El actual senador nacional Juan Carlos Romero, procesado en causas de peculado en su gestión como Gobernador, en cada acción política para mantener y acrecentar fortuna desde espacios de poder, subestima y exacerba a los salteños con su hipocresía sin límites. Su reaparición de el martes 12 de agosto en escena, como impulsor de una convocatoria política llamada “Consenso para el cambio”, provocó exacerbadas reacciones, en especial el ámbito del periodismo y la dirigencia política.
El periodista Gregorio Caro Figueroa, quien fue en el 2003, convencional constituyente como independiente en la lista de «Unidos por Salta», fue uno de los primeros en cuestionar a ese encuentro promovido por Romero, señalando que es uno de los síntomas del estancamiento y del retroceso político.
Caro Figueroa dijo que lo hacía cumpliendo el deber ciudadano de opinar y que lo hacía como independiente, sin formar parte de ningún partido político. “Es increíble que Romero haya dicho el 31 de julio que su reforma de una línea del artículo 140 de Constitución de Salta, para subordinarla a sus ambiciones, haya sido un tema “que en su momento no lo vimos”. Si para un gobernante una Constitución es una miniatura que no se ve, estamos perdidos. Si un alguien que mandonea en Salta desde hace 31 años se presenta como el salvador de la patria y como el futuro de Salta, es que estamos peor de lo que parece”, dijo.
La reunión política en cuestión, tuvo lugar el martes 12 de agosto en un hotel Alejandro I. De inmediato el evento se difundió por los medios. Lo que los muchos salteños vieron fue como una vieja fotografía de la dirigencia de los ´90 hasta el 2003. Y no era otra cosa que la llamada “mesa del consenso para el cambio”, con los mismos personajes de la era más nefasta del romerismo, muchos de ellos, políticos y cuestionados ex funcionarios de su Gobierno. En su decadencia, Romero invitó a sus antiguos opositores a esta reunión a las que hizo entrar por la puerta de servicio.
En su breve artículo, el periodista identifica a Romero como “la negación del republicanismo y también de la ética”. Esto es así, porque “reincide en la mentira y lo hace sólo con la pretensión de acumular 16 o 20 años de mandato” como gobernador y varios mandatos como virtual senador nacional vitalicio, desde 1986.
Entre las muchas hipocresías que tiene esa esa declaración firmada por medio centenar de dirigentes, en con una mayoría de personas que en 2003 formaron “Unidos por Salta” para oponerse a la vulneración constitucional para imponer la reelección indefinida y los restos del naufragio romerista.
“El primero que debería limitar su mandato es el propio Romero, cuyos cargos como gobernador y senador de nacional, al menos, cuadruplican al que ejercieron los más recalcitrantes políticos conservadores de la era oligárquica. En los 61 años que van de las dos primeras constituciones de Salta (1821-1855) los gobernadores duraban dos años en el cargo y no podían ser reelectos. En los 47 años entre las reformas constitucionales de 1882-1929, el mandato duró 3 años, sin reelección. Desde 1929 hasta la primera reforma de Juan Carlos Romero, se habilitó un mandato de cuatro años, sin reelección.
Desde el 30 de agosto de 2003, Romero impuso un tercer mandato abriendo la vía a la reelección indefinida”, detalló Gregorio Caro Figueroa, que desde hace años es redactor principal de la revista “Todo es Historia” fundada por Félix Luna.
“Dirán que mi opinión no es tal, sino que critico por resentimiento. No lo hago ni por eso, ni por notoriedad, ni por mandato del actual gobierno de Salta que pretende la perpetuidad lo mismo que Romero y tampoco por tener ambiciones políticas. Opino porque es un deber ciudadano defender las instituciones, aunque muchos políticos prefieren consentir o guardar silencio. También opino como estudioso de la historia institucional de Salta”, explicó Caro Figueroa.
Lo que provocó reacciones, además de la presencia de Julio San Millán y Ricardo Gómez Díez, principales dirigentes de “Unidos por Salta” en 2003, fueron las promesas que incluye el documento romerista, en materia de reforma política y de la justicia, lograr mayor transparencia, restablecer los organismos de control de la gestión de gobierno, pauta publicitaria y acceso a la información pública, cuestiones que en doce años Romero no sólo despreció desde el poder y desde su diario, sino que violó de forma sistemática.
Al respecto Gregorio Caro Figueroa quien, en mayo de 2003 denunció púbicamente la pretensión de Romero de establecer un “sultanato” en Salta, dice que once años después, “este ex gobernador simula convertirse en un cruzado de la pureza republicana, de la limitación de los mandatos, la información pública y la transparencia cuando fue él quien ordenó modificar a su medida una cláusula de la Constitución para perpetuarse y desarticuló los organismos de control”, sentenció.
El documento firmado por los actuales aliados de Romero –incluida su tenaz detractora Liliana Mazzone– señala que en su eventual cuarto mandato como gobernador, Romero se compromete a: “dotar a la Auditoría de la Provincia de efectivo control asegurando la participación de la oposición que ocupará la Presidencia del cuerpo.
Revisar el régimen de contrataciones del Estado y todos los sistemas que favorecen la corrupción”. “Tendría que haber empezado por allí en 1983 cuando su padre lo hizo entrar por la ventana a la política y al peronismo”, dijo a Salta Libre al opinar sobre el tema un dirigente histórico del peronismo.
