A juicio de Dalbón, al atribuirse la decisión de encarcelar a una dirigente política, Milei estaría asumiendo una función que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Según el abogado, esa frase podría violar el artículo 248 del Código Penal argentino, que sanciona a los funcionarios públicos que dicten órdenes contrarias a la Constitución o incumplan sus deberes.
La Carta Magna prohíbe al Poder Ejecutivo intervenir en causas judiciales. El artículo 109 establece que el Presidente no puede ejercer funciones judiciales ni influir en decisiones de jueces o fiscales. La denuncia sostiene que la frase de Milei rompe con este principio y representa un acto grave dentro del sistema democrático.
Además, Dalbón citó una norma del Código Procesal Penal Federal que permite revisar sentencias firmes si se demuestra que estuvieron influidas por actos ilegales o ilegítimos. Desde esta perspectiva, la declaración presidencial podría servir como evidencia para cuestionar el juicio contra Fernández de Kirchner.
En el escrito judicial también se plantea que esta situación pone en duda la independencia del Poder Judicial. El abogado señala que si un Presidente reconoce haber influido en una causa penal, esa causa debería ser revisada para garantizar el derecho a un juicio justo.
La denuncia apunta a que estas declaraciones de Milei no se dan de forma aislada, sino que forman parte de un contexto más amplio, donde distintos sectores del poder político, judicial y mediático actuaron de manera coordinada contra figuras de la oposición.
