El penal de Villa Las Rosas y la Delegación Salta de la Policía Federal fueron señalizados el martes 4 de diciembre por haber funcionado como centros clandestinos de detención y tortura. En el acto central, frente a la Federal, los organismos de derechos humanos leyeron un documento en el que recordaron el compromiso de los desaparecidos y exigieron respeto por los derechos humanos.
Señalaron como casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos en la provincia la no entrega de sus tierras a los pueblos originarios, los conflictos con el campesinado, el incendio en la Comisaría de Orán en 2008 y los apremios ilegales y vejámenes que se cometen en la provincia.
La señalización fue organizada por organismos de derechos humanos de la provincia y Unidos y Organizados Salta, y contó con la presencia de familiares de víctimas y de víctimas del terrorismo de Estado; también asistieron la coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Judith Said; y concejales capitalinos, como Tomás Rodríguez y Martín Ávila.
Las víctimas eran profesionales, estudiantes y delegados estudiantiles que militaban en distintas agrupaciones políticas como Montoneros, el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo brazo armado era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Entre las víctimas estuvieron Celia Leonard y su esposo, Benjamín Ávila. Una de las oradoras del martes 4 fue, precisamente, Nora Leonard, ex presa política además de hermana de Celia.
También pasaron por este penal el empleado municipal René Russo, de Orán, y el dirigente rural Raúl Benjamín Osores, detenido por Gendarmería en Embarcación. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas y luego desaparecidos.
En ese lugar fue visto, muy golpeado, el militante justicialista Eduardo Fronda, cuyo cuerpo apareció en enero de 1975 en el camino a Lesser, en la jurisdicción de la villa veraniega de San Lorenzo.
La ex presa detenida política Mirta Torres estuvo detenida en este lugar, donde fue sometida a torturas y a simulacros de fusilamiento, y presenció la tortura a otros detenidos. También el periodista Eduardo Tagliaferro fue torturado en esta sede policial. Y la ex detenida política Julia García declaró haber sufrido abuso sexual en ese lugar, donde también fue violada la detenida Evangelina Botta de Linares, luego trasladada a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fue sacada para ser asesinada en Palomitas.
La Masacre de Palomitas cuenta con dos sentencias: en diciembre de 2010 fueron condenados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche; en diciembre de 2011 la condena llegó para Luciano Benjamín Menéndez, Joaquín Guil y Alzugaray.
Megajuicio: Audiencia sin
avances por falta de testigos
El megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad tuvo una nueva demora del martes 4 de diciembre, esta vez debido a que ninguno de los testigos citados compareció ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal.
En realidad fue uno, José Carrasco, pero no era el testigo requerido, resultó ser un homónimo del que se buscaba: un fotógrafo de la Policía de Salta que en febrero de 1975 tomó las fotografías del hallazgo de los restos explosionados del periodista Luciano Jaime, en el paraje El Encón Chico.
Otros testigos eran del norte provincial, y ayer no pudieron pasar porque había un corte de ruta en Embarcación. Y en el caso del testimonio del periodista Eduardo Tagliaferro había sido reprogramado para el 17 de este mes.
Una vez más, los querellantes y el fiscal insistieron en el reiterado pedido de que se tomen las precauciones necesarias para evitar nuevas demoras. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, los escuchó con evidente fastidio, harto el mismo de las idas y vueltas de las fallas en las citaciones a los testigos.
La audiencia pasó para el martes próximo, porque el lunes habrá una reunión nacional de fiscales federales en Salta, con la presencia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Garbó.
Centros clandestinos de detención
El querellante David Leiva pidió el martes 4 de diciembre fotografías y planos del campo militar emplazado entre la ciudad de Salta y la ciudad de San Lorenzo, con el propósito de identificar los centros clandestinos de detención que se sospecha, existieron en ese lugar.
El fiscal Ricardo Toranzos amplió el pedido a las dependencias de la Universidad Nacional de Salta y del INTA. El Tribunal dará a conocer su decisión el próximo martes.
Testigo dijo que los mensajes de
Perón entraban al país por Tartagal
“Todos los casetes y comunicaciones que recibíamos de España del general Perón entraban por esa vía, por Tartagal y toda esa zona”, aseguró en la jornada del lunes 3 de diciembre la testigo Emma Renée Ahualli en la continuidad del megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta.
