Una investigación publicada por La Nación encendió una alarma que debería preocupar a toda la sociedad: el Estado nacional enfrenta más de 339.000 juicios activos y ni siquiera se conoce con precisión cuánto deberá pagar. La nota habla de una verdadera “deuda flotante”, una masa de expedientes que crece dentro del propio Estado y que, muchas veces, permanece durante años sin monto definido.