El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) indicó que “el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos establecidos por el Art. 44 de la Ley 7070 en cuanto a contenidos, al no tener análisis de alternativas a la iniciativa, y plan financiero”. El fiscal ante la Corte Alejandro Saravia pidió a la Corte de Justicia que convoque a una audiencia pública revisora, a costo y cargo de la demandada Nitratos Austin Powders, y bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial.
El CIF también destacó que por “tratarse de una industria de alto impacto ambiental y alto índice de riesgo se hace menester proceder a una reevaluación del estudio de impacto ambiental con la ingeniería de detalle”.
El dictamen indica que “el Estudio de Impacto Ambiental no cumple con los requisitos establecidos por el Art. 44 de la Ley 7070 en cuanto a contenidos, al no tener análisis de alternativas a la iniciativa, y plan financiero”.
Agrega que “en base a la descripción meramente conceptual, denominada así por los mismos evaluadores y avalado por el presidente de la firma NASA, sin contar con la ingeniería de detalle sólo es posible realizar la identificación del impacto, pero no su correcta valoración”.
En consecuencia, agrega el CIF, “se evidencia que no se identifican como impactos significativos los esperados según las referencias europeas para la Industria Química Inorgánica de gran volumen de producción ni se permite determinar si se aplica alguna técnica para optimizar la eficiencia de la planta, y mitigar los consumos energéticos”.
Entre las conclusiones del CIF también se destaca que por “tratarse de una industria de alto impacto ambiental y alto índice de riesgo se hace menester proceder a una reevaluación del estudio de impacto ambiental con la ingeniería de detalle”.
Como consecuencia del informe el fiscal Alejandro Saravia pidió a la Corte de Justicia que convoque a una audiencia pública revisora, a costo y cargo de la demandada Nitratos Austin Powders, y bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial.
Al respecto, el ingeniero y ambientalista Fernando San Román entrevistado por FM Aires que era necesario que alguien en la justicia analice la improvisación y la falta de detalle en el estudio de impacto ambiental presentado.
Manifestó que el COPAIPA debería evaluar la conducta ética y profesional de la ingeniera Laura Ríos. Aseguró que la falta de ética profesional es notable porque la ingeniera redactó el estudio de impacto ambiental cuando aun formaba parte de la empresa. Luego firmó la aprobación del estudio que ella misma redactó, pero desde su cargo oficial como directora de industria.
- Fuente: El Acople Informativo y FM Aries.
Tranquerazos a las plantas químicas en el Norte
- Por Darío Aranda
Publicado el 21 de abril de 2014 en Pagina/12
En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja, buscan impedir la extracción de uranio.
Dos preguntas resuenan en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa? ¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó que los vecinos están “desinformados”.
En la localidad salteña de El Galpón, a 180 kilómetros de la capital provincial, se realiza desde hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder) está en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de hombres y mujeres de todas las edades.
Desde el 14 de mayo de 2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V. González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento. También participa la organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.
El secretario de Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a “la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la “desinformación” de quienes se oponen.
La senadora salteña (mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales, inexistente (…). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente establecidos”.
Los Vecinos Autoconvocados se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.
A 680 kilómetros al sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero, servidumbre de paso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El Cantadero. La Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros”, denunció la asamblea y remarcó que el proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte kilómetros de la capital riojana.
Marisa Romero afirmó que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y Sierra Pintada (Mendoza).
El 17 de marzo comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros (no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos. Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio “departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.
