Los policías salteños que se encuentran autoconvocados en la sede del Centro Policial “Sargento Suárez” resolvieron realizar una marcha en la mañana del lunes y la interposición de acciones judiciales. Son aproximadamente 500 los que se concentraron en el lugar en representación de Capital, Tartagal, Metán, J. V.González y General Güemes, aunque la medida tiene un alto acatamiento en las distintas unidades de la provincia.
Desde la tarde de ayer -sábado- los policías salteños se encuentran con guardias mínimas la División de Seguridad Urbana (911) y un 80% de las seccionales de Capital, entre las que se cuentan la Segunda, Décima, Villa Lavalle, San Ignacio y Limache. En el Valle de Lerma se encuentran en idéntica situación La Merced, Quijano, Cerrillos, Chicoana y El Carril.
Un 100% de acatamiento tiene la medida en la Unidad Regional 4 con asiento en Tartagal, la Unidad Regional 3 de Metán y la Unidad Regional 5 de Joaquín V. González. Es baja la adhesión en Cafayate y un 60% se plegó en Orán. La quita de tareas ha provocado la suspensión de los corsos en Cerrillos, mientras que en Metán el jefe de la regional se vió obligado a autorizar su realización con vigilancia privada.
Una delegación de efectivos metanenses vió interrumpido su traslado como consecuencia de un desperfecto mecánico del vehículo donde viajaban. Una reunión se produjo el día de ayer con la cúpula policial y los representantes de la asamblea, aproximadamente a las 14 horas.
El motivo fue informar que no se había podido liquidar el aumento de $110 por defectos técnicos. En relación al incremento no existe diálogo entre las partes en conflicto, luego de que el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que ocupa interinamente el cargo -Mastrandrea- resolvió fijar unilateralmente el aumento con el dictado de la Resolución Nº 028/09 y no hablar más con los delegados, lo que detonó la huelga.
El viernes al mediodía, el Gobernador se reunió con la plana mayor policial y ordenó la sustitución de los huelguistas mediante la designación de 280 nuevos agentes, firmando el decreto respectivo.
También ordenó que se diera la baja a los cabecillas de la medida y que se iniciaran sumarios disciplinarios a todos los que se adhieran al paro. Una resolución en este sentido fue notificada la madrugada del sábado,
poniendo en estado de disponibilidad al cabo 1º Rubén Argañaraz, al agente abogado Pablo Fernando Cardozo y al cabo Renato Peña.
Todos integraban la comisión salarial que negoció durante seis meses el aumento y que ahora son sancionados en el marco de represalias dispuestas por el gobierno. Se invocó como causa para quitarles la
credencial y el arma que habían vertido declaraciones en medios de comunicación instigando a la quita de tareas. Se interpondría el día lunes una acción de amparo a los efectos de que cesen las arbitrariedades y que se les preserve su situación de revista.
Otros oficiales superiores han desplegado presiones en contra de sus subalternos, por lo que se anticipó que se interpondrán las denuncias por ante el Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias y en la Fiscalía Penal en turno a fin de que se investigue el accionar de algunos superiores que se oponen a la huelga y que habrían presionado ilegalmente al personal adherido prometiéndoles traslados y cesantías de proseguir sumados a la misma.
Entre los que son cuestionados se encuentran el Comisario Mayor Manuel Saiquita del D-5, el Comisario Mayor José Carrazana, el Comisario Mayor Jorge Mamaní, el Jefe de la Direción de Comunicaciones Comisario Mayor Velázquez, la Comisario de la Guardia de Tribunales Beatriz Campos, el jee de la Dirección de Seguridad Urbana Comisario Principal Flores, el Comisario de la Guardia de Infantería Néstor Piccolo -que a pesar de encontrarse con carpeta médica habría concurrido a estos efectos a la base- y su segundo Lisandro Cejas, la Jefe de la Seccional 12va. María Azucena Manaí de Sanchez Rosado y su segundo Sub-Comisario Marcelo Álvarez y el Oficial Julio Padilla de El Galpón.
El letrado de los manifestantes también cuestionó la validez de la Resolución Nº 09/09 de la Secretaría de Seguridad porque sin tener jerarquía para ello dispuso modificar un decreto del gobernador que no comprende al personal policial.
También interpretó que resulta inadmisible que se pretenda modificar el marco legal con el sólo objetivo de socavar la pretensión de que se incremente el salario, cuando lo mismo reclaman todos los sectores de la administración provincial frente a un cuadro de inflación creciente y desvalorización del valor adquisitivo de los sueldos.
Como parte de una lucha que se avisora como de varios días, la Asamblea de Autoconvocados ha anunciado la realización de una marcha con las familias de los huelguistas y personal retirado que partiría desde el Centro Policial, comprendería la Central de Policía y llegaría hasta el Centro Cívico Grand Bourg. Con el diálogo cortado, sin operadores que logren acercar a las partes, el conflicto policial
podría prolongarse toda la semana que viene.
