Una vez más el pueblo salteño sale a la calle a repudiar con un “cacerolazo” otro de los actos más de degradación y avasallamiento a las instituciones de Juan Carlos Romero gobernador de Salta, último bastión menemista del país. En la marcha multisectorial de la que participarán más de 30 organizaciones partidarias y civiles, se realiza en contra de las designaciones en el epílogo de su gobierno, de los abogados Gustavo Ferraris, Guillermo Catalano y la perpetuidad otorgada a Guillermo Posadas, a quienes se le exigirá también la renuncia. Denuncian que los nombrados ministros de la Corte de Justicia Provincial, carecen de legitimidad e idoneidad y que además serán los “garantes de la impunidad de Romero”.
Desde su designacion a Gustavo Ferraris se le achaca antecedentes de represor, de desobediencia judicial, de deshonestidad en el ejercicio de su profesión, de violencia familiar y se sostiene que no cuenta con la idoneidad jurídica necesaria para ocupar este cargo.
A Juan Carlos Romero de odiar e insultar a los salteños con este nombramiento catalogado como golpe institucional y avasallamiento a la Justicia, acto de omnipotencia y provocación.
Entre los considerandos de la convocatoria, el pueblo se manifesta “contra la violación y pisoteo sistemático de la Constitución durante los 12 años de gestión en los que contó con el aval del presidente de la Corte, Guillermo Posadas“, la burla de los senadores romeristas que se prestaron para avalar el acuerdo al nombramiento de Ferraris, Posadas y Catalano, ex apoderado del Partido Justicialista. Se afirma que estas designaciones “están viciadas de nulidad porque, entre otras aberraciones no se publico en el Boletín Oficial, no se aprobaron los pliegos en una sesión pública ni se permitióa a los ciudadanos emitir opiniones y/o observaciones.
Pero esto no es todo, el broche de oro de este régimen autoritario de Romero, fue la represion que se ejerció contra abogados salteños, que luego logro el repudio de abogados de todo el país, incluidos directivos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), quienes ademas repudiaron la designación del ex secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, como miembro de la Corte de Justicia de Salta.
Represion a los abogados
Los abogados salteños fueron reprimidos el jueves pasado en la Ciudad Judicial cuando pretendían presentar un recurso en contra de este nombramiento. Dias después más de 200 abogados de todo el país, muchos de ellos representantes de colegios que los reúnen en las distintas provincias.
Pero el signo más contundente de oposición se generó en el XVI Congreso de Jóvenes Abogados donce cientos de abogados jóvenes expresaron también su rechazo al nombramiento de Ferraris, por “la falta de antecedentes para cubrir tan noble cargo judicial y el hecho inclusive del rechazo que genera su designación entre los propios jueces de la provincia de Salta, porque carece ce de legitimidad.
En el comunicado, presentado el lunes en la Corte, los abogados advierten que la designación de Ferraris “lesiona a la abogacía en su conjunto, ya que con actos y decisiones políticas de esta naturaleza no se hace otra cosa que debilitar la credibilidad e imagen de la Justicia”.
“Como abogados bregamos por el independencia de los poderes, el fortalecimiento de las instituciones en un estado de derecho y el respeto de las garantías constitucionales como prescribe la norma magna”, afirmaron.
Por último pidieron el esclarecimiento de los hechos en los que fue golpeado por la policía un abogado, que “se sancione a su responsable toda vez que atentaron, contra el libre ejercicio de la profesión y debilitaron la credibilidad de la Justicia”.
La declaración esta firmada entre otros por el reconocido constitucionalista Rodolfo Capon Filas, ex camarista Nacional del Trabajo; el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Carlos Andreucci; el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la FACA, Carlos López de Belva; y Cristian Galván, integrante de la comisión directiva de la Federación.
Pueblada y cacerolazo
Cabe recordar que la marcha contiene además un ámplio espectro de repudios y un marco pluralista de organizaciones sociales, gremiales y partidos políticos, que adhirieron a la movilización de hoy a las 10.30, con concentración frente al Cabildo Historico de la plaza central de la capital salteña.
Los organizadores marchan por el rechazo a las designaciones y para exigir “la inmediata renuncia a la Corte” de Ferraris, Posadas y Catalano y tambien la renuncia de Alvaro Ulloa (h), como titular de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Salta.
Las organizaciones que adhieren a la marcha son: Asamblea Provincial Docente –Partido Obrero – Barrios de Pie – Sindicato Argentino de Televisión – Corriente Clasista y Combativa – Central de Trabajadores del Estado – Unión Cívica Radical –Encuentro Popular Amplio – Comisión de la Mujer de la UNSa – Red por la Defensa de los Derechos Humanos –ADIUNSA– Asociación de Trabajadores del Estado – Partido Comunista – Partido Socialista – Unión Personal de Enfermeros de Salta – Asociación de Periodistas de Salta – Docentes Agremiados de Salta – APSADES – MID – Junta Promotora del Agua – Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Salta – Frente Grande–Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Popular – Movimiento Evita – Partido Comunista Revolucionario – Partido Humanista – Colegio de Abogados – Movimiento Socialista de los Trabajadores – Fundación Azul para la Familia Policial – Vecinos Unidos FPV-PRS – Agrupación de Taxistas Frente de Recuperación – Frente de Jubilados y Pensionados de Salta Centro Argentino y otras.
La herencia de un regimen
Durante el gobierno de Romero se consolidó en Salta el más profundo modelo de exclusión social e instauró en 12 años, de la mano de Ferraris, un régimen represivo sistemático. Los abusos policiales fueron una constante contra el reclamo barrial por reinvidaciones.
La puebladas partidarias, indígenas y vecinales en toda la provincia se repelieron con el sometimiento y la utilización de la fuerza pública, con los palos y las balas de goma de la policía contra la población civil. Este gobierno dejó cientos de heridos, torturados, encausados, procesados y cinco asesinatos sin esclarecer en los que están implicados en sendas denuncias las fuerzas de seguridad provincial como Gendarmería nacional, como autores de estos asesinatos que hasta hoy siguen impunes.
