En su libro, “Los lazos sociales del delito económico y el orden social” (Eudeba), Juan Pegoraro investiga los vínculos entre crimen económico y orden social. Hace por lo menos dos décadas que la corrupción constituye un problema público en todo el mundo. Algo similar sucede con la inseguridad. Sin embargo, otros temas, a veces de igual o mayor significación social, no llegan a convertirse en objeto de preocupación colectiva y muchas veces ni siquiera en objeto de investigación académica.
Entre ellos, los delitos económicos conocidos como de “cuello blanco”: evasión impositiva y ocultamiento de activos no declarados, fuga de capitales, múltiples fraudes empresarios, cartelización o lavado de dinero.
Estos delitos, habituales y generalizados en la actividad económica, necesitan de organización y de redes de relaciones –empresarios, financistas, banqueros, traders , asesores jurídicos, funcionarios– que, según el profesor Juan Pegoraro, garantizan su impunidad y también su inmunidad social.
Titular desde 1987 de la cátedra Delito y Sociedad en la carrera de Sociología de la UBA –de la que fue director–, Pegoraro se ocupa hace décadas del vínculo entre delito, poder y control social, obsesión que acaba de plasmar en Los lazos sociales del delito económico y el orden social. Allí realiza un recorrido por el pensamiento penal, desde los clásicos hasta la derecha criminológica neoliberal, para construir una teoría sobre el Delito Económico Organizado (DEO) y su función en esta etapa del capitalismo financiero. A partir del análisis de decenas de casos empíricos, Pegoraro muestra cómo la justicia castiga a los más débiles y protege a los poderosos, y dice junto a Tácito: “Hicieron una carnicería y la llamaron paz”.
–¿Por qué los delitos económicos no suelen constituir un tema de investigación?
–Los cientistas sociales son mayoritariamente dependientes del pensamiento de Émile Durkheim. Creen en la existencia de la sociedad, aspiran a que sea altruista, armónica, generosa, fraterna y hasta justa. Para mí no existe la sociedad, sino el orden social, con jerarquías, diferencias y relaciones de dominación y sometimiento. Yo propongo cambiar el enfoque, aunque para muchos eso sea intolerable: ¿hay algo peor que la sociedad, con todas sus desigualdades? ¿Se puede hablar de justicia en un orden social tan injusto? ¿Acaso alguien puede creer que somos fraternos, iguales y libres? El discurso de la modernidad es absolutamente retórico, no obstante uno se siga apoyando en él.
–Aun aquellos que sí reconocen desigualdades no suelen mirar los delitos económicos sino los que comúnmente se vinculan con la inseguridad. ¿Cómo repercute en el pensamiento penal este cambio de enfoque?
–Cuando se piensa en el delito se piensa en los delitos de sangre, en el crimen. Y se lo piensa con énfasis, con emoción. Por eso yo no me refiero al crimen, porque tiene una connotación violenta y los delitos violentos no son un fenómeno sociológico importante. Para pensar sociológicamente las ilegalidades o el delito es necesario sacarse la sangre de encima. El fenómeno del delito está constituido por las ilegalidades económicas que se consuman cotidianamente, a cada hora. Esos delitos no son desviaciones, son la norma, y paradójicamente cumplen una función positiva para el orden social. Ahora se conocieron los Panamá Papers y se habla de los paraísos fiscales –en inglés se llaman cuevas–,como un escándalo. Pero no se plantea el modo en que este tipo de ilegalidades estructuran cotidianamente el orden social y las funciones que cumplen para el sistema financiero.
–¿Cuáles son esas funciones?
–En el capítulo XXIV de El capital Carlos Marx sitúa la imposición de un orden social en la acumulación originaria, el take off del sistema capitalista. Yo pienso que no se trata solo de un momento histórico situado en el 1600 o 1700 sino de un proceso continuo; que existe una acumulación originaria continua y que la desigualdad social y la concentración de la riqueza lo expresan.
El orden social hoy se reproduce en gran parte mediante el Delito Económico Organizado. Este modifica la composición de los grupos dominantes, contribuye a la lucha entre distintas facciones, permite ascensos sociales y produce la creciente desigualdad social en el mundo. Pero esos delitos son mayormente impunes y cuando se judicializan, en general, es porque no se pudieron resolver esos conflictos de interés de forma privada. Los Panamá Papers son una muestra de que forman parte de la realidad económica y que ese dinero ilegal no permanece inactivo en cuevas sino que es utilizado por empresas dedicadas a la especulación financiera. Además, muestran la fragilidad en la que se mueve el capitalismo, que siempre está en crisis.
–Pero esa acumulación no siempre es delictiva…
–No se trata de que sean todos delincuentes, ni que lo sean todo el tiempo. Pero hay una frontera lábil entre la legalidad y la ilegalidad. El capital financiero que hoy hegemoniza el mundo necesita de los Paul Singer. Y, sobre todas las cosas, necesita crear políticamente deudores porque necesita prestar capital para cobrar intereses. En ese sentido, el papel del Poder Judicial es clave porque expresa una política penal selectiva: reacciona frente a unos delitos y no frente a otros, castiga solo ciertas ilegalidades.
–No es una mafia, pero usted describe una serie de sociabilidades que permiten lo que llama “el secreto” o “pacto corporativo”, ¿en qué consiste?
–Yo creo que uno de los fenómenos sociológicos más sustanciosos del delito económico son los lazos sociales que construye y que necesita para su impunidad penal y su inmunidad social. Vínculos entre personas e instituciones que de manera activa o pasiva son parte del delito y se benefician con él. Es una de las razones por las que no se lo persigue. Empresarios, políticos, contadores, funcionarios políticos, CEOs, miembros del Poder Judicial alternan en los mismos clubes, fiestas y celebraciones, se encuentran en hoteles lujosos, campos de golf… El reconocimiento social y el sentirse parte, como analiza Pierre Bourdieu en La distinción , son elementos centrales para neutralizar conductas éticas. El otro elemento es el dinero, el prestigio que dan el dinero y el consumo suntuario.
–En este contexto, ¿qué papel tiene la figura del Estado?
–En la realidad existe el gobierno del Estado. Max Weber definía el Estado moderno como “una asociación de dominio de tipo institucional” y Michel Foucault se preguntaba: “¿y si el Estado no fuera más que una forma de gobernar?”. Los gobiernos hoy son como un colador, son cautivos del poder económico. Con la presencia de CEOs en el gobierno actual esto se ve con claridad. En Estados Unidos este fenómeno se llama “puerta giratoria”: la entrada y salida de individuos que hoy cumplen funciones públicas y mañana privadas y viceversa y que genera una relación simbiótica entre lo legal y lo ilegal.
–¿Hay pensamiento penal progresista?
–Siempre hay un hiato entre las intenciones y los resultados obtenidos en la cuestión penal. Yo también me pregunto cómo sería una política penal progresista. Supongo que privilegiar la persecución penal de los delitos económicos y no tanto la de los pobres es una opción progresista. Modificaría en parte el orden social bajo el que vivimos.
-Por Lucia Alvarez
Entrevista publicada en la Revista Ñ de diario Clarín el 19/04/16