El Nuevo Diario de Salta, publicó un artículo subrayando que entre las observaciones que hizo la Auditoría General de la Provincia se detectó: Incumplimiento de la ley de procedimientos administrativos, falta de encuadre jurídico, incumplimiento de la ley provincial que creó el Sistema Provincial de Administración de Documentación y Archivo (SIPADA), incumplimiento de la ley de contrataciones, inexistencia de detalles técnicos relevantes.
El último mes de la gestión de Romero concluyó con un decreto firmado por el entonces gobernador a cargo Mashur Lapad. Este funcionario encomendó a la firma Plumada, la digitalización del patrimonio documental y bibibliográfico del recién inaugurado Complejo de Bibliotecas y Archivos y de Salta.
El encargo no quedó sólo en los papeles. La auditoría consignó que el 6 de diciembre de 2007, tres días antes de concluir su gestión, el gobierno de Romero llegó a pagar 3.313.631 pesos a Plumada en calidad de «adelanto».
Según los auditores este proceso no tuvo respaldo jurídico. Por entonces, los funcionarios de Romero argumentaban que el encargo se hacía en el contexto del «contrato marco» que el gobierno de Romero había firmado, en 2006 con Plumada.
La Auditoría consignó que la digitalización de archivos no estaba incluido en el contrato marco que invocaban los funcionarios romeristas, y que por ese motivo debían realizar un nuevo contrato, a realizarse dentro de la Ley de Contrataciones de la Provincia.
El informe de 32 páginas resalta también que el encargo a Plumada incumplió la ley que creó el SIPADA, un organismo que en teoría debería coordinar la gestión de archivos de la provincia, y que no fue consultado cuando el gobierno de Romero otorgó a la empresa privada la digitalización del patrimonio documental del archivo provincial.
Del informe se desprende que el gobierno de Romero encargó a Plumada la digitalización, sin especificar procedimientos de manipulación de los archivos, lugar de entrega del material, cronogramas de avances de las tareas y plazos de entrega parciales y de la totalidad de los trabajos contratados.
Tampoco especificó qué debería hacer el gobierno provincial con los más de tres millones de pesos de adelanto pagados por el gobierno de Romero por un encargo sin encuadre legal y que, según describe el mismo informe, Plumada no llegó a realizar. Sobre este tema, hasta el momento ningún funcionario provincial ha dado una explicación al respecto.
Los auditores resaltaron que el secretario General de la gobernación, Ernesto Samson, no informó -pese a dos pedidos realizados por el organismo- si la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREM) había intervenido en la digitalización encomendada por el gobierno a Plumada y si se habían suspendidos la ejecución de esos servicios.
Samson dijo que se había iniciado un expediente, pero se excusó de comunicar a los auditores alguna información al respecto, argumentando que el expediente había pasado a la Sindicatura General de la Provincia y luego a la Fiscalía de Estado. Los auditores tampoco pudieron ver ese expediente en la Fiscalía.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
