En los albores del gobierno alfonsinista, cuando las tapas de las violaciones a los derechos humanos saltaban por los aires y se conocían las atrocidades de la represión ilegal, el entonces ministro del Interior, Antonio Tróccolli, pretendió catalogar el enfrentamiento y la tragedia ocurrida durante la dictadura con la teoría de los “dos demonios”.
El político balbinista buscaba equiparar las acciones guerrilleras con el terrorismo de Estado que asoló el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. El devenir de la historia pulverizó aquella estrategia que tendía a establecer una funesta simetría entre ambos bandos y justificar de ese modo el ataque a toda la sociedad practicado por el gobierno militar.
El actual enfrentamiento entre el Gobierno y algunos medios de prensa, principalmente con el Grupo Clarín, parece remitir a aquel fenómeno, con dos sectores “demonizados” entre sí.
En la Argentina, el necesario correlato, la armonía y la convivencia civilizada entre el poder político y el periodismo en todos sus niveles, desapareció bajo las orugas de los tanques que combaten en ese verdadero campo minado que es la guerra entre el “oficialismo” y los “medios opositores”. Una batalla donde no parece haber conciliación posible, ni marcha atrás.
Una confrontación a matar o morir, que mantiene a la sociedad como rehén y espectador atónito soportando los embates de uno y otro lado. En ese contexto, se mezclan algunos roles y todo se vuelve difuso en cuanto a las responsabilidades que cada uno debe asumir. La delgada línea roja es cruzada por ambos en uno y otro sentido, casi cotidianamente.
La sanción de la Ley de Medios fue la primera gran acción oficial, con la pretensión de “democratizar” el espectro audiovisual y terminar con los “monopolios”. Lo cual obligó a una inmediata reacción legal por parte de los medios afectados que denunciaron la “inconstitucionalidad” de la medida, cuya resolución aun está pendiente de ser dirimida en los más altos estrados de la Justicia. A eso le siguieron marchas fogoneadas por el oficialismo en las cuales fueron escrachados periodistas del Grupo Clarín y poco después un “juicio público” a comunicadores sindicados como colaboradores· del Proceso, impulsado por organismos de derechos humanos. Para esa misma época, también desde la Casa Rosada, se insistió con vehemencia por el avance de las investigaciones sobre la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
La medida mas reciente en medio del combate contra el grupo multimedio, fue la anulación de la licencia de Fibertel como proveedor de Internet, otra resolución que deberá ser resuelta en la Justicia.
Pero el ejemplo mas contundente de que el Gobierno siempre “va por mas”, fue la presentación de “la verdad” sobre Papel Prensa, con la conducción estelar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una transmisión cuyo montaje televisivo utilizó tiempos y planos propios de programas periodísticos.
Las repercusiones desde la mirada oficial se relegaron a la llamada Televisión Pública. Alli, su nave insigna, el programa 6-7-8, exhibió un documental elaborado en la usina mediática del oficialismo, donde descollan Tristan Bauer y Diego Gwirts, en el cual se sustentó la hipótesis oficial con la documentación recolectada por Guillermo Moreno y los testimonios “reveladores” de Lidia y Osvaldo Papaleo.
La denuncia involucró directamente a los principales socios de PP, Clarín y La Nación, acusados previamente por algunos medios oficialistas, de haberse apropiado de la empresa en “la mesa de tortura”.
Las revelaciones posteriores de Isidoro Graiver y Maria Sol, la hija de Lidia Papaleo, mas algunos artículos referidas a capítulos aún no del todo esclarecidos de la historia reciente, como las exigencias de Montoneros a la viuda de Graiver y la falta de coincidencia en las fechas y situaciones mencionadas en la informe, desmontaron gran parte de la historia oficial. El Gobierno terminó por enviar un escueto proyecto al Congreso, en el cual reclama facultades para declarar de “utilidad pública” la fabricación y distribución del papel de diario, que parece tener destino incierto.
En la otra trinchera, la oposición se aglutinó para rechazar enfaticamente este nuevo “ataque la libertad de prensa” y denunciar lo que considera el intento oficial de apropiarse de Papel Prensa. En tanto, también se dió tiempo para tratar algunos temas que se promocionan a través de los medios “contrarios· que desde el punto de vista oficial, se “asocian” a la oposición para obstaculizar la gestión del Ejecutivo con fines “desestabilizadores”. Como ejemplo, se mencionan la baja de las retenciones al campo, la anulación de las facultades delegadas y la sanción del 82 por ciento móvil para los jubilados, que según CFK, podría llevar al país al “default”.
Por fuera de la política, lo que más irrita al oficialismo es la profusa información que se publica sobre eventuales hechos de corrupción que complican al matrimonio presidencial y algunos de sus funcionarios. Los teóricos del kirchnerismo, desechan la idea de asociar la corrupción a la política y piensan, que aún a costa de la incursión en eventuales delitos, desde el Gobierno se están gestando acciones sino revolucionarias, al menos restauradoras (reestatizaciones de empresas públicas, anulación de las AFJP, impulso a los juicios por violación a los derechos humanos, etc), que merecen ser apoyados. No parecen recalar en que la corrupción, en todas las épocas, es un agujero negro donde se pierden fondos que son negados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En ese sentido, los detractores de los medios no oficialistas, afirman que no hay en ellos una actitud genuina de crítica o denuncia hacia el gobierno, sino la defensa de intereses que responden a los más altos niveles del poder económico concentrado, presuntamente afectados por las políticas de la actual gestión. Para los mas escépticos, a esto se asocia la ideología ultraconservadora de la “derecha”, lugar donde radican los focos conspirativos mas activos, “infiltrados” por agentes de la CIA, dispuesto a demoler el modelo “progresista” y de “izquierda” que encara el gobierno kirchnerista.
En tanto, los medios que no comulgan con los K, afirman que sufren “acoso“, “persecusión” y “censura” por parte del Gobierno, el cual, dicen, no escatima un accionar constante de “difamación” y “calumnia” en su tozudo intento de silenciar la opinión crítica y la información desfavorable. Desde esas páginas se acusa al oficialismo de actuar con espíritu “revanchista” y “totalitario“, con el objetivo de eliminar cualquier atisbo de prensa independiente y poner todo el espectro bajo la tutela del ·monopolio estatal.
Afirman que para ello, el Gobierno utiliza un gigantesco aparato propagandístico a través de la desmesurada pauta oficial que reparte entre medios oficialistas y de escasa tirada (Página 12, Tiempo Argentino, Veintitres, Duro de Domar, TVR, etc) y el alto presupuesto que se destina a mantener los espacios propios (Televisión Pública, 6-7-8, Futbol para Todos, etc).
Hay sobrados ejemplos en la historia donde los gobiernos trataron de amordazar a la prensa o ejercer algún tipo de censura. También sobran los ejemplos de la resistencia ejercida por medios independientes para enfrentar los abusos del poder. La ventaja sobre los medios es que la mayoría permanece y los gobiernos pasan.
Muchos aún se preguntan como se llegó al nivel actual de confrontación, sobre todo habiendo compartido un período estable y de relaciones amistosas, con concesiones mutuas. La duda principal es cómo termina la historia, en donde cada uno está dispuesto a llegar hasta las “ultimas consecuencias”.
- Hector Alí
Periodista
