La reciente sanción de la ley que le “devolverá” al gobernador la facultad de poner a su sólo criterio las fechas de elecciones primarias y generales provinciales no es más que otro capítulo de la continua manipulación de las reglas electorales que, disfrazándose de constitucionalista, el justicialismo salteño ha logrado conseguir en los últimos años.
La historia reciente podría remontarse a agosto de 2003 cuando los entonces convencionales constituyentes Juan Manuel Urtubey y Manuel Santiago Godoy junto a sus compañeros de bancada justicialista apoyaban la reforma constitucional que habilitaba a Juan Carlos Romero un tercer período consecutivo como gobernador.
Para vergüenza de la historia política y constitucional de Salta, argumentaron que “dos períodos consecutivos” –tal como sigue diciendo la Constitución- significa en realidad “tres períodos seguidos” , añadieron al texto esa frase “aclaratoria” y le hicieron el favor de disputar su tercer mandato consecutivo a un Romero que se había quedado sin chances de competir, por la vicepresidencia de la Nación en la fórmula que compartía con Carlos Menem.
En esos mismos días de la convención constituyente Urtubey pagaba en Nuevo Diario de Salta avisos que lo publicitaban como un joven y emprendedor diputado nacional de la gente e iniciaba así su campaña para las elecciones de 2007 que cuatro año después finalizará con encendidos discursos contra la concentración romerista que había ayudado a concretar y dando a entender en entrevistas que no se iba a mudar a la residencia de Finca Las Costas, símbolo de la etapa que él pretendía superar.
Ganó los comicios cultivando también un perfil “kirchnerista” – así fue visto por la prensa porteña- y apoyando la candidatura de Cristina Fernández en elecciones simultáneas. Pero a partir de allí Urtubey entendió que para defender sus intereses políticos debía organizar su propio juego electoral.
Así, con la excusa de la boleta electrónica que empezaba a aplicar en la provincia, organizó su primera reelección para abril de 2011 –las internas las había convocado para enero- aunque se cuidó de sugerir que si Cristina se presentaba a fin de ese año a la reelección, él la apoyaría. Su primera reelección fue nuevamente presentada por la prensa porteña como un triunfo kirchnerista.
Pero a fines de 2011 la Cámara de Diputados aprobó la ley 7697 que dispuso que en adelante las primarias debían realizarse el primer domingo de octubre y las generales el segundo domingo de noviembre del año de la finalización de los mandatos, y así lo promulgó un Urtubey que parecía entonces renunciar a la posibilidad de fijar arbitrariamente las fechas de elecciones, sujetándose a una norma.
La bancada justicialista argumentó entonces que estaba dando “certidumbre” a las reglas electorales, y ningún legislador –menos los peronistas que impulsaban el proyecto- pensaban que la ley atentaba contra la facultad constitucional del gobernador de convocar a elecciones. Iba a seguir convocándolas, se entendía, pero siempre en esas fechas.
Ese artículo de la 7697 sólo se llegará a aplicar para las primarias y generales legislativas de octubre y noviembre de 2013: en diciembre siguiente los mismos legisladores oficialistas que lo habían sancionado lograron borrarlo de la ley con la excusa de que los salteños se habían cansado de votar pues, argumentaron, a las provinciales ese año le habían seguido las primarias y generales nacionales.
Así que inmediatamente la Legislatura aprobó la ley 7810 con la que dispusieron –ahora sí que era para siempre, dijo un diputado oficialista- que las primarias provinciales tenían que hacerse en abril y las generales en mayo del año de la finalización de los mandatos. Previsor como siempre, Urtubey ya empezaba a acomodar la elección de 2015 en la que iba a disputar su tercera gestión consecutiva, a la estaba habilitado por la reforma constitucional que había apoyado en 2003 a favor de Romero.
No fueron pocos en esa sesión de Diputados de 2013 los legisladores opositores que adjudicaron las nuevas fechas a los cálculos electorales del gobernador, entre ellos el todavía romerista y opositor Javier David que argumentaba que –dado el agotamiento de su gestión- Urtubey debía organizar su segunda reelección lo más temprano posible. Sin ruborizarse, en abril y mayo de 2015 David se presentó como el candidato de Urtubey a la intendencia de Salta.
Era cierto que en esas elecciones de 2015 la postulación de Romero como su rival todavía alimentaba la imagen kirchnerista de Urtubey y así lo presentaban tras la reelección medios que, como Página 12, no se ponían a analizar demasiado su poco kirchnerista política de endeudamiento ni sus nuevos compañeros de ruta, como David.
Pero en 2016, lanzado a la carrera presidencial y previsor como siempre, Urtubey tenía que ponerse a pensar si atarse a la nueva fecha de elecciones provinciales que sus mismos legisladores habían dispuesto en 2013 podría significar una dificultad para sus aspiraciones: una derrota de quien aparezca como su sucesor en abril o mayo de 2019, lesionaría sin duda su imagen de presidenciable para noviembre.
Esa es, obviamente, sólo una posible explicación. Otra no del todo descartable dada la irracionalidad y la manipulación del lenguaje propia de la convención de 2003, es que Urtubey ya está calculando que si no le da el perfil para la Casa Rosada necesitará más tiempo en 2019 para organizar su cuarto mandato consecutivo, a la que podría habilitarlo una convención constitucional que aclare que tres períodos seguidos son en realidad cuatro períodos consecutivos, pues el tercero tiene que estar seguido por un cuarto, para que sea “seguido”.
Quien sabe, también es posible que el gobernador quiera dejar las fechas de primarias y generales de 2019 libradas a un pacto con su mentor Romero, un hombre tan previsor como su discípulo. Es que en diciembre de ese año el primer inquilino de Las Costas y actual de Castellanos finalizará su mandato como senador nacional, y no querrá convertirse en un desocupado. Desde 1986 el hombre alterna su banca de senador con el cargo de gobernador: para buscar trabajo de nuevo en el Grand Bourg, o lograr una prórroga de seis años más en el Congreso, le será vital las fechas de elecciones de 2019.
Así que algunos días atrás se apareció Lucas Godoy en Diputados con un proyecto de ley para “restituirle” al gobernador Urtubey la facultad de fijar, a su sólo criterio, las fechas de las próximas elecciones provinciales, facultad que los mismos legisladores justicialistas le habían “quitado” en 2011 y 2013 nada más que para secundar también su estrategias electorales.
Se sabe que excusas hay para todo: el justicialismo aseguró en Diputados que debido al posible uso de la boleta electrónica a nivel nacional, era necesario que Urtubey pudiera decidir, o no, la unificación de las elecciones nacional y provincial.
Más que una verdad a medias, era una mentira entera, pues el eventual voto electrónico a nivel nacional en nada impediría que las elecciones provinciales se sigan haciendo en abril y mayo, también con boleta electrónica.
“Las críticas son banales. Cuestionar esto es como cuestionar la procesión del Milagro, porque las facultades para que el gobernador defina las elecciones son establecidas por la Constitución” , dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy. Tal vez no haya sido una desafortunada comparación: no sólo le dio estatus constitucional a una celebración religiosa, también sacralizó las decisiones de un gobernador.
Algunos días más tarde de la media sanción del proyecto en Diputados, Urtubey celebraba su casamiento en la residencia de Finca Las Costas y no sólo recibía los abrazos de varios funcionarios del gobierno de Macri. Ese frío sábado de setiembre en la residencia oficial también levantaba su copa el senador nacional Juan Carlos Romero.
–Andrés Gauffin
andresgauffin@gmail.com