«Quienes critican esta cuarta postulación de Romero, que lanzó en este acto, señalan que al ex gobernador le caben las consideraciones que hizo el Procurador General de la Nación y la Corte de Justicia de la Nación respecto a la pretensión de un tercer mandato del ex gobernador Zamora, cuando recordaron que: “La actuación de los tres poderes del Estado encuentra como límite el respeto al proyecto de república democrática que establece la Constitución Federal (artículos 10, 31 y 36) y que los mandatos de su texto han sido establecidos por el poder constituyente del pueblo, y por esa razón condicionan la actividad de los poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar dirigido al más amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos”.
“La actividad de uno de esos poderes provinciales, el Judicial, fue la que permitió, en los hechos y por vía de una interpretación, la modificación del texto constitucional local, y la consecuente oficialización de un candidato a gobernador que no se encuentra constitucionalmente habilitado para ello (…)
Cabe recordar que es la provincia la que se encuentra obligada a honrar el sistema representativo y republicano de gobierno, y al acatamiento de aquellos principios que todos en conjunto acordaron respetar al concurrir a la sanción de la Constitución Nacional (articulos l’ y 5°; Fallos: 310:804)”.
Salta Libre reproduce abajo textualmente el escrito del periodista e historiador, respecto a la actual, respecto a este cuestionado y polémico “documento base” de la Mesa del Consenso por el Cambio firmado por referentes de partidos y sectores políticos, y que además, el propio Romero declara que “fue puesto a consideración y debate en toda Salta”.
Pérdida de la memoria y del decoro
- Gregorio A. Caro Figueroa
Periodista
Convencional Independiente en la lista de «Unidos por Salta» (2003).
La mayoría de los firmantes del llamado “Consenso de Cambios para el progreso de Salta” promovieron en 2003 la conformación de “Unidos por Salta”, acuerdo político cuyo objetivo fue rechazar la pretensión de modificar un artículo de la Constitución de la Provincia, con el único propósito de habilitar un tercer mandato. Quien impuso esta reforma fue el entonces gobernador de la provincia quien luego de negarse, junto al ex presidente Carlos Menem, a confrontar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales montó una operación política de urgencia para convocar una Convención reformadora.
Diez años y medio después, los que en 2003 fueron dirigentes de “Unidos por Salta, prefieren no recordar que rechazaron habilitar la vía de reelección indefinida a la que aspiró Romero. Ahora, este ex gobernador simula convertirse en un cruzado de la pureza republicana, de la limitación de los mandatos, la información pública y la transparencia cuando fue él quien ordenó modificar a su medida una cláusula de la Constitución para perpetuarse y desarticuló los organismos de control.
Después de repetir en los últimos cuatro años que no volvería a postularse, reincide en la mentira y lo hace con la pretensión de acumular 16 o 20 años de mandato. Los firmantes del llamado “Consenso de Cambios” perdieron la memoria, el decoro y el sentido del ridículo. El cambio en Salta debe comenzar por la remoción de una dirigencia que a lo largo de 30 años clausuró la posibilidad de regenerar y renovar la democracia.
El martes 12, el diario «La Gaceta» de Tucumán recuerda el ejemplo de Ernesto Padilla, gobernador de esa provincia entre 1913 y 1917. Cuando en 1921, su partido le propuso gobernar un nuevo período, Padilla rechazó el ofrecimiento. Por nota dijo que esa propuesta de su partido contrariaba «la decisión que tengo adoptada de tiempo atrás”.
Reiterando que había que trabajar para que penetrara «en la conciencia popular», la necesidad de alejar «el temido peligro de lo que en nuestra política se llama personalismo”. El ex gobernador de Salta derogó de un plumazo una tradición constitucional de limitación de los mandatos que rigió 183 años en Salta. Romero no es Padilla, sino la negación del republicanismo y también de la ética.
FIRMAS DEL DOCUMENTO DE ROMERO
Alonso Ricardo; Álvarez César; Abalos Mario; Abalos Ramón; Bertini Juan José; Biella Bernardo; Burgos Ariel Eduardo; Cabana Ruben; Caro Figueroa Armando; Casimiro Sebastián; Cataldi Fleming Ernesto; Chavez Toledo Mirna; Corbella Griselda; Cornejo Virginia; Daher Beatriz; Dávalos Juan Pablo; Dávalos Santos Jacinto; David Javier; De los Ríos Martín; Durand Cornejo Guillermo; García Salado Luis; Garros Martínez María Cristina; Gomez Diez Ricardo; Guaymas Jorge; Guzman Gonzalo; Huergo Carlos; Jarzún de Sabbag Silvia; Ibañez Silvana; López Mónico Perla; Lopez Rosa; Lovaglio Antonio; Marín Carlos; Martín Ángel; Mazzone Liliana; Medina Raul; Mor, Claudio; Nieva Hector Alejandro; Olmedo Alfredo; Perez Alsina Juan Agustín; Perez Estrada Martín; Rodriguez Hernán; Romero Juan Carlos; San Millan Alejandro; San Millan Julio Argentino; Saravia Carlos Humberto; Soler Irene; Tonini Aroldo; Ulloa Alvaro; Valle José Luis; Villada Ricardo; Villamayor Socorro; Zapata Carlos.
EL PRESENTE Y EL PASADO
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