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El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo hoy que "pueden juntarse cien mil, un millón o cinco millones de personas” en referencia a la multitudinaria Marcha Universitaria de ayer porque "al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. La ley nació muerta porque viola el primer principio que es el presupuestario, insistió.

El Gobierno lo presentó un megarecorte como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de un ajuste de casi USD 2.000 millones por sobre el Presupuesto que aprobó el congreso en sectores como energía, obra pública, provincias, salud, educación, parques nacionales y programas sociales. Milei lo hizo mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden detrás de un lenguaje burocrático.

El gobernador Gustavo Sáenz reclamó previsibilidad en el abastecimiento de gas y exigió respuestas definitivas para el norte argentino. Recordó el aporte histórico de la provincia a la matriz energética nacional. "Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”.

Las universidades públicas convocan a la nueva Marcha Federal Universitaria del próximo martes 12 de mayo, desde las 17 en Plaza de Mayo y en todas las provincias del país. La marcha es en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute inmediatamente la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario. “Tenemos que ser más que nunca”, dijeron.

El Gobierno de Milei dio inicio a su plan de privatización y venta de inmuebles públicos. Y parte de esos ingresos lo destinarán a modernizar Fuerzas Armadas. Y fue Manuel Adorni, envuelto por escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito quien anunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), venderá o transferirá un total de 21 inmuebles de propiedad del Estado, cuyo 10% de lo recaudado irá al requipamiento de las FF.AA.

Desde noviembre del año pasado, los senadores cobran alrededor de $10,2 millones en bruto, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra por desarraigo. Es decir, un total de 4.000 módulos, cuyo valor se incrementará a casi 10% en mayo, lo sigfinica que cobrarán una dieta de más de 11 millones de pesos.

La libertad de prensa en América Latina atraviesa un deterioro sostenido, marcado por violencia directa, la censura, la presión estatal y la crisis económica, según informes de la SIP y RSF. El presidente Javier Milei tiene una relación violenta con el periodismo de la Argentina.

El congelamiento de sueldos públicos era para los empleados públicos de rango menor. Para los selectos ministros de la Libertad Avanza del Poder Ejecutivo Nacional, desde enero del 2026, de $3.500.000 pasaron a ganar $7.272.091. La suba de un 100% con un artilugio surge de datos fidedignos al que se accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública.

El objetivo es sostener el nivel de vida media y no caer a la clase baja o en la pobreza. Es por eso que 4 de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo, una necesidad que durante el gobierno de Milei afecta a jóvenes y adultos jóvenes, principalmente por las dificultades laborales, que no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas.

Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) la pobreza afecta al 53,6% de las infancias, mientras que casi el 30% no come regularmente. La indigencia se ubicó en el 10,7%. Los datos encienden las alarmas respecto a la realidad de los niños, niñas y adolescentes en en la Argentina.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger ahora quiere deshacerse del INTI y trabaja a favor de privados, armando una nueva estructura que incluye el despido de 700 agentes del organismo público y la prescindencia de más de mil servicios de contror en sectores de alimentación y bebidas. Sostuvo que "no entiende porque se decidió que el control lo hiciera el Estado".

Con las rutas nacionales deterioradas y sin mantenimiento hace casi tres años, el Gobierno habilitó a nueve provincias concesionar rutas nacionales para el cobro de peajes y autorizó a licitar los tramos viales. Ahora además de pagar subas del combustible todos los días, Milei quiere a través de su decreto que las provincias se hagan cargo de administrar, mantener, reparar o ampliar los tramos viales concesionados.