El Gobierno Nacional propone un cambio de reglas que, según afirman, le permitiría al país desarrollarse económicamente y, en consecuencia, ser más equitativo socialmente. Ahora bien, ¿este Estado genera condiciones para conseguir ese objetivo? Mi respuesta es negativa. ¿Puede este Estado contribuir al “desarrollo”? Decididamente, no.
Veamos algunos factores preliminares que aportan al respaldo de esta posición: en primer lugar, permanentemente, contraemos deuda para pagar gastos corrientes del Estado; e incluso destinamos fondos a las provincias para que ellas mismas puedan hacer frente a sus propios gastos corrientes. ¿Quién invertiría en un país donde los recursos se escurren mes a mes? Claramente, nadie.
Nuestro Estado siempre se caracterizó por ser acromegálico, ineficiente, prebendario. Durante las tres presidencias kirchneristas, el exceso fue extraordinario: entre 2003 y 2013, el empleo creció en un 71%; los salarios se incrementaron en tal magnitud que hoy cualquier actividad equivalente en el sector privado se remunera en aproximadamente un 20% o 30% menos.
Esta situación se da en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, con normas que, ineludiblemente, llevan a la ineficiencia: existen falsas paritarias en las que el empleador no negocia para preservar un razonable nivel de remuneración y de reglas de empleo.
¿Por qué un ministro gana 160.000 pesos en un país empobrecido? Resulta casi ingenuo plantear que todos deberían dar, como servidores públicos, un ejemplo de austeridad. Y, más allá de los sectores de conducción del Estado, la postura debería derramarse hacia todos los niveles.
Años atrás, el Dr. Ernesto Kritz probaba, con un interesante estudio, que el sector estatal está predominantemente constituido por personas de clase media y media alta; efectivamente, son quienes cuentan con el acceso a la red de contactos para hacerse de esas posiciones y perpetuarse en ella en todos los poderes y niveles del sector público.
Esta deplorable situación no se resuelve con despidos, mecanismo por demás incompatible con el principio constitucional de estabilidad en el empleo público, que comparto personalmente y que está basado en la idea de que cada gobierno, de no primar este principio, podría incurrir en el despido arbitrario de quien no es afín a él.
Existen así medidas alternativas a tomar: fundamentalmente, hacer un verdadero congelamiento de todas las plantas con la firma de un acuerdo de amplio alcance; extender el horario de trabajo que, en la mayoría de los casos, constituye un tercio menos que el de un trabajador privado; establecer mecanismos de capacitación reales y no simbólicos, ficticios, simulados, con el solo objeto de cumplir con normas y burocracias pero sin objetivos claros.
Es imprescindible que los empleados puedan desempeñarse en el puesto de trabajo en el cual se los necesita, es decir, debe instalarse con fuerza radical el principio de movilidad: cada ‘servidor público’ debe estar en el puesto donde el Estado más lo necesite y donde pueda contribuir de mejor modo a que los ciudadanos reciban buenas atenciones de salud, educación, justicia, administración.
Con certeza, muchos ciudadanos, en especial aquellos más humildes y marginados, no sepan en detalle cómo gasta el Estado en sus recursos humanos… Es hora de exigir a nuestros servidores públicos que honren su labor y contribuyan a hacer de su fuerza de trabajo, un recurso eficiente para la sociedad que los sustenta.
- Torcuato Sozio
Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
