Noelia Salinas, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, entrevistada por Salta/12, planteó su su disconformidad sobre la sesión permanente del Consejo Superior de la UNSA con el único fin de que se avance con el tema del boleto gratuito que solicita el fallo de la jueza.
«En la sentencia se solicita que la Universidad se reúna con la AMT para comenzar a definir ciertas cuestiones como: qué es lo que significa un estudiante regular, porque la AMT, por ahí, no tiene conocimiento de lo que significa un estudiante regular dentro de la Universidad Nacional”, dijo.
Salinas recordó que el Consejo ya había trabajado en 2022 sobre una figura superadora: el “estudiante activo”, que contempla tesistas, becarios y otras formas de formación profesional. “Era indispensable que se retomara esa figura, pero lamentablemente la sesión se convirtió en un informe de gestión. Nosotros no pedimos eso. Pedimos avanzar sobre el amparo”, señaló.
También cuestionó la dilación institucional: “El fallo salió hace un mes. Si hubiera voluntad política, esto ya estaría resuelto. El proyecto que presentamos desde los centros pasó recién a la Comisión de Docencia, y eso implica más trámites, más desgaste. La ejecución debería ser inmediata, pero depende de los tiempos de la universidad”, reprochó.
Salinas denunció el impacto de las restricciones: “Afecta a estudiantes del interior, de Quijano, de zonas rurales, que deben alquilar, comer y además costearse el pasaje. El año pasado dijeron que el boleto común subía por el boleto estudiantil, pero siguió subiendo igual. Evidentemente, los estudiantes no eran el problema”.
Aunque no hay cifras oficiales de deserción, Salinas señaló que en estos últimos dos años muchos estudiantes dejaron de asistir a la Universidad y consideró que en esto incidieron las restricciones impuestas al boleto estudiantil, en un contexto de crisis económica. «Por ejemplo, en aulas de materias del último año pasaron de ser generalmente más de 150 estudiantes, a solo 20. Y hablamos de próximos a recibirse», advirtió.
Salinas destacó que durante la sesión estuvieron presentes la abogada Emilia Calmejane y su colega, Leonardo Juárez, representantes de Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), quienes confirmaron que seguirán patrocinando legalmente a los estudiantes. Ambos destacaron la importancia de no dejar pasar más tiempo y subrayaron el carácter histórico del fallo ya que es la primera vez que una jueza da lugar a un amparo colectivo que protege un derecho tan importante como el boleto estudiantil, en el marco de la ley provincial vigente.
También criticó las declaraciones públicas del presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr. “Dijo que la gente viajaba incómoda porque muchos estudiantes viajaban gratis. Pero hoy, con todas las restricciones, la gente sigue viajando incómoda. Los estudiantes no eran el problema. Y si realmente existiera ese estudiante que se inscribió 14 años para viajar gratis, que lo denuncien. Si no lo hacen, es porque no existe”.
Sobre la apelación de la AMT
Finalmente, pidió al gobernador Gustavo Sáenz que la AMT retire la apelación presentada el día anterior a la marcha universitaria: “Este amparo colectivo es histórico y defiende un derecho contemplado por la ley. Es frustrante que desde la misma institución no se defienda a los estudiantes. Nuestra intención nunca fue confrontar con la gestión, pero tampoco podemos dejarnos pisotear por posibles arreglos con el gobierno provincial”, sostuvo Salinas.
El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris, confirmó en diálogo con Radio Nacional Salta que el fallo fue apelado y esgrimió dos razones. “Porque entendemos que no es correcto y porque, a nuestro criterio, perjudica notoriamente los intereses del Estado. Tenemos la obligación legal de apelarlo”, expresó. Aclaró que eso no impide el cumplimiento estricto de la sentencia ni el diálogo con las autoridades universitarias.
Consultado sobre la posibilidad de modificar las condiciones de acceso al beneficio, Ferraris sostuvo que “siempre está abierta la posibilidad de diálogo”, pero dijo que hay obligaciones que no son negociables: “Defender el patrimonio y los fondos del Estado provincial y de todos los salteños es una obligación”.
Respecto a la compatibilidad entre autonomía universitaria y criterios administrativos, explicó: “No le fijamos ninguna condición a la UNSa. Pero sí somos nosotros quienes debemos fijar bajo qué pauta se accede al beneficio de la gratuidad, así como la propia universidad utiliza su criterio para determinar quiénes votan y quiénes no votan, quiénes pueden acceder al comedor universitario y quiénes no”.
También señaló que el reglamento vigente ya contempla la figura de “trayectoria académica activa”, incorporada tras el diálogo con autoridades anteriores
Sobre los plazos judiciales, Ferraris indicó que el expediente debe ser elevado a la Corte de Justicia, que resolverá la apelación del amparo: “No hay plazos definidos. Esto llevará tiempo. Primero se corre traslado a los intervinientes y luego se espera la resolución de la Corte”, sostuvo.