La testigo dijo que por esto ya desde los comienzos de la década del 70 la frontera norte de esta provincia era vigilada con especial ahínco por las fuerzas represivas. “(Los mensajes) entraban por el norte, porque había una facilidad por la frontera, por esta zona de Salta, y eso lo sabían muy bien los medios de información del Ejército y de la Policía, por eso fue tan terrible (la represión en el norte argentino)”, amplió ya fuera de la audiencia.
Otros testigos, como Francisco Osores, han contado de la existencia de ex integrantes de la resistencia peronista, como Juan Zoilo Melina y “El Loco” Peralta, que estaban en el área de Comunicaciones de Montoneros y se encargaban de ingresar desde Bolivia los mensajes de Perón y otros elementos que eran llevados a través de la selva hasta los combatientes que estaban en Tucumán.
Ahualli fue convocada por los querellantes para que hablara sobre Héctor Domingo Gamboa, comerciante salteño secuestrado, junto a su esposa Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, la madrugada del 25 de septiembre de 1976 de su casa en el barrio Santa Lucía de esta ciudad.
La testigo recordó que conoció a Gamboa en 1959 o 1960, cuando ambos estudiaban Abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán.
“Éramos muy amigos, le decíamos Guilo, iba a mi casa y era como mi hermano mayor”, contó. Ahualli dejó la carrera en el 62 o 63, igual que Gamboa, pero siguieron frecuentándose y supo que integraba un grupo denominado Alfa, una organización que realizaba trabajo social y que trataba de alfabetizar con el método de Pablo Freire, “que decía que no se podía enseñar la lectoescritura si no conocían la palabra que las personas usaban”, por eso los miembros de este grupo hacían campamentos en los cerros y valles tucumanos, y en los ingenios. Ahualli recordó que muchos de los que integraban este grupo fueron desaparecidos.
Gamboa y Ahualli dejaron de verse por entonces. Se reencontraron en 1972: se llevaron una sorpresa en Santiago del Estero, cuando se descubrieron militantes de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) que luego se fusionó con Montoneros. Por entonces Gamboa vivía en Santiago, pero estaba encargado de la organización en Salta: “En el 72 y antes quizás, hacía sus pasadas por Tucumán hacia Salta. (…) Me acuerdo que viajaba en una camioneta Peugeot blanca”, recordó Ahualli.
Los amigos iban a verse recién en 1976, en una reunión nacional de cuadros de Montoneros. “Guilo vivía en Santiago pero ya estaba marcado y se tenía que ir”, recordó Ahualli. Para entonces Gamboa ya estaba asentado en Salta, donde tenía una zapatería donde también trabajaba Daniel Loto Zurita, secuestrado el mismo 25 de septiembre de 1976.
Ahualli, que estuvo fue responsable de una célula en San Rafael, Mendoza, y tuvo como jefe al escritor y periodista Paco Urondo, dijo no tener dudas acerca de que la desaparición de Gamboa y de Fernández Arcieri estuvo vinculada a su militancia.
El lunes 3 de diciembre declararon otros tres testigos. El cirujano José Nallar, que atendió al estudiante secundario Martín Miguel Cobos luego de que fuera baleado por un grupo de tareas que ingresó a su casa la madrugada del 26 de septiembre de 1976, no pudo recordar nada de interés. Igual que Clotilde García, que en 1976 era empleada de la Universidad Nacional de Salta pero ni siquiera recordó que fue intervenida.
En cambio, Margarita Condorí, que era empleada doméstica de la familia Cobos cuando fue asesinado Martín, recordó que los hombres entraron a la casa por los fondos y por adelante, que estaban con pelucas y medias en la cara, que portaban armas largas y tenían uniformes camuflados azules, “como los que usan la Policía y el Ejército”.
Un coronel traído por la fuerza
El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta dispuso que el coronel retirado Alejandro José Rubio será traído por la fuerza pública para que preste declaración testimonial en este proceso.
La decisión se tomó luego de que se informara que fue citado hace dos semanas y aún no se presentó a declarar. Rubio es un testigo ofrecido por la querella de la esposa del soldado Víctor Brizzi, desaparecido cuando cumplía el servicio militar. Por eso hecho está acusado el militar Joaquín Cornejo Alemán.
- Informe: Elena Corvalán, periodista
elenac75@yahoo.com
