ADEPA sostiene que el proyecto de ley, que fue presentado por la diputada Griselda Galleguillos (B. Frente Liberal Salteño), obligaría a los medios de comunicación a ceder espacios gratuitos para mensajes oficiales representa «una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión».
Esta preocupación se fundamenta en el principio de que ningún medio debe ser forzado a publicar contenidos en contra de su voluntad, ya que ello atenta contra el derecho a decidir qué difundir.
La nota subraya que estas libertades están protegidas tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales, lo que convierte al proyecto en una posible transgresión jurídica de alto impacto.
Riesgo de expropiación indirecta
Otro argumento clave es el impacto patrimonial que implicaría la cesión gratuita de espacios. Aunque no se trata de una confiscación directa, ADEPA advierte que esta obligación podría equivaler a una expropiación de ingresos sin compensación.
En un contexto de sostenibilidad precaria para muchos medios, imponerles esta carga sin retribución pone en riesgo su viabilidad económica. El texto plantea que esta medida, aunque persiga fines legítimos como la concientización social, no debe realizarse a costa de debilitar el ecosistema informativo.
Finalmente, ADEPA propone caminos más respetuosos de las libertades y más eficaces para alcanzar objetivos públicos. En lugar de imponer contenidos, sugiere campañas voluntarias y acuerdos colaborativos entre el Estado y los medios.
Este enfoque no solo preserva los derechos fundamentales, sino que también promueve una relación más democrática entre el poder público y el periodismo. El llamado al diálogo con las legisladores salteños busca evitar una confrontación institucional y abrir espacios de construcción conjunta que no comprometan la independencia editorial.
