependencias policiales.
De allí que se considere positiva la habilitación del nuevo penal en General Güemes que permitirá albergar a 488 reclusos, 200 mujeres y 288 hombres.
En septiembre del año anterior, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, había comprometido soluciones transitorias a la presencia de presos federales en dependencias policiales y penitenciarias provinciales, respondiendo a una solicitud realizada en ese sentido por el Gobernador, Juan Manuel Urtubey y el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas. Esta situación experimentará una nueva mejora con la habilitación del nuevo penal.
El año anterior también, el Juzgado Federal 1 de Salta hizo lugar a un Hábeas Corpus correctivo ordenando que el Servicio Penitenciario Federal traslade a detenidos a disposición de la Justicia Federal a un establecimiento carcelario de esa jurisdicción. El 3 de marzo de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó dicha sentencia, lo que complementó el reclamo provincial.
