Como si la muerte no fuera suficiente para lapidar el resentimiento o la inquina, podria decirse que el romerismo volvió a “denunciar” a Sergio Poma. Lo hizo a través de una revulsiva crónica publicada en su medio oficial y luego en una solicitada con el mismo tono, firmada por varios integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista, entre ellos Sonia Escudero, Marcelo López Arias y el ex candidato a gobernador, Walter Wayar.
En ambos casos, se pretendió afirmar que en el acto de homenaje al periodista fallecido hace un año, el objetivo de la reunión a la que asistieron más de 200 personas, fue agraviar al ex gobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero. El Tribuno y los firmantes de la solicitada, generalizaron el hecho pretendiendo poner al ex mandatario por encima de la verdadera razón de la convocatoria y a la totalidad de los asistentes que colmaron la sala Mecano de la Casa de la Cultura, como “un grupo de personas”, convocadas solo para agraviar su figura y su gestión. Pero lo mas destacado es que desde su óptica la ofensa se potenció por haberse proferido en un ámbito oficial.
La interpretación, no solo desnuda un ansia de protagonismo enfermizo de ese sector, sino que además pone al descubierto una vez más los gestos de intolerancia y autoritarismo que caracterizaron los 12 años de su administración al considerar cualquier crítica u opinión desfavorable como un agravio. Así lo demostró el ex gobernador con los juicios por calumnias e injurias que presentó contra Poma a raíz de las denuncias periodísticas que el fundador de FM Noticias, realizara tanto frente al micrófono como en la justicia involucrando a la gestión de Romero en varios hechos de corrupción. Denuncias que por otra parte, provocaron el rechazo a nivel nacional e internacional de organizaciones de prensa que consideraron directamente esos juicios como un ataque a libertad de expresión.
Uno de los párrafos de la solicitada asegura que “en los doce años de su gestión, el doctor Romero jamás utilizó un ámbito oficial para agraviar a ningún ciudadano salteño” lo cual presupone que sí podría haberlo hecho en otro sitio. Mas adelante con efusividad telúrica y sin dejar de estar en “campaña”, afirma que “los habitantes de esta tierra sabemos que en la Casa de la Cultura, obra realizada durante su administración, se desarrollaron innumerables actividades, pero jamás se permitió que en ese lugar, o en cualquier otro perteneciente al Estado y en consecuencia a toda la comunidad, se levantaran tribunas de odio y resentimiento”. De ello queda constancia, puesto que no se recuerda que en los templos del romerismo (Centro de Convenciones, Casa de la Cultura, Teatro Provincial) se haya realizado jamás un acto organizado por algún sector disidente de cualquier ámbito que fuere.
Los denunciantes cargaron contra el secretario de Cultura, Gregorio Caro Figueroa por permitir que se utilizara ese espacio para que los oradores -con el aval del público-, según su interpretación, agraviaran al ex gobernador. De lo cual puede inferirse, de acuerdo a esa visión acotada y retrógrada, que el funcionario debió haber requerido antes de cada alocución, el contenido de la misma para decidir si permitía o no su intervención, en lo que hubiera sido un grosero acto de censura previa. Y por otro lado, evidencia que el romerismo más allá de que en la solicitada se jacte de “respetar por cierto la diversidad de opiniones”, considera los espacios oficiales como sitios sacros en los cuales esa “diversidad” debería quedar neutralizada por su pertenencia al Estado.
En declaraciones a la prensa, Caro Figueroa dejó a salvo su responsabilidad frente a los conceptos de la solicitada, afirmando que el organismo a su cargo “no promueve, avala o comparte actos o actitudes que se aparten de los marcos institucionales, de las políticas públicas definidas en sus lineamientos de gestión y del respeto debido a las personas”. Señaló también que “como funcionario y como ciudadano no suscribo agravios ni descalificaciones a ninguna persona cualquiera sea su condición”, aclarando que su presencia en el acto, al margen de un difícil desdoblamiento, obedeció a su condición de periodista.
El funcionario también aclaró que “la utilización de estos espacios, son de naturaleza y finalidad pública” y no supone que la secretaría a su cargo ni sus funcionarios, según dijo “compartan el contenido de las opiniones allí vertidas”. Por último dejó en claro que “la secretaría no ejerce ni ejercerá la censura previa” y que tampoco tiene como misión “juzgar los posibles excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”. “En el caso de que estos se produzcan -concluyó- son los tribunales de justicia los órganos autorizados para corregir esas conductas”.
El acto de homenaje a Poma fue organizado conjuntamente por la Asociación de Periodistas de Salta y amigos personales. Durante su desarrollo no se observó, al menos visiblemente, la presencia de ningún cronista reconocido de El Tribuno. Sin embargo, la crónica publicada al dia siguiente reflejó algunos aspectos del mismo, descontando que alguno de los asistentes se prestó para contar su visión con cierto aire macarthista, como por ejemplo la pertenencia de algunos dirigentes políticos y gremiales, obviando inexplicablemente la concurrencia del vicegobernador en ejercicio de la gobernación, Andrés Zottos.
El artículo puso énfasis en la encendida alocución del integrante de la Junta del Agua, Carlos Pagano. Al orador, se le atribuyeron vinculaciones con la derecha y sectores confesionales y su intervención , según la óptica de este medio, habría sido el disparador de los agravios, que de acuerdo al relato y a la ofuscada solicitada publicada días mas tarde, se habría extendido a las demás intervenciones. Tal vez, les resultó urticante que Pagano enfatizara como “mentiras” las atribuciones que hiciera el gobierno de Romero sobre sus políticas de seguridad, salud y educación.
Según la crónica de Nuevo Diario del día siguiente “todos los oradores destacaron el valor de la personalidad de Poma y su calidad como periodista”. Entre otras cosas se dijo que “siempre será un ser humano y periodista imprescindible”. También se calificó de “obscena” la persecución judicial que sufriera y que a pesar de los intentos por doblegarlos “Sergio dobló la apuesta y tuvo valor e hidalguía para enfrentar la persecución”.
Si el ex gobernador o sus adláteres consideran estos conceptos como agraviantes, que debería pensar la inmensa mayoría de los habitantes de esta provincia que quedaron sumergidos en la pobreza y la indigencia tras los 12 años de su mandato.
Agraviados deberían sentirse las víctimas de la represión a las puebladas del norte provincial, las familias desalojadas violentamente de San Expedito o Divino Niño, los aborígenes despojados de sus territorios por el ecocidio de los desmontes, los docentes reprimidos en la Noche de las Tizas, los afectados por hantavirus, dengue, turberculosis y otras enfermedades endémicas, los inundados del Bermejo o el Pilcomayo…Agravio podría interpretarse que mientras miles de familias viven en la mas absoluta precariedad, el gobierno de Romero haya preferido invertir en estadios, centros de convenciones y autopistas, con una visión del progreso excluyente y elitista. Pero allí está la libertad de expresión para que los miembros del Consejo Provincial del Partido Justicialista, también se manifiesten y vuelvan a “denunciar” a Sergio Poma aunque él ya no pueda contestarles.
Héctor Alí
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