Mediante un comunicado a la prensa sostiene que desde la conmoción producida por la espantosa noticia del lunes 30-03, que describía los hechos ocurridos en un colegio de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta al colegio y empezó a abrir fuego contra sus compañeros; se han comenzado a conocer amenazas en diversos colegios del país, que refieren a este hecho de violencia.
Seis estudiantes detenidos
Según información del gobierno provincial hay 6 estudiantes detenidos. El Ministerio Público Fiscal imputó a 4 la semana pasada. Los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet de la ciudad de Salta. Asimismo, en el marco de hechos de similares características, otros 11 alumnos fueron demorados e identificados en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.
La respuesta del Ministerio de Educación, a través de la Ministra Cristina Fiore, fue hacer intervenir al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad; que derivaron en requisas en los domicilios de los alumnos y retención de celulares.
La Policía fue más lejos, emitiendo un bando amenazando con poner a disposición de la Justicia a las personas que incurran en intimidación, amenazas, incitación a la violencia, falsas alarmas u otros hechos que alteren la normal convivencia y/o la seguridad en establecimientos educativos, que deberán afrontar las consecuencias legales correspondientes, advirtiendo a los padres o tutores que serán considerados responsables por los daños y perjuicios que cometan niños, niñas y adolescentes a su cargo.
Lo que está ausente por parte de la autoridad educativa es el abordaje científico de los problemas que han causado esta ola de amenazas. En primer lugar, con los jóvenes involucrados; pero también con los jóvenes y docentes que conforman esa comunidad educativa.
Escuela reflejo de la sociedad
Es evidente que la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad: crisis económica y social; informalidad laboral de las familias, que crea un alto grado de angustia; sobretrabajo para poder llegar a fin de mes, de manera que los hogares sufren un alto grado de desarticulación; violencia en los barrios por parte de la Policía; crecimiento del narcotráfico, que toma a los jóvenes como su principal objetivo; la falta de trabajo y futuro de la juventud; la falta de acceso a los estudios superiores en los sectores más empobrecidos; los discursos de odio contra la juventud y su criminalización por parte del gobierno, que se concretan en bajar cada vez más la edad para meter a los niños y adolescentes presos.
Reclamo y planteo educativo
Por el contrario, desde hace años el Estado hace oídos sordos al reclamo de la docencia de la necesidad de designación de equipos psicopedagógicos en cada institución, para que haya una verdadera intervención de la docencia y de los propios jóvenes a partir del diagnóstico preventivo en los problemas y conflictos; la atención de la salud mental de las familias en los centros de salud de los barrios; la cobertura de las necesidades económicas y sociales de los alumnos mediante becas que cubran toda la canasta educativa de las y los estudiantes; los comedores escolares en todos los establecimientos de población de bajos recursos y escuelas de doble escolaridad; cursos de no más de 20 alumnos; cobertura de todos los cargos docentes; parejas pedagógicas para hacer un seguimiento personalizado de los problemas de cada alumno; salarios que cubran la canasta familiar en un cargo, que permitan la permanencia del personal en una sola escuela.
La problemática tan grave de la violencia escolar o de salud mental no la va a resolver la Policía ni el Código Penal. La solución debe venir de un amplio debate dentro de las escuelas, de la comunidad educativa: estudiantes, padres y docentes; y de toda la sociedad.
Menos autoritarismo y más diálogo
Es por eso que exigimos que los colegios de profesionales de la salud y el derecho, asuman una responsabilidad pública efectiva, trasladando su intervención desde los consultorios directamente a las escuelas y los barrios, para actuar en el territorio; esta acción es fundamental para evitar la normalización de la violencia institucional en un contexto donde, al cumplirse 50 años del golpe de Estado, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria y los derechos humanos frente a un Estado que castiga sistemáticamente a los sectores más vulnerables.
Por ello también, exigimos que las autoridades provinciales y municipales abandonen la política de decretos y medidas de control autoritarias, para dar lugar a espacios de diálogo genuinos con las familias y organizaciones sociales, garantizando que las soluciones no sean impuestas desde arriba sino construidas de manera colectiva.
Red Contra la Violencia Institucional de Salta
