Una serie de propuestas para el mejor funcionamiento de la Justicia analizaron candidatos de la Concertación Salteña UCR-MID, con el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta Dr. Martín Manuel Díaz.
Los candidatos de la Concertación Salteña UCR-MID Dr. Alberto Espeche (a gobernador), Fernando Chamorro (a diputado nacional), Carlos Humberto Saravia (a diputado provincial por capital) y Gustavo Barbarán (a concejal por capital) se reunieron en la sede del Colegio de Abogados en el marco de entrevistas que sostiene la entidad con distintos postulantes para los comicios del próximo 28 de Octubre.
Durante el encuentro trataron el incremento de la estructura del Poder Judicial sobre la previsión genuina de los ingresos por coparticipación federal que en los últimos años generó excedentes de 350 y 500 millones de dólares, fuera del marco presupuestario.
Los dirigentes postularon la necesidad de que el Poder Ejecutivo autolimite sus atribuciones en los procesos de designación de los ministros de la Corte de Justicia mediante sistemas de selección con audiencias públicas y que se establezcan mandatos vitalicios.
También proponen la reformulación de la composición del Jurado de Enjuiciamiento permitiendo que los abogados designen mediante elecciones directas de sus matriculados a los representantes de este estamento –actualmente la Cámara de Diputados no los consulta para designar a abogados con alto perfil político.
El candidato a diputado Carlos Humberto Saravia propuso además la creación inmediata de juzgados de competencia múltiple en Cafayate y Joaquín V. González para evitar el traslado de los justiciables desde largas distancias a los actuales distritos de Salta y Metán, la reforma y actualización de la Ley de Ejercicio de la Abogacía a los efectos de que las causas disciplinarias sean tratadas en las instancias de apelación por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial –actualmente se encuentran
en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo- y propició que se otorgue autonomía financiera al Poder Judicial con atribuciones de administración de los recursos para el Consejo de la Magistratura cuya ley debe ser reformada.
